Por falta de “información consistente, lógica o razonable”.

Un juez de control ordenó la liberación de los jóvenes detenidos por la presunta agresión al convoy del fiscal estatal Uriel Carmona Gándara, ocurrida el pasado 5 de agosto, al considerar que el agente del Ministerio Público no aportó información consistente para inculparlos.

Al reanudarse la audiencia de control de detención, el juzgador determinó que la fiscalía no presentó “información consistente, lógica o razonable para que los hechos hayan ocurrido de acuerdo al Informe Policial Homologado”, ni tampoco, en el momento de los hechos hubo reporte de solicitud de auxilio  o apoyo a otras corporaciones policiacas cuando supuestamente el convoy fue amenazado.
Ante la fragilidad e inconsistencia de los datos de prueba aportados por la parte acusadora, el juez decretó de ilegal la detención y ordenó la libertad inmediata de los dos jóvenes, identificados como Israel “N” y Javier “N”.

Al salir de los juzgados, los jóvenes, a quien la fiscalía estatal aspiraba a imputar los delitos de tentativa de homicidio y daños, insistieron en que nunca hubo agresión alguna al convoy del funcionario y que se trató de un incidente de tránsito que terminó en abuso policial.

Sostuvieron la versión de que regresaban de nadar en un balneario en el poblado de Tehuixtla, en el municipio de Jojutla, cuando coincidieron con el convoy del fiscal que circulaba a toda velocidad sobre la autopista Acapulco-México,  a la altura de El Polvorín, y que, en un cambio de carril, los escoltas se molestaron y les cerraron el paso a su vehículo, para después amenazarlos, golpearlos y detenerlos.
Los jóvenes y sus familias analizan la posibilidad de iniciar acciones legales contra funcionarios de la fiscalía estatal.

Al momento de su liberación, los jóvenes habían obtenido una suspensión provisional del Juzgado Tercero de Distrito contra su ilegal detención.
Tras resolución judicial, se solicitó a la Fiscalía General del Estado su postura sobre el tema, pero la petición no fue respondida.