Uso superior de la fuerza  de seguridad pudo haber ocasionado mayores consecuencias, plantea el secretario de Gobierno.

Tras el linchamiento de dos hombres en el municipio de Huitzilac ocurrido este miércoles, el secretario de Gobierno Pablo Ojeda Cárdenas expresó que él asume la responsabilidad de los hechos ocurridos y aseguró que las decisiones se tomaron con base en una evaluación en la que se evitó mayores daños para las autoridades municipales, la población y los elementos de seguridad que se encontraban en el lugar.  

A lo largo de este jueves, el responsable de la política interna en la entidad ofreció varias entrevistas en diversos medios de comunicación y en todas insistió en que -desde su valoración- de haber optado por el uso mayor de la fuerza de los cuerpos de seguridad, se habrían generado mayores consecuencias.  

“Yo asumo la responsabilidad de los hechos ocurridos, y se trabajará para enfrentarlos y corregir lo que haya que corregir, para que algo así no vuelva a suceder en Morelos” expresó.  

Ojeda Cárdenas destacó que desde el miércoles se abrió una carpeta de investigación y el Fiscal General del Estado Uriel Carmona Gándara se comprometió a investigar a fondo hasta que se aplique la justicia; resaltó que se publicaron en redes sociales muchos videos y fotografías donde se puede identificar a las personas responsables directas de actuar de propia mano. 

Confirmó que los dos hombres golpeados y luego quemados tenían antecedentes penales, pero enfatizó que “eso no justifica los hechos sucedidos, la justicia por propia mano no es justicia, es barbarie, para eso están las instituciones. Tenemos la frustración por la exigencia de justicia, pero las fiscalías y tribunales están para eso”.  

El secretario de Gobierno insistió en que las decisiones se fueron tomando conforme al desarrollo de los hechos. Afirmó que sí hubo intervención de los elementos de seguridad y la presencia de los mismos se fue incrementando a cada momento, pero recalcó que se buscó privilegiar el diálogo con diferentes actores políticos y sociales de la comunidad.  

Explicó que la intervención de los elementos de seguridad se dio, tan es así que se detuvo a los delincuentes, se aseguró a uno de ellos; pero lo bajaron de las patrullas, porque había desconfianza de que podían quedar libres. En otro momento, apuntó, los policías intervinieron en un primer círculo, con lo que se logró resguardarlos en los separos de la alcaldía, pero posteriormente la gente entró, rompió los candados y sacó a los dos detenidos. En todo momento, dijo el funcionario, había superioridad numérica de la turba, conformada por alrededor de doscientas personas, ante los 14 policías. 

Hizo notar que la fuerza total de dicho municipio de Huitzilac es de apenas 28 policías en guardias de 24 por 24 horas, por lo que el día del linchamiento había 14; los primeros respondientes eran solo 10. Informó que luego aumentó a 30 efectivos incluyendo a fuerzas federales y al final se sumaron 25 antimotines.  

“Fueron horas difíciles, complicadas conforme avanzaban los hechos... yo hice una evaluación responsable” externó, al argumentar que la prioridad era salvaguardar la integridad física de los elementos de seguridad, así como de las autoridades municipales -que según los videos evidentemente estaban en riesgo- así como la de la población.  

Cuestionado sobre su posible renuncia, dijo que la decisión sobre su permanencia en el cargo corresponde al gobernador del estado y ratificó que él tomó decisiones considerando que el uso de la fuerza podría tener mayores y peores consecuencias.  

“Como lo he declarado varias veces hoy (ayer), de la valoración de los hechos y del proceso de toma de decisiones, es lamentable que dos personas hayan sido privadas de la vida en franca violación a sus derechos humanos, independientemente de las circunstancias”, anotó.  

Añadió que confían en que la Fiscalía General del Estado agote todas las investigaciones y que estos delitos no queden impunes, independientemente de las circunstancias que dieron origen.