La Fiscalía pretendía reclamar un adeudo de más de 193 millones de pesos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la controversia constitucional promovida por el fiscal General del Estado (FGE), Uriel Carmona Gándara, quien pretendía reclamar por esta vía al Poder Ejecutivo un adeudo presupuestal de más de 193 millones de pesos.

Conforme al acuerdo publicado, el tribunal constitucional resolvió  desechar de plano la controversia constitucional 182/2021, “por notoria y manifiesta improcedencia, la demanda presentada en vía de controversia constitucional por quien se ostenta como titular de la Fiscalía General de Morelos”.

De acuerdo con los argumentos del fiscal, la Secretaría de Hacienda, dependiente del Poder Ejecutivo Estatal, adeuda “cantidades que devienen de la diferencia entre la cantidad presupuestada y aprobada en los Presupuestos de Egresos de los años 2018, 2019 y 2020, en comparación con las ministraciones realizadas por el Poder Ejecutivo del Gobierno del estado de Morelos al patrimonio propio de la Fiscalía General del Estado de Morelos, órgano constitucional autónomo, y que ascienden a un gran total, hasta ahora, de $193’827,431.63 (ciento noventa y tres millones ochocientos veintisiete mil cuatrocientos treinta y un pesos 63/100 M.N.), respectivamente” y “que son parte del patrimonio propio de la persona moral oficial actora, mi representada; y, por tanto, ésta se encuentra afectada por la inconstitucional e ilegal privación de esos recursos públicos, al impedirle con ello el ejercicio de su garantía institucional de autonomía”.

En el desglose de la cantidad total reclamada, la FGE aseguró que se le adeudan dos partidas, una  de 58 millones 017 mil 544 pesos y otra por 62 millones 808 mil 590 pesos,  por concepto de Adeudo de Ejercicio Fiscal Anterior (ADEFA); 18 millones 997 mil 296 pesos por concepto de diferencia pendiente de presentación de solicitud de liberación de recursos; 50 millones 529 mil pesos, por disminución unilateral del presupuesto propuesto para el ejercicio fiscal 2019 en comparación con el presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2018.

También sostuvo que se le adeudan tres millones 475 mil pesos, en cumplimiento de los puntos resolutivos de la acción de inconstitucionalidad 116/2020 promovida por la Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos, en la que se determinó la invalidez de la Ley de Ingresos y el Decreto número 661, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020, y “SE determinó que correspondía a esta Fiscalía General un total de $730’583,000.00 (setecientos treinta millones quinientos ochenta y tres mil pesos 00/100 M.N.). --- Empero, al decretarse también la reviviscencia del Decreto número 76, publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’, número 5687, el 20 de marzo de 2019, de acuerdo a dicho instrumento a la Fiscalía General le correspondía un total de $734’058,000.00 (setecientos treinta y cuatro millones cincuenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.)”.

 Sin embargo, la SCJN consideró que el recurso promovido por la FGE no solo fue extemporáneo sino que, en virtud de que se impugna actos de los presupuesto del 2019 y 2020, “es claro que la posible afectación que pudiera resentir el actor en la esfera de sus atribuciones quedó sin efecto, dado que aun cuando se estudiara el fondo del asunto y se llegare a declarar, en su caso, la invalidez la sentencia no podría surtir plenos efectos, toda vez que, como se señaló, no tendría efectos retroactivos, al existir la limitante expresa del artículo 45 de la ley reglamentaria de la materia”.