Órgano de Control Interno de la propia comisión determinó en enero pasado que no encontró elementos para fincar responsabilidad administrativa al extitular de la Primera Visitaduría.
La Fiscalía General de la República determinó que José Martínez Cruz, vocero la Comisión Independiente de Derechos Humanos, no incurrió en ningún delito durante su gestión como director General de la Primera Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Tras dejar el cargo en agosto de 2020 en medio de hostilidades y acusaciones de la propia ombudsperson, Rosario Piedra Ibarra, el organismo nacional inició sendos procedimiento administrativos y penales, en los que acusó a Martínez Cruz de transgredir el Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos de la CNDH y haber hecho pública información sensible relativa al Caso Iguala, por la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa.
En enero pasado, el Órgano de Control Interno de la CNDH determinó que, al revisar las actuaciones de Martínez Cruz durante los ocho meses que fungió como titular de la Primera Visitaduría, no encontró elementos para fincar responsabilidad administrativa.
A través de un comunicado, el activista informó que ahora la FGR le notificó que no hubo elementos para ejercer acción penal en su contra, al no haber indicios de la presunta comisión de un ilícito durante su encargo.
“En seguimiento a la información sobre la persecución y criminalización de que he sido objeto por parte de la CNDH por el ejercicio de la libertad de expresión que hice posteriormente a mi salida de la misma, y ante la denuncia que la CNDH presentó en contra de mí persona, la Fiscalía General de la República (FGR), me notificó la conclusión de la carpeta de investigación FED/CDMX/SPE/0006389/2020, mediante el acuerdo de No Ejercicio de la Acción Penal, al considerar que: ‘durante la investigación se demostró que no hubo delito cometido por quien ocupó la Dirección General de la Primera Visitaduría de la En consecuencia, “se plantea el no ejercicio de la acción penal porque el hecho cometido no constituye delito pues el denunciante inicial Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no aportó datos de prueba, elementos o información con la que fuera posible acreditar la comisión de la conducta una vez analizada en su complejidad”, informó Martínez Cruz.
Agradeció el apoyo de organizaciones y personas que durante todo este tiempo expresaron su solidaridad, así como exigió preservar el derecho a la libertad de expresión y cesar la persecución y la criminalización que la CNDH inició en su contra por ser defensor de derechos humanos y trabajar en pro de los derechos de las personas victimadas por el delito de desaparición forzada.