Pero seguirá en prisión preventiva.

La ex secretaria de Obras, Patricia Izquierdo Medina, promovió un nuevo juicio de amparo contra la resolución de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que confirmó su vinculación a proceso por el presunto delito de ejercicio abusivo de funciones e impuso la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, pese a que le fue concedida la suspensión, prevalece la medida cautelar.

De acuerdo con el juicio de garantías 232/2022, radicado el Juzgado Quinto de Distrito, la ex funcionaria impugnó la resolución del 17 de febrero pasado, mediante la cual la Sala, en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, determinó confirmar la vinculación a proceso dictada por el juez de primera instancia el 6 de mayo de 2019 dentro de la causa penal JC/324/2018 y decretó la prisión preventiva, con base en el artículo 19 constitucional que contempla, entre los delitos que ameritan la medida cautelar oficiosa, los casos de “corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones”.

El juzgado federal emplazó como terceros interesados a los miembros de la Sala y a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC). Además, concedió a la ex funcionaria la suspensión definitiva “para el único efecto de que Patricia Izquierdo Medina, quede a disposición de este juzgado sólo en lo que se refiere a su libertad personal, pero a disposición del juez responsable que deba juzgarlo para la continuación del procedimiento penal seguido en su contra”, y “que una vez concluida la etapa intermedia, el Juez conocedor de la causa suspenda el procedimiento, lo que deberá hacerle del conocimiento la autoridad responsable, Magistrado Presidente de la Segunda Sala”.

Esto significa que la ex funcionaria continuará en prisión preventiva y que el juez de primera instancia a cargo del caso, una vez concluida la etapa intermedia,  deberá suspender el proceso penal hasta que se dicte sentencia del juicio de amparo promovido por Izquierdo Medina.

La ex secretaria de Obras durante el gobierno de Graco Ramírez, junto con dos ex funcionario más de la dependencia estatal, es acusada de haber adjudicado de forma directa y sin cumplir con los requisitos legales la obra de demolición y  construcción de la Escuela de Estudios Superiores en el municipio de Jojutla, por un monto superior a los 75 millones de pesos a Ago Operaciones S.A. de C.V., una empresa “fantasma”.

Luego de la resolución de la Segunda Sala del TSJ del 17 de febrero pasado, días después, el 1 de marzo, la FECC ejecutó una orden de aprehensión contra  ex secretaria de despacho durante la gestión del ex gobernador, Graco Ramírez, y fue ingresada al penal de Atlacholoaya para enfrentar este proceso penal en prisión preventiva.

La ex funcionaria, junto con otros ex secretarios de despacho y ex subordinados, enfrenta diversos procesos penales por presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución de obras.