Todos los servidores públicos deben entregarla antes del 31 de mayo, para evitar sanciones y hasta el despido.

La secretaria de la Contraloría, América Berenice Jiménez Molina, recordó que el 31 de mayo concluye el plazo para que todos los servidores públicos presenten su declaración de situación patrimonial y de intereses en su modalidad de modificación. 

Esta disposición es de carácter legal, explicó la funcionaria, al destacar que la reforma al marco normativo obliga a todas las personas que laboran para el Estado en sus diferentes niveles de gobierno y sectores a cumplir con esta disposición, incluidos maestros, policías y demás servidores de instituciones públicas. 

Refirió que desde el pasado primero de mayo inició el plazo y se mantiene el soporte técnico correspondiente, para que los sujetos obligados cumplan por vía digital. 

La declaración se debe presentar en línea a través de la página oficial de la Contraloría: https://contraloria.morelos.gob.mx/ en el apartado del Sistema DeclaraNet, o bien, directamente en la siguiente dirección electrónica: https://declaracion.declaranet.gob.mx/morelos.

La dependencia advirtió, a través de un comunicado, que “de no presentar la declaración de modificación en el plazo correspondiente sin causa justificada, se iniciará inmediatamente la investigación por presunta responsabilidad administrativa y se requerirá al servidor público el cumplimiento de dicha obligación. 

De persistir la omisión, se anunciará que el nombramiento o contrato ha quedado sin efectos, debiendo notificar lo anterior al titular del ente público correspondiente para separar del cargo al servidor público, motivo por el que se les invita a cumplir con esta obligación en tiempo y forma”. 

La Secretaría de la Función Pública por su parte aseguró que los datos personales son resguardados por el área responsable de las declaraciones por disposición legal. Ese tipo de información sólo se puede proporcionar al declarante, al Ministerio Público, a las autoridades investigadoras y substanciadoras en aquellos casos en que el servidor público se vea involucrado en una investigación o proceso legal.