Su órgano interno de control se extralimitó en sus atribuciones al extender el plazo para que los suyos entreguen su declaración patrimonial.

El Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción notificó al Congreso y a la FGE la decisión de Felipe Velarde Corrales, titular del OIC.

El Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos notificó al Congreso y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción las violaciones a la ley en que incurrió el Órgano de Control Interno (OIC) de la Fiscalía General del Estado (FGE) al extender indebidamente la presentación de la declaración patrimonial y de intereses para los funcionarios del órgano autónomo

Además, el Comité se vio obligado a emitir un acuerdo para recordar a todos las instituciones locales que el plazo para presentar dicha declaración vence este martes.

Felipe Velarde Corrales, en su calidad de titular del OIC de la FGE, emitió el acuerdo 01/2022, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el pasado 18 de mayo, por el que extendió hasta el 31 de julio el plazo para la presentación de la declaración de situación patrimonial y de intereses a la que están obligados los servidores públicos de la fiscalía.

El acuerdo encendió la alarma de  María Juana Damiana Herrera Mota y  Juan Carlos Huitrón Luja, presidenta del Comité Coordinador y secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, quienes el 24 de mayo sostuvieron una reunión con Velarde Corrales para hacerle de “su conocimiento la ilegalidad del señalado Acuerdo 01/2022, por la falta de facultades, y la sugerencia de solicitar al Director del Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, que dejara sin efectos la publicación”.

Según el acuerdo expedido por el Comité Coordinador el 26 de mayo, de “un análisis se advierte la ausencia de facultades en dicho servidor público, para modificar los plazos de presentación de la declaración de modificación patrimonial y de intereses”.  

El titular del OIC de inmediato atendió la advertencia del Comité Coordinador y realizó las gestiones para intentar derogar su acuerdo.

Debido al error e invasión de facultades de Valverde Corrales, el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos emitió un exhorto para reiterar y dejar claro que el 31 de mayo es la fecha límite para para que todos los servidores públicos obligados presenten dicha declaración anual en su modalidad de modificación.

También recalcó que el acuerdo del OIC de la FGE “generó y sigue generando consecuencias dañosas” y “cierto relajamiento en los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado de Morelos, en la preparación de documentación e información necesaria para la correcta preparación y presentación de sus respectivas declaraciones, y que es un hecho notorio para los obligados, la saturación de la plataforma para la presentación de las declaraciones que genera dificultades técnicas que pueden generar incluso, un incumplimiento involuntario en la presentación de sus respectivas declaraciones”.

Por tal razón, pidió a Velarde Corrales implementar toda acción y las facilidades necesarias para que los servidores públicos de la fiscalía cumplan en tiempo y forma con sus obligaciones para evitar perjuicios ajenos a su voluntad.

Ante el daño causado y la invasión de competencias, el Comité Coordinador estableció en su acuerdo que “hará del conocimiento al presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Morelos, así como a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos y se dará vista por escrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, solicitando procedan a realizar las acciones legales que correspondan en el ámbito de sus respectivas competencias, con relación al ilegal acuerdo que se cita en el artículo anterior, emitido por el titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado de Morelos, por el tiempo que se mantuvo vigente, y las posibles consecuencias jurídicas y/o materiales que por el mismo se generaron o se sigan generando”.

Y advirtió: “Los órganos internos de control, deberán adoptar las medidas necesarias para orientar y apoyar a los servidores públicos y personas obligadas a cumplir con la responsabilidad de presentar la declaración patrimonial y de intereses en su modalidad de modificación, al día 31 de mayo del 2022, acorde a lo establecido en el artículo 33, fracción II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el 35, fracción II Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Morelos”.