Señalan violación al derecho de acceso a la justicia, entre otras anomalías.
Por violación al derecho de acceso a la justicia y diversas irregularidades en la investigación del homicidio del activista y comunicador comunitario, Samir Flores Soberanes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara, quien señaló que atenderá las observaciones del organismo y revisará las posibles anomalías en que incurrió el personal a cargo de la indagatoria.
Al emitir la recomendación 103/2022, la CNDH detalló que “entre las irregularidades y omisiones cometidas por las personas servidoras públicas que han impedido el esclarecimiento del caso, está la utilización superficial de las declaraciones de testigos para atribuir a una persona el homicidio , quien desde el 24 de julio de 2020 se encontraba privado de su libertad por diversos delitos, además de agregar, de manera extemporánea, el testimonio de un policía local que dice haber reconocido el automóvil del presunto responsable, oír detonaciones cerca del domicilio de la víctima y ver huir al ahora recluido, junto con otras personas.
“Es importante señalar que meses después del asesinato de la víctima, se integró este testimonio a la carpeta de investigación, el cual sirvió de base para consignar al presunto responsable, quien, como se dijo, ya se encontraba en prisión por otros ilícitos contenidos en una carpeta de investigación diferente por tentativa de homicidio, posesión simple de droga y delitos cometidos por conductores de vehículo de motor”.
La recomendación evidenció que el personal de la Fiscalía Especializada de Homicidios obstaculizó el acceso oportuno a la carpeta de investigación y a las declaraciones de los testigos, con el argumento de la secrecía de la investigación o que la CNDH no era parte interesada.
Señaló que el organismo acreditó violaciones a los derechos humanos al acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, atribuibles a personal de la FGE en la integración de la carpeta de investigación cometidas en agravio de Samir Flores y su familia, por lo que es necesario que se continúe con la integración de la carpeta y se tome en cuenta, entre otras líneas de investigación, el antecedente de que la víctima era defensora de la tierra y el territorio en su comunidad de origen y opositor a la termoeléctrica, instalada en la comunidad de Huexca, municipio de Yecapixtla, y que forma parte del Proyecto Integral Morelos (PIM).
Por ello, la CNDH estableció que la fiscalía, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, deberá brindar una reparación integral de los daños a la familia de Samir como víctima indirectas, que incluya una compensación justa y suficiente y les inscriba en el Registro Estatal de Víctimas.
Además, deberá colaborar en la presentación y seguimiento ante la Fiscalía Especializada en Visitaduría y Asuntos Internos con la denuncia administrativa que el organismo nacional interpondrá en contra de tres personas servidoras públicas del personal ministerial que participó en la integración de la carpeta por las irregularidades y omisiones cometidas.
Al respecto, el fiscal general, Uriel Carmona Gándara, dijo que acatará la recomendación de la CNDH y revisará la actuación del personal señalado como responsable de incurrir en irregularidades.
“Se va a revisar por las áreas correspondientes si existen o no omisiones, si existen o no errores, si se actuó o no de mala fe, eso es algo a lo que estamos obligados y lo vamos a hacer y ya estaremos comunicando el resultado.
“Hay procesos y plazos que deben de transcurrir, no va a ser de manera inmediata, nosotros también tenemos que hacerlo con cuidado, pero si fuera el caso nosotros no protegemos a nadie del personal, si se actúa mal se sanciona, sobre todo cuando tiene que ver con los derechos humanos”, dijo.
De acuerdo con la versión de la FGE, a las 5:45 de la mañana del 20 de febrero de 2019, un hombre tocó a la puerta de la casa de Samir Flores, donde vivía con su pareja y sus padres, en la comunidad de Amilcingo, en el municipio de Temoac.
Atendió su madre y, al escuchar, Samir salió, saludó al hombre y caminó por el exterior de la casa. Casi de inmediato se escucharon balazos. La familia se asomó para saber qué pasaba y encontró a Samir en el suelo, con dos disparos en el rostro. Con la intención de salvarlo, el activista fue trasladado al hospital comunitario de Jonacatepec pero pereció.
La FGE abrió seis líneas de investigación. La primera, relacionada con una posible represalia del grupo criminal denominado Comando Tlahuica. La segunda, vinculada con alguien del gobierno por la oposición de Samir al proyecto de la termoeléctrica. La tercera, vinculada a un grupo ciudadano a favor de la termoeléctrica. La cuarta, relacionada con la labor que Samir desempeñaba como comunicador de la radio comunitaria Amiltzinko. La quinta, un conflicto laboral con el Ayuntamiento de Temoac. Y, la sexta, la existencia de un conflicto por el cierre de un centro escolar en el municipio.
En octubre de 2021, la FGE anunció que cumplió una orden de aprehensión contra Javier “N” como de los presuntos autores materiales del homicidio del activista. El sujeto, quien estaba recluido en la cárcel distrital de Cuautla por otros delitos, fue vinculado a proceso por homicidio. Hasta ahora, no se ha desvelado el móvil del asesinato ni se sabe sobre el paradero de otros implicados.
