Por declaraciones patrimoniales.

El Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos dio vista al Congreso y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para que finquen responsabilidades al titular del Órgano de Control Interno de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), José Barrera Ramírez, ante su contumaz negativa de informar sobre el número de funcionarios y trabajadores universitarios obligados a presentar su declaración patrimonial y de intereses y cuántos de ellos cumplieron ésta responsabilidad.

Por unanimidad, los integrantes del Comité Coordinador determinaron hacer “del conocimiento al Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Morelos, así como a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos y se da vista por escrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos, con la solicitud de que procedan a realizar las acciones legales que correspondan en el ámbito de sus respectivas competencias” respecto al actuar del Barrera Ramírez.  

Y es que hasta el momento, la UAEM es el único ente estatal que se ha resistido a que sus funcionarios y trabajadores cumplan con este deber previsto en los artículos 35 y 50, párrafo segundo de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Morelos; y 33, fracción II, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que establecen que las personas servidoras públicas tienen la obligación de presentar durante el mes de mayo de cada año la declaración de modificación patrimonial y de intereses.

Incluso, el pasado 26 de mayo el Comité Coordinador emitió un acuerdo por el que recordó a todos los titulares de los órganos internos su deber de  adoptar las medidas necesarias para orientar y apoyar a los servidores públicos y personas obligadas a cumplir con esta responsabilidad.

Sin embargo, alegando la autonomía de la UAEM, el titular de OIC de la UAEM, José Barrera Ramírez, mantuvo su negativa de informar al Sistema Estatal Anticorrupción sobre qué funcionarios y servidores públicos universitarios cumplieron o no con su responsabilidad, así como las acciones realizadas por del órgano de control para cumplir con las obligaciones que le impone la leyes para el combate a la corrupción

Durante la sesión, el titular de la FECC, Juan Salazar Núñez, recordó que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fijó el criterio que a la universidades públicas le son aplicables las reglas del sistema nacional anticorrupción porque, al menos parte de su patrimonio, se integra con recursos públicos.

Estableció que el titular de la OIC de la UAEM, pese a las petición de información en torno al tema, insiste en que la universidad  debe “seguir rigiéndose con criterios que son contrarios y en franca oposición a la ley y a las reglas del sistema anticorrupción, a los cuales se encuentra completamente sujeta la universidad pública del estado, como toda su plantilla de trabajadores, sin distinción, porque al menos parte del patrimonio de la misma proviene de recursos públicos.

El acuerdo fue avalado por unanimidad por los integrantes presentes del Comité Coordinador y en breve será publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.