Anuncia Gambo Olea medida emergente.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) anulará y repondrá medio centenar de procesos penales, debido a la renuncia intempestiva del juez, Martín Domínguez Casarrubias.
El magistrado presidente del TSJ Jorge Luis Gamboa Olea destacó que esta situación es inédita, pues si bien hay precedentes de algunos juicios nulificados por razones técnico-jurídicas, es la primera vez que ocurre con un número importante de casos.
Indicó que el ahora ex juzgador renunció a principio del mes de mayo, días antes de que él entrara en funciones como titular del TSJ, y dejó inconclusos por lo menos 49 juicios penales, los cuales deberán ser nulificados en acatamiento del principio de inmediación, que establece que todas las audiencias deben desarrollarse en presencia del juez de la causa y la ausencia del juzgador implica obligadamente la anulación del procedimiento.
Explicó que esta situación impacta en la administración de justicia y las partes implicadas en los juicios tienen a salvo su derecho de acudir a presentar sus respectivas quejas o denuncias contra el ex juez para que, de ser el caso, se finquen responsabilidades administrativas o penales.
“El tema impacta en la administración de justicia porque retrasa todos los juicios y, obviamente, se tiene que volver a hacer y, desde mi punto de vista, se revictimiza a las personas al volverlas a traer a declarar”, dijo y señaló que la inédita situación obligará al TSJ a tomar medidas emergentes.
“Las medidas emergentes que nosotros vamos a tomar van a ser que vamos darle prontitud a los juicios, los vamos a señalar y los vamos a repartir en algunos otros tribunales esos asuntos para que, incluso, en la época de vacaciones este tribunal no salga de vacaciones, atienda esto y los saque lo más rápido posible”, destacó.
Precisó que los procesos penales afectados tienen que ver esencialmente con casos de homicidio, secuestro, extorsiones, delitos patrimoniales, entre otros.
Al insistir sobre las causas de la renuncia del ex juez, Gambo Olea precisó que “nosotros la única información que recibimos al tomar las riendas de la administración es que después de 28 años había presentado su renuncia”.
Agregó que se ha instado a las y los jueces para que, en caso de que por cualquier razón decidan retirarse de la actividad jurisdiccional, prevean su salida para evitar retrasos en la administración de justicia e incurrir en alguna responsabilidad.
