El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Luis Jorge Gamboa Olea, confirmó que promoverá un recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para solicitar que no se dé por cumplida la sentencia 15/2021 y que el monto del presupuesto estatal programable sea calculado con base en el gasto total del Gobierno del Estado, para cuantificar de esa forma el porcentaje presupuestal que le corresponde al Poder Judicial.
Hace unos días, la Segunda Sala de la SCJN dio por cumplida la controversia constitucional y avaló que el presupuesto estatal programable de 2021 fuese calculado por el Congreso local en 10 mil 852 millones de pesos y el monto equivalente al 4.7% para el Poder Judicial de 510 millones 53 mil pesos; sin embargo, para el TSJ el presupuesto estatal programable ascendía a 20 mil 768 millones 965 mil 471 pesos y, por lo tanto, a la administración de justicia le correspondía en el año 2021, conforme a su autonomía financiera, cerca de 976 millones de pesos.
Ante ello, señaló que el monto del gasto estatal programable considerado por la Corte derivó de un decreto emitido por el propio Poder Ejecutivo y “aquí lo que nosotros hemos venido sosteniendo es precisamente que tiene que ser sobre todo el gasto que se realiza en todo el estado de Morelos, incluyendo las participaciones federales, y no solo las estatales.
“Nosotros obviamente todavía tenemos el recurso de reclamación ante la Corte, toda vez que (el cumplimiento de sentencia) fue resuelto por un solo ministro y buscaremos que sea resuelto de forma colegiada (por la sala)”.
Indicó que lo que se resuelva en definitiva impactará en el presupuesto que se otorgará al Poder Judicial para el 2023 y, aun cuando la determinación no le sea favorable, “hay que dejar en claro que hay un principio de irreductibilidad del presupuesto, que nos nos pueden dar menos de los que nos han dado este año”.
Indicó que esta semana será promovido el recurso ante el tribunal constitucional, pero recalcó que paralelamente también existe un cordial diálogo con los Poderes Ejecutivo y Legislativo con el fin de explicar y sensibilizar sobre porqué es necesario un aumento presupuestal para el Poder Judicial en el ejercicio fiscal 2023.
