Ante incumplimiento de AVG.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos del Estado de Morelos fustigó la falta de respuesta y acción de la Fiscalía General del Estado y de la Comisión Estatal de Seguridad, a pesar de que el 2022, que está a punto de concluir, podría ser el año más violento para las mujeres en la última década, ante el incremento de los feminicidios.

Ariadna Fernanda

Tras la reciente polémica que involucró a las fiscalías de Morelos y la Ciudad de México por el caso de Ariadna Fernanda (ya que la primera aseguró que fue muerte accidental por broncoaspiración por intoxicación alcohólica y la segunda afirmó que la joven murió por trauma múltiple y por lo tanto fue feminicidio) la organización civil lamentó que prevalezca la impunidad y que, como en esto y otros muchos casos más, no haya justicia.

Denunció que la Fiscalía General del Estado (FGE) consume recursos pero no da resultados en el esclarecimiento de feminicidios y se ha convertido en generadora de violencia institucional, al revictimizar a quienes han sido privadas de la vida y a sus familias.

En víspera de la conmemoración del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, presentó la segunda parte del Informe a 7 años de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en Morelos y detectó que la FGE en 2021 gastó casi 70 millones de pesos para “fortalecer” la Coordinación de Servicios Periciales, incluyendo la nómina de personal de ésta área; para “monitorear la efectividad de la estrategia de capacitación a servidoras y servidores públicos”;  para la creación de una unidad de análisis y evaluación de las labores de investigación y proceso de los delitos de género; y dar trámite a las carpetas de investigación, relacionadas con los feminicidios y homicidios dolosos de mujeres.

Sin embargo, 35 de esto 70 millones de pesos fueron canalizados al “fortalecimiento” de la Fiscalía de la Región Oriente, sin dar detalles de su aplicación y resultados.

Lamentó que pese al millonario consumo de recursos públicos, la FGE no solo no da resultados en el esclarecimiento de los feminicidios sino que se convirtió en una institución que constantemente agrede y revictimiza.

La organización, que fue la promotora de la AVG decretada en agosto de 2015 en Morelos por la Secretaría de Gobernación, recalcó que el  protocolo de Investigación sobre feminicidio establece claramente que toda muerte violenta de mujeres debe ser investigado como feminicidio en primera instancia.

Sin embargo, “no ocurre así al minimizar el número de casos, o al señalar de inicio que se debe a causas relacionadas con la delincuencia organizada, lo que, en lugar de ser un atenuante, debería ser considerado un agravante, dado el grado de saña con la que se actúa contra el cuerpo de las mujeres que regularmente son exhibidos y abandonados en lugares públicos, lo que incrementa el escarnio y el dolor que se ocasiona a sus familiares y al conjunto de la sociedad.

“Los casos que mediáticamente han sido presentados por la Fiscalía y que han generado controversias políticas, en lugar de dar la certeza jurídica y el derecho a la verdad, únicamente se transforman en acciones que revictimizan a quienes ya perdieron la vida de manera artera y en nada contribuyen a eliminar la impunidad con que siguen actuando los victimarios.

“Con la revictimización de las mujeres víctimas de feminicidio y de sus familias, la Fiscalía no solo No manda un mensaje de Cero Tolerancia, sino que se vuelve un acto de Violencia Institucional”, destacó la Comisión Independiente, al señalar que de las 11 medidas de la AVG que debe cumplir la FGE no ha cumplido ninguna.

Incluso, detalló que por la negligente actuación de funcionarios de la FGE en el cumplimiento de las recomendaciones de la AVG, promovió una denuncia ante el órgano Interno de Control, a cargo de Felipe Velarde Corrales, pero a pesar de que la Comisión Independiente de Derechos Humanos aportó pruebas, se resolvió que no hubo ninguna irregularidad.

Por otra parte, la organización civil destacó que la Comisión Estatal de Seguridad (CES) también incumplió con las recomendaciones previstas en la AVG y la dependencia justificó la falta de recursos. De igual forma, otras dependencias estatales obligadas a implementar medidas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres han hecho muy poco por cumplir con la alerta.

Paloma Estrada, investigadora e integrante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, destacó que el 2022 podría convertirse en el año más violento para las mujeres en Morelos ya que mientras el 2019 cerró con cien feminicidios -el número más alto de casos en la última década-, del 1 de enero al 31 de octubre de este año, la comisión documentó 90 casos de feminicidios y falta por cuantificar los casos de los meses de noviembre y diciembre.