En libertad, exigirá se le reconozca su inocencia.
María Luisa Villanueva Márquez obtuvo su libertad “por la fuerza”, luego de pasar 25 años en prisión por un delito que asegura no cometió y afirmó que ahora, ya en libertad, seguirá su lucha en los tribunales para que el Estado y el sistema de justicia penal reconozcan su inocencia.
A las 12:00 horas de este jueves fue notificada dentro del penal de Atlacholoaya que había sido beneficiada con la preliberación, sin embargo, ella se negó a aceptarla y a firmar documentos, por lo que –vestida aún con el uniforme amarillo característico de las personas sentenciadas- fue sacada a empujones y cargada por un grupo de custodias hasta la salida del centro penitenciario.
Ahí, en la primera pluma de seguridad del penal, pedía regresar a prisión porque quería salir en libertad hasta que un juez decretara su inocencia e investigara a los policías y funcionarios de la extinta Procuraduría General de Justicia de Morelos (PGJM) que, aseguró, le fabricaron el delito de secuestro de una menor y por el que fue condenada a 30 años de prisión.
“Que se reconociera que el Estado se equivocó, que se reconociera que yo no cometí ningún delito, fui torturada por cuatro días, encarcelada 25 años, dejé un niño de 11 meses, uno de ocho años, lo perdí todo”, dijo María Luisa, quien fue preliberada al cumplir el 83 por ciento de su condena.
A María Luisa le faltaban cinco años para cumplir su sentencia de 30 años, ya que en su largo litigio perdió todos los recursos y, hasta hace unos días, el Poder Judicial de Morelos revisó su caso y determinó que era acreedora al beneficio de preliberación.
“Yo le dije que no había pedido absolutamente ningún beneficio, que no les iba a firmar nada, que porque no estaba dispuesta a abandonar el centro (penitenciario) bajo la preliberación y el estigma de delincuente, que yo quería que el Estado me reconociera que estuve encarcelada 25 años injustamente”, insistió en medio del shock que implica salir al exterior después de cinco lustros en prisión.
Eutíquio Damían Santiago, uno de sus abogados, expresó: “Los señores, lo que no quieren es evidenciar que tienen varios inocentes aquí, sujetos a penas muy prolongadas de prisión como el caso de la señora María Luisa Villanueva”.
María Elena Medina Vargas, de la Alianza Mexicana de Abogadas y quien participó en su defensa, dijo que hace unos días María Luisa recibió llamadas anónimas de amenaza dentro del penal para que aceptara su libertad o de lo contrario “el sistema” iba a actuar en su contra.
Recalcó que “el Gobierno, el Estado sabía que la señora era inocente y ha recibido amenazas, y recibió amenazas para que aceptara desde hace tiempo la preliberación”.
María Luisa fue detenida el 6 de enero de 1998 en un restaurante de la comunidad de Galeana del municipio de Zacatepec, acusada de secuestrar a la menor Sara Saskia “N”, entonces de 12 años, hija de una pareja de investigadores de la UNAM de origen sueco.
De acuerdo con su defensa legal, tras su ilegal detención fue llevada a una casa de seguridad y torturada por cuatro días.
En su expediente, la entonces procuraduría estatal y el grupo antisecuestro, que encabezaba Armando Martínez Salgado -quien paradójicamente se encargaba de planear plagios- cambiaron fechas, hechos y tramaron una serie testimonios para inculparla, sólo porque no tuvo el dinero que le exigió un grupo de policías a cambio de su libertad.
Además, de acuerdo con sus abogados, tanto el expediente como el proceso penal estuvieron viciados y no solo María Luisa es una víctima sino que el secuestro de la menor Sara Saskia permanece impune, porque los verdaderos plagiarios, que fueron aprehendidos en posesión de las joyas que la familia de la víctima ofreció como parte del rescate, fueron procesados por el plagio de un niño (al que le cercenaron un dedo) pero no por el de la pequeña.
Las joyas son uno de los varios elementos que, según los abogados, corroboran la inocencia de María Luisa, ya que antes de su detención estas habían sido aseguradas por la policía antisecuestro a un grupo criminal, sin embargo, en el expediente le atribuyen a ella la posesión de esos objetos.
