La Suprema Corte de Justicia de la Nación pospuso la resolución de la controversia constitucional que promovió el Congreso de Morelos en defensa del fiscal estatal, Uriel Carmina Gándara, para evitar que la Fiscalía General del República (FGR) eventualmente pueda ejercer acción penal contra el titular del organismo autónomo local.
A petición del ministro Arturo Zaldívar, quien sustituyó como ponente a su homóloga y actualmente presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, fue retirada la controversia 151/2021 de la lista de asuntos para resolución de la sesión del 19 de abril de la Primera Sala de la SCJN.
Por el momento, el asunto no ha sido incluido para la siguiente sesión del 26 de abril y no hay fecha para que sea nuevamente enlistado para su resolución.
El asunto tiene su origen el 15 de diciembre de 2020, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante la Sección Instructora de la Cámara de Diputados federal la solicitud de juicio de procedencia o desafuero contra el fiscal de Morelos, por supuestamente no contar con los exámenes de control de confianza al momento de su designación en febrero de 2018, y haber realizado diversos nombramientos en la FGE sin que las personas designadas contasen con las evaluaciones exigidas en Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Bajo estos supuestos, FGR solicitó el desafuero de Carmona Gándara para imputarlo penalmente ante un juez por la presunta comisión de los delitos de ejercicio ilícito del servicio público, previsto y sancionado en los artículos 214 y 212 del Código Penal Federal, y contra el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Publica, previsto y sancionado en el artículo 139 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica.
El 3 de mayo de 2021, la Sección Instructora, entonces presidida por el otrora diputado de Morena, Pablo Gómez, por mayoría de votos, determinó que el fiscal estatal no contaba con fuero constitucional y, cinco meses después, el 14 de septiembre, ya con la nueva legislatura, la Cámara de Diputados por mayoría respaldó el dictamen de la Sección Instructora, con lo cual se abrió la posibilidad de que la FGR pueda imputar penalmente al fiscal de Morelos.
Paralelo a los juicios de amparo promovidos por el fiscal estatal, en noviembre de ese año, el Congreso de Morelos salió en defensa de Carmona Gándara y promovió la controversia constitucional 151/2021.
En un primer momento, la otrora ministra ponente, Norma Piña, admitió el recurso de control constitucional pero negó la suspensión solicitada. El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Francisco Sánchez Zavala, promovió un recurso de reclamación contra la negativa de la medida cautelar.
Finalmente, en marzo de 2022 la Segunda Sala de la SCJN concedió la suspensión solicitada por el Congreso de Morelos contra actos de la Cámara de Diputados federal, para efecto de que no se ejecutara la determinación de su Sección Instructora del Congreso federal y la Fiscalía General de la República (FGR) se abstuviera de ejercer acción penal contra el fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara, ya que tendría inmunidad procesal.
“Toda vez que, de una primera apreciación del acto impugnado y a reserva de lo que se resuelva en el fondo de la controversia constitucional, es posible establecer que la Fiscalía General del Estado de Morelos es un órgano constitucional autónomo, por lo que su titular cuenta con la inmunidad procesal penal federal a que se refiere el aludido artículo (111) constitucional”, así fue se sustentó la resolución del recurso de reclamación 140/2021-CA.
