El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Luis Jorge Gambo Olea, aseguró que la controversia constitucional promovida contra la reforma que otorga pensiones vitalicias a los magistrados en retiro no tiene motivación política sino está basada estrictamente en un tema jurídico y financiero, ya que el Congreso local omitió etiquetar recursos para el pago de esas pensiones.
Explicó que el recurso de control constitucional forma parte de la estrategia legal que implementó el Poder Judicial para proteger la autonomía financiera de la institución y garantizar que los trabajadores en retiro reciban el pago de sus jubilaciones.
“Obviamente, es en defensa de esa autonomía financiera del Poder Judicial y en donde no es un caso aislado. Nosotros recurrentemente hemos venido trabajando de esta forma, en donde si el Congreso del Estado jubila a un trabajador y no dota de dinero para poderle pagar, nosotros vamos a una controversia constitucional para que sea la Corte la que indique la vía para el pago y la suministración de los recursos para pagárselos al trabajador.
“Esto no es nuevo, al contrario, esto es un tema que se ha venido trabajando desde otras administraciones y hoy el tema lo quieren manejar de una forma política, cuando no es política, es una cuestión legal”, subrayó.
Detalló que el fundamento de la controversia constitucional 408/2023 –la cual está en trámite en espera de que se determine sobre su admisión o no y, en su caso, el otorgamiento de medidas cautelares- se basó en el hecho de que en el decreto 1202, por el que se reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial de Morelos, no se incluyó una partida presupuestal, y por ello espera que la SCJN otorgue la suspensión solicitada
“Este decreto y esta reforma que se está haciendo no vino acompañada de una bolsa presupuestal en donde nosotros pudiéramos disponer de esa cantidad de dinero, lo que nosotros estamos buscando es que con la suspensión se frene la dotación de esa cantidad para las personas que ya están en calidad de retiro, y que se les deba pagar.
“Mi obligación es velar no solo por un grupo de trabajadores, sino por todo el patrimonio del Poder Judicial del Estado de Morelos”, recalcó.
Sostuvo que, durante su gestión, el pago de pensiones se ha sostenido gracias a la gestión de ampliaciones presupuestales etiquetadas específicamente para el pago de pensiones, jubilaciones y cumplimientos de amparo, pero ese presupuesto ya se agotó y se ha tenido que realizar la petición de una nueva ampliación.
Precisó que, independientemente de esta controversia, ya realizó una nueva solicitud de ampliación presupuestal para integrar a los nuevos trabajadores en retiro a la nómina de jubilados.
Insistió en que, dados los antecedentes en la SCJN sobre el tema de las jubilaciones del Poder Judicial de Morelos, es necesario que el tribunal constitucional establezca jurisprudencia al respecto y, por otra parte, es urgente que se cree el Instituto de Jubilaciones y Pensiones.
“Yo creo que aquí lo que nos está faltando, primero, en el ámbito legal es que ya se cree jurisprudencia y que ya la Corte diga, ya resolvió más de cinco asuntos en el mismo sentido y esto tiene que ser así: cada vez que el Congreso del Estado jubile a una persona, tiene que venir la bolsa dotada para pagarle a esa persona o, en su defecto, lo que hemos venido platicando, crear un Instituto de Jubilaciones y Pensiones en el Poder Judicial en donde nosotros contemplemos una bolsa anual para jubilados y pensionados”, dijo.
