Tienen derecho a recibir un recurso económico para actividades de representación política ante el Consejo Estatal Electoral.

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) relacionadas con los recursos asignados a los partidos políticos para actividades de representación política ante el Consejo Estatal del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac).

Por unanimidad, confirmó la resolución del tribunal local que ratificó el acuerdo del Consejo Estatal Electoral Impepac relacionado con el financiamiento público asignado a los partidos políticos con registro ante el instituto local para el sostenimiento de actividades ordinarias y específicas.

Al resolver el juicio SCM-JRC-13/2023, el pleno explicó que en materia de financiamiento público electoral se ha reconocido que el principio de equidad permite dar un trato diferenciado conforme a las características de cada instituto político.

Sin embargo, este principio no implica que de forma absoluta todas las prerrogativas deban repartirse de ese modo, ya que en el estado de Morelos se reconoce adicionalmente el derecho a recibir un recurso económico para actividades de representación política ante el Consejo Estatal.

En otro asunto, por mayoría, revocó el oficio emitido por la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del Instituto Nacional Electoral (INE) en respuesta a una solicitud del Partido Revolucionario Institucional (PRI) relacionada con el cumplimiento de sanciones y la devolución de remanentes de financiamiento correspondiente al ejercicio 2020 en el estado de Morelos.

Al dictar la sentencia en el recurso de apelación SCM-RAP-7/2023, el pleno concluyó que la UTF carecía de competencia para dar respuesta a la solicitud planteada por la representación del partido tricolor en Morelos, ya que es la Comisión de Fiscalización del INE quién tiene las facultades para dar respuesta a las solicitudes planteadas por los partidos políticos vinculadas con la cancelación de saldos relacionados con la devolución de remanentes de financiamiento público de ejercicios anteriores.

En consecuencia, la sala regional revocó la respuesta controvertida y, ordenó a la UTF remitir a la Comisión de Fiscalización la solicitud del PRI, para que provea lo que en el ámbito de sus atribuciones corresponda en torno a lo planteado.