Un juez de control, por cuarta ocasión, vinculó a proceso al fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, por el presunto delito de tortura, en grado de coautoría, en agravio de Luis Alberto “N”, alias “El Diablo”, por lo que permanecerá en prisión preventiva justificada en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

La audiencia de vinculación a proceso se desarrolló en la sala 2 de la Ciudad Judicial, ubicada en Atlacholoaya y se extendió durante casi nueve horas con tres recesos motivados por fallas en la transmisión remota o telemática mediante la cual el fiscal morelense compareció ante el juez local, y el simulacro en la sede judicial con motivo de la conmemoración de los sismos de 1985 y 2017 y el Día Nacional de Protección Civil.

La defensa del funcionario morelense, encabezada por el conocido litigante penalista y ex subsecretario de Seguridad de la Ciudad de México cuando Andrés Manuel López Obrador fue Jefe de Gobierno, Gabriel Regino García,   insistió en la falta de elementos para indiciarlo y mantenerlo bajo la medida privativa de la libertad.

Después de concluir el debate y de un último receso, finalmente el juez de control Natanael Subdías Aguilar resolvió vincular a proceso a Carmona Gándara por el supuesto delito de tortura en grado de coautoría, fijó un plazo de tres meses para el cierre de investigación, determinó mantener la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fechó para el 19 de diciembre la siguiente audiencia.
Además, declinó competencia para que un juez federal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, donde se encuentra recluido el fiscal estatal desde el pasado 5 de septiembre, asuma la jurisdicción del caso.

Al respecto, Gerardo García, asesor jurídico de Luis Alberto “N”, alias “El Diablo” y presunta víctima de tortura, consideró adecuada la resolución del juez local, sobre todo en relación con la declinación de la competencia al ámbito federal en virtud del conflicto de interés que prevalecía y las irregularidades cometidas por la Fiscalía Anticorrupción al despedir intempestivamente a funcionarios a cargo del caso y “extraviar” la carpeta de investigación.

“Era una cuestión que estábamos esperando, de hecho, si no se manifestaba el juez nosotros lo íbamos a solicitar, pero por cuestiones de competencia y por el conflicto de intereses que existe precisamente entre la fiscalía general del estado de Morelos, era necesario que se hiciera esa inhibitoria a favor de un juzgado de diferente orden, en este caso de un juez federal”, explico.
Comentó que solicitó al juez dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR) para iniciar una investigación sobre el cese abrupto de funcionarios de la fiscalía anticorrupción  a cargo del caso del fiscal estatal y la pérdida de la carpeta de investigación.

Cuestionado sobre el fuero constitucional que impediría a un juez federal someter a proceso a Carmona Gándara, señaló que esta situación no choca con este cuarto proceso penal que se le ha iniciado al fiscal estatal porque las imputaciones son hechos que se cometieron en el orden común.

En contraparte, el abogado del fiscal, Gabriel Regino García, acusó que existe “una embestida jurídica de la que está siendo víctima” Carmona Gándara y afirmó que los cuatro proceso penales en su contra “son procesos muy endebles, con pruebas prácticamente débiles, que son sostenidas con alfileres, pero que nos hace pensar que obedecen a presiones ajenas a lo que está en el proceso, pensamos que hay presiones externas que están induciendo a esta situación”.

Recalcó que los procesos penales están cargados de saña, porque “el fiscal no ha cometido ni una sola conducta delictiva, no ha cometido ningún delito, no obstante ello,  pareciera que es un persona incómoda, no sabemos para quién, no sabemos para quiénes, pero si sentimos que hay una fuerza que está empujando todos esos procesos.
Insistió en que hay una persecución en contra del funcionario estatal y, por ello, descartó presentar una apelación ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos porque “quedaríamos en el mismo círculo vicioso, vamos a instancias federales, que esperemos que la justicia federal, que también está sufriendo una embestida como nunca en la historia, se mantenga estoica y haga respetar la Constitución”.

Previó que el escenario inmediato será “entrar en un túnel burocrático”, en el que la justicia federal deberá de determinar sobre la competencia para conocer el caso y si opera o no en el caso el fuero constitucional, entre otras circunstancias.

Cuestionado sobre el estado de ánimo y salud del fiscal, Regino García reconoció que el funcionario presenta algunos padecimientos, sin especificar cuáles, pero que se iniciaron los trámites para que reciba el suministro de medicamentos.

Por cuanto al ánimo, dijo que el fiscal se mantiene firme y decidido a luchar por su libertad y retornar al ejercicio de sus funciones.
Uriel Carmona enfrenta tres procesos penales por los presuntos delitos de retraso en la justicia, encubrimiento por favorecimiento y feminicidio en su calidad de auxiliador en el caso de la muerte de la joven Ariadna Fernanda, cuyo cuerpo fue localizado el 31 de octubre de 2022 en la carretera La Pera-Cuautla, a la altura del municipio de Tepoztlán.

La polémica en este caso obedeció a que, mientras la fiscalía de Morelos sostuvo que la causa de fallecimiento de la mujer fue por broncoaspiración por intoxicación alcohólica, la fiscalía de la Ciudad de México –que intervino a petición de la familia de la chica- concluyó en un segundo dictamen que ella habría muerto por golpes, configurándose del delito de feminicidio.  

En caso de El Diablo, quien fue detenido -por su supuesta participación en el asesinato de tres jóvenes trabajadores del INSP- y luego liberado por un juez porque la FGE no presentó indicios, el hombre acusó públicamente al fiscal –a través de un video difundido en redes sociales- de ordenar su tortura para incriminarse y de estar implicado en actos delictivos. Posteriormente, la presunta víctima presentó la denuncia penal por la que ahora Carmona Gándara enfrenta su cuarto proceso penal.