Evidencia omisiones de autoridades penitenciarias y la Fiscalía de Morelos en la investigación de las muertes.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación por la ineficiente intervención psicológica para prevenir el suicidio de una docena de mujeres privadas de la libertad en el penal femenil federal número 16, ubicado en el municipio de Coatlán del Río, y evidenció irregularidades cometidas por la Fiscalía General de Morelos en la investigación de las muertes, al no indagar la probable responsabilidad del personal penitenciario.

De acuerdo con la recomendación 276/2023, el organismo realizó una investigación por el suicidio de 13 mujeres privadas de la libertad, ocurridos entre el 20 de julio de 2021 y el 6 de diciembre de 2023, y concluyó que hubo una serie de violaciones a sus derechos como a la protección a la salud -en su modalidad de salud mental y al acceso del más alto nivel posible de salud física y mental-, a la seguridad jurídica y legalidad, a la integridad personal en su enfoque transversal con el derecho a la vida, y al derecho a la igualdad y a la no discriminación de quienes perdieron la vida.
Paralelamente, fue vulnerado el derecho de acceso a la justicia, en su modalidad de la procuración de justicia de manera pronta y exhaustiva, en agravio de 18 personas víctimas indirectas (hijos y familiares de las víctimas).

Estableció que seis de las mujeres privadas de la libertad recibieron atención psicológica y psiquiátrica ineficiente, mientras que a otras siete se les negó cualquier intervención de apoyo emocional, lo que hizo imposible detectar y/o frenar alguna sintomatología de riesgo suicida; además de que se invisibilizó las necesidades de atención a la salud mental que requerían.

La CNDH advirtió también que hubo demora para proporcionarles el apoyo por parte de personal de seguridad y custodia y del servicio médico, ya que, en uno de los casos investigados, quienes laboran en custodia penitenciaria tardaron más de 20 minutos para asistir a una de las víctimas y, en algunos casos, se observó la falta al reforzamiento de detección de riesgo suicida oportuno en su comportamiento y no se aplicó el Protocolo de Detección e Intervención de la Conducta y Riesgo Suicida en Personas Privadas de la Libertad en Centros Penitenciarios Federales.

Detalló que las víctimas se encontraban en una situación de vulnerabilidad social y enfrentaron factores que influyeron en la determinación de atentar contra su vida, ya que el 86% de las mujeres privadas de la libertad en el Cefereso son madres de niños pequeños; provienen de distintas regiones de México (lo que implica lejanía con sus vínculos vitales y trae como consecuencia el abandono); estuvieron en encierro prolongado; y enfrentaron la obstaculización en la comunicación con el exterior.

El organismo destacó que los contextos sociales, familiares, económicos y/o culturales son diversos a los de los hombres privados de su libertad, por lo que pidió a las autoridades penitenciarias federales atender la situación con perspectiva de género, desde la atención médica y psicológica hasta la implementación de actividades productivas, recreativas y deportivas de manera continua.
Hizo hincapié en que las autoridades penitenciarias deben evitar el aislamiento y la fragmentación de los vínculos que al interior se logran establecer entre las mujeres privadas de la libertad, que se enfrentan a situaciones de vulnerabilidad.

En la investigación realizada, la CNDH detectó irregularidades cometidas por la fiscalía de Morelos en la integración de las carpetas de investigación, al omitir indagar sobre la posible responsabilidad del personal penitenciario en el deceso de las víctimas.

“Este organismo autónomo encontró múltiples evidencias de que personal de la FGE de Morelos incurrió en irregularidades para la adecuada investigación de las carpetas de investigación iniciadas por el deceso de las personas víctimas, al no considerar otras líneas de investigación potenciales en las que se contemplara indagar respecto de las omisiones cometidas por personas servidoras públicas de ese centro carcelario respecto de la falta seguimiento médico a nueve de las víctimas.

“No llevaron a cabo mayores diligencias tendientes a investigar y determinar si existe alguna responsabilidad penal de personal de esa prisión, en tanto no se agotó el principio de exhaustividad y omitieron apoyarse de instrumentos internacionales, como el Protocolo de Minnesota -que contiene procedimientos que deben realizarse cuando acontece una muerte potencialmente ilícita-; además de que, en algunos casos, se ha excedido el plazo razonable para integrar y determinar las carpetas de investigación y han incumplido su responsabilidad de implementar perspectiva de género en las investigaciones ministeriales”, detalló.

El organismo nacional recomendó a las autoridades penitenciarias inscribir a las 13 personas fallecidas en el Registro Nacional de Víctimas, así como a las 18 personas víctimas indirectas para la reparación integral del daño; colaborar con las autoridades investigadoras en el trámite y seguimiento de la denuncia administrativa que la CNDH presentará en contra de las personas servidoras públicas responsables; y realizar un diagnóstico que identifique todos los factores posibles que están propiciando los acontecimientos de suicidio en el Cefereso 16, para emprender las acciones necesarias de atención, entre ellas, una jornada de atención a la salud mental.

En tanto que a la fiscalía Morelos, le solicitó colaborar en el trámite y seguimiento de la denuncia administrativa que la CNDH presentará por faltar al principio de exhaustividad y exceso en el plazo razonable en la integración y determinación de las carpetas de investigación relacionadas con los hechos; y realizar un análisis técnico jurídico para identificar todas aquellas actuaciones faltantes y pertinentes, a fin de invocar su realización y capacitar al personal ministerial adscrito a la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, sobre la relevancia de dirigir las investigaciones de acuerdo con lo que señala Código Nacional de Procedimientos Penales.