Organizaciones de abogados instan al gobierno electo y a la próxima legislatura a detener la iniciativa por la que los legisladores pretenden la jubilación como trabajadores al servicio del Estado.

Abogados solicitaron a la gobernadora electa, Margarita González Saravia, y a la próxima legislatura implementar acciones legales para combatir la reforma “gandalla, inmoral, indebida, ilegal e injusta” que aprobaron los diputados en la recta final de su periodo constitucional, con la que pretenden acceder a la jubilación como trabajadores al servicio del Estado y generar una nueva carga económica al presupuesto estatal.

La noche del lunes, durante la última sesión ordinaria de la LV Legislatura, fue aprobada la reforma a los artículos 58 y 59 de la Ley del Servicio Civil para que el periodo en que se ejerció la diputación sea contabilizado para jubilarse como burócratas, lo que les permitiría, incluso, retirarse con una pensión fijada con base en su último salario como parlamentarios. El beneficio se extendió también a los magistrados y titulares de órganos autónomos.

El activista, litigante y expresidente de la Barra de Abogados, Miguel Ángel Rosete Flores, calificó esta reforma como “gandalla” y se sumó a las voces inconformes con la alevosía legislativa.
Aseguró que lo que hicieron los diputados de Morelos “es la última canallada de esta legislatura”, pues no sólo se aprobaron para sí una reforma a modo, aun cuando ellos no son trabajadores al servicio del Estado, sino que extendieron el “beneficio” a los titulares de los órganos autónomos, como el fiscal estatal y el presidente de la CDHEM.
Al igual que otras organizaciones de abogados, consideró que esta reforma puede ser combatida legalmente por diferentes vías: el juicio de amparo, el veto del Poder Ejecutivo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional.

“Es una reforma inmoral, indebida, ilegal e injusta, circunstancia que se puede combatir mediante el juicio de amparo porque atentarían contra los derechos humanos de diferentes sectores de la sociedad; y dos, se buscaría que las instancias que promueven la acción de inconstitucionalidad la promovieran, pero, en primer lugar, se solicitaría al Ejecutivo su derecho de veto para vetar este tipo de reformas que atentan contra el erario y contra las arcas de los morelenses, y que, por supuesto, es una reforma gandalla, gansteril, por parte de la legislatura que está a punto de concluir”, sostuvo.  
El presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, también consideró la reforma como una afrenta a los morelenses, que debe ser combatida mediante diversas acciones legales ante el daño que significaría a las finanzas estatales.

“El agravio es el boquete financiero que se va a hacer a las arcas del erario público. Por ello el llamado es para la gobernadora electa, Margarita González Saravia, y los diputados electos para la siguiente legislatura, que ya accionen, que no sean tan permisivos al permitirle al Congreso del Estado que modifiquen la ley a modo para que se puedan jubilar junto con sus amigos.
“El llamado es para que la próxima gobernadora vete la modificación legislativa y acuda al Ministerio Público y presente denuncia por delitos cometidos por servidores públicos en contra de los legisladores que aprobaron esta reforma”, dijo.

Previo a la aprobación, también se manifestaron litigantes del Colegio de Abogados Laboralistas y de Seguridad Social en contra de la reforma, pero, pese a las críticas, los legisladores avanzaron e ignoraron las inconformidades.