Latente, problema técnico y financiero por decretos de jubilaciones de los trabajadores judiciales, sostiene el presidente del TSJ.
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Luis Jorge Gamboa Olea, afirmó que pedirá a la nueva legislatura establecer una mesa de trabajo para resolver el problema técnico y financiero de los decretos de jubilaciones de los trabajadores judiciales, así como plantear la creación del instituto de pensiones del Poder Judicial.
Informó que solicitó al Poder Ejecutivo estatal –que está en la recta final de la administración- una ampliación presupuestal de 50 millones de pesos para cumplir con sentencias de amparo y de controversias constitucionales relacionadas con decretos pensionarios.
Reconoció que efectivamente hay una recurrente omisión del Congreso de Morelos de etiquetar, durante la aprobación de los decretos, el presupuesto necesario para pagar las jubilaciones, y esto ha llevado al Poder Judicial estatal a promover cientos de controversias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Señaló que, en promedio, los diputados aprueban, sin etiquetar recursos, cerca 20 decretos pensionarios de trabajadores judiciales cada mes, lo que ha llevado al Poder Judicial a promover hasta 240 controversias constitucionales por año para reclamar que se destinen recursos para pagar las pensiones de los jubilados.
Gamboa Olea señaló que ante este problema jurídico y financiero que representan las pensiones, es necesario que la SCJN establezca un mecanismo, un criterio o jurisprudencia para atender este tema, ante el gran cúmulo de controversias que en los últimos años ha resuelto el tribunal constitucional relacionadas con jubilaciones del Poder Judicial de Morelos.
Pero también dijo que solicitará a la nueva legislatura que “nos sentemos en una mesa de análisis y de trabajo sobre el planteamiento de este tipo de jubilaciones y mecanismos para acceder a los recursos de cada una de las pensiones”.
Sostuvo que una de las propuestas que planteará a la nueva legislatura será la creación de un instituto de pensiones para el Poder Judicial, para tener un órgano y un mecanismo para acceder a los recursos y la operatividad del fideicomiso creado para tal fin.