La Corte invalida disposiciones del presupuesto estatal de egresos 2024 respecto del PJ y la CDHEM; la anterior legislatura hizo cálculos presupuestales incorrectos e incurrió en omisiones que deben subsanarse, establece el tribunal.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el Congreso local calculó incorrectamente el presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, transgredió su autonomía financiera e incurrió en una omisión al no establecer las bases para la distribución de su presupuesto entre los tribunales Superior de Justicia (TSJ) y de Justicia Penal para Adolescentes (TUJPA).
Al resolver la controversia constitucional 44/2024, el tribunal constitucional analizó los agravios expuestos por el Poder Judicial, que alegó que en el Presupuesto de Egresos del Gobierno de Morelos para el ejercicio fiscal 2024, el Congreso no sólo le impuso candados al manejo de sus recursos, sino que lo redujo sustancialmente, en completa transgresión a su autonomía financiera.
En el proyecto que el Poder Ejecutivo envió el Congreso se previó un presupuesto de mil 87 millones para el Poder Judicial, de los cuales, mil 30 millones eran para el TSJ y 57 millones para el TUJPA, sin embargo, el Poder Legislativo, al analizar la propuesta, aprobó al Poder Judicial poco más de 916 millones de pesos, de los cuales se etiquetaron varios rubros.
Por ejemplo, para el rubro de pensiones y jubilaciones, los diputados de la anterior legislatura etiquetaron casi 250 millones de pesos, lo que implicó que en términos reales, el Poder Judicial recibió para su operatividad sólo 604 millones de pesos, de los mil 30 originalmente solicitados, lo que representó una diferencia de casi 426 millones de pesos, equivalente a una reducción del 41%.
Además, no consideró que, conforme a cientos de controversias resueltas por la Corte en torno a las jubilaciones y pensiones del Poder Judicial de Morelos, el Congreso debió asignar una partida presupuestal especial para su pago.
El Poder judicial también alegó que existió un error legislativo en la estimación del “gasto programable”, afectando así el cálculo del 4.7% de este presupuesto que le corresponde conforme a su autonomía financiera.
En su resolución, el Pleno de la SCJN determinó que efectivamente el Congreso local utilizó una base de cálculo errónea para determinar el gasto programable del estado de Morelos, al considerar sólo algunos y no el total de los rubros que lo comprenden y, por lo tanto, mermó el presupuesto que debía asignarse al Poder Judicial.
También determinó que existieron omisiones legislativas que deben subsanarse e invalidó diversas disposiciones del Presupuesto de Egresos del Estado de Morelos 2024 que afectan al Poder Judicial.
En consecuencia, ordenó al Congreso asignar al Poder Judicial local una cantidad equivalente al 4.7% del gasto programable aprobado en el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Gobierno del Estado, para el ejercicio fiscal de 2024; comunicar la asignación presupuestaria resultante al Gobierno del Estado, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones correspondientes ante un diferencia presupuestal; y, al haberse determinado la existencia de una omisión legislativa, a más tardar durante el periodo ordinario de sesiones siguiente a la notificación de la sentencia, el Congreso deberá emitir las reformas necesarias a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 87, párrafo segundo, de la Constitución Política local, sobre la distribución del presupuesto entre los dos tribunales que forman el Poder Judicial.
De igual forma, al resolver la controversia constitucional 79/2024, invalidó diversas disposiciones del Presupuesto de Egresos del Estado de Morelos para el ejercicio 2024, en lo que corresponde a la Comisión de Derechos Humanos, que implicaban una injerencia en su autonomía de gestión y presupuestaria, ya que el Congreso estableció que el organismo debía cubrir con el presupuesto asignado el pago de jubilaciones y pensiones.
