Es relativa a presupuesto de nueva fiscalía.

Un juzgado federal requirió a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado de Morelos, el cumplimiento de la sentencia emitida hace más de dos años por la cual se ordenó no sólo crear, sino destinar presupuesto a Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Tortura, dependiente de la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con los estrados de Poder Judicial de la Federación, la fiscalía estatal informó al Juzgado Segundo de Distrito que realizó todas las gestiones ante el Congreso de Morelos para pedir la asignación de recursos para la operación de esta fiscalía especializada, es decir, que mediante oficio pidió a los legisladores una partida presupuestal de alrededor de cinco millones de pesos.

Sin embargo, en el expediente de juicio de amparo no existen informes en los que conste que el Poder Legislativo cumplió con la sentencia, por lo que requirió a la diputada presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, Andrea Gordillo, dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo.

En julio de 2022, el Juzgado Segundo de Distrito concedió el amparo a la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), ante la omisión del Poder Legislativo local de crear la fiscalía especializada, la cual debió ser instaurada desde el año 2017 conforme al plazo estipulado en los artículos tercero y sexto transitorio de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura. 

Sin embargo, fue hasta enero de 2024, es decir, siete años después, que fue el promulgado del decreto legislativo por el cual se creó Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Tortura, pero no se le asignó presupuesto para su funcionamiento.

Según el decreto emitido hace un año, una vez que se cuente con el presupuesto, la FGE contará con un plazo de 90 días hábiles para que la nueva fiscalía inicie operaciones, considerando que el personal que la integre deberá estar totalmente capacitado y evaluado conforme los exámenes de control de confianza.

Pese a que hace un mes fue aprobado el presupuesto 2025, la Comisión de Hacienda no ha informado sobre si se etiquetó o no la partida presupuestal para la fiscalía especializada, razón por la cual el juzgado federal requirió el cumplimiento de sentencia.