Antes, en el Código de Procedimientos Penales estaba regulado el mecanismo legal para que las mujeres –de acuerdo con las cinco causales permitidas- pudieran acceder a la interrupción del embarazo en cualquier institución de salud en la entidad, sin embargo, con la implementación del sistema de justicia penal acusatorio adversarial se omitió normar en el nuevo código procedimental el mecanismo para que se pudiera hacer efectivo ese derecho.

Es decir, antes del 2008 el Ministerio Público tenía facultades para ordenar que la mujer víctima del delito pudiera someterse a un legrado en las instituciones de salud públicas o privadas; sin embargo, en el nuevo sistema de justicia se derogó esta atribución del MP, dejándose así una laguna legal hasta ahora no subsanada ni en la legislación penal, ni de salud.

Bajo este contexto es que se elaboró un proyecto para adicionar al Código de Procedimientos Penales de Morelos fundamentado en tratados internacionales, diversos fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema y la reforma constitucional en materia de derechos humanos.

En concreto, el proyecto contempla la adición de un artículo 125 bis al Código de Procedimientos Penales en el que se establezca que, a petición de la víctima, el Ministerio Público autorizará en un plazo de 24 horas – contadas a partir de que se haga la solicitud- la interrupción del embarazo cuando el producto sea resultado de una violación; en caso de que exista peligro para la vida de la madre; el embarazo sea resultado de una inseminación artificial no consentida o se diagnostiquen alteraciones congénitas con pronóstico de muerte inminente o alto índice de letalidad en el periodo posnatal o con posibilidades de vida prolongada pero sujeta a medicación perenne.

Asimismo, se establece que las instituciones públicas de salud estarán obligadas a practicar el examen de embarazo, así como realizar la interrupción a petición de la mujer y previa autorización del Ministerio Público.

No obstante que el proyecto está listo para ser dictaminado y luego analizado en el Pleno del Congreso, falta que los diputados de los partidos de izquierda lo impulsen como tema prioritario, pues de acuerdo con algunos legisladores y organizaciones sociales, hasta ahora no está contemplado como asunto primordial, a pesar de ser uno de los asuntos importantes en la agenda del propio titular del Poder Ejecutivo.