Luego de que en la Ley de Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2014, los diputados asignaron a los cuatros tribunales que integran el Poder Judicial, un presupuesto de poco más de 567 millones, Lara Chávez expresó que hay prioridades que atender como los temas de “la justicia oral familiar, la corte de drogas, el fortalecimiento del sistema acusatorio adversarial a través del programa que les comentaba hace rato, seguir en la depuración del sistema tradicional penal, mejora de instalaciones”.

Cuestionada sobre por qué la agenda se centra en las prioridades del Tribunal Superior de Justicia cuando hay otros tribunales que forman el Poder Judicial, la magistrada presidenta expresó que “el TSJ tiene la representación (del Poder Judicial) pero cada tribunal es autónomo, y dependiendo de esa autonomía, nosotros no podemos opinar o decidir con relación a otros tribunales, no ha habido ninguna petición o no ha habido una petición formal de otros tribunales, entiendo que las condiciones serán las adecuadas o las justas para salir adelante” .

Indicó que a los tribunales Contencioso Administrativo y el Tribunal Unitario de Adolescentes, recibieron un apoyo económico presupuestal, en tanto presupuesto del Tribunal Estatal Electoral fluctúa de acuerdo a su actividad jurisdiccional.

En defensa de las críticas respecto a la debilidad de Lara Chávez para luchar por la autonomía financiera del Poder Judicial y la negativa de promover una controversia constitucional para obligar al Congreso emitir la declaratoria de la reforma para concretar dicha autonomía, Lara Chávez señaló que el tema no tuvo nada que ver su proceso de ratificación e insistió que hay asuntos prioritarios que atender. “En este momento no es un tema que estemos abordando, no es un tema que se descarte tampoco, pero hay otras prioridades, hay que avanzar en otros temas también y este por supuesto que no está descartado”, manifestó.

La reforma constitucional aprobada por el Congreso en el 2012, planteó el otorgamiento de la autonomía financiera del Poder Judicial con la asignación del 4.7 por ciento del presupuestal estatal programable; sin embargo, hasta ahora el TSJ -sobre quien recae la representación de este poder- se ha negado a iniciar acciones legales para obligar al Congreso a concluir el proceso legislativo con relación a la emisión de la declaratoria de la reforma, luego de que la mayoría de los ayuntamientos la aprobó.