Y es que el Juzgado Segundo de Distrito resolvió negar la protección de la justicia federal al edil, así como a la tesorera Liliana García Ortega y los regidores Felipe de Jesús Santa Cruz Gómez, Stephany Becerril Gómez, Guillermo Cruz Coy, Alejandra Orihuela Figueroa, Alejo Rodríguez Rosas y Valentín Martínez Galarce, contra la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA/2aS/50/2011) que ordenó al ayuntamiento pagar a un ex trabajador tres millones 807 mil 548 pesos con 45 centavos y apercibió al cabildo que de no darse cumplimiento al mandato judicial, podrían ser destituidos.
En su defensa, los funcionarios municipales argumentaron ante la autoridad federal que voluntariamente cumplieron un arresto administrativo, ordenado por la segunda sala del TCA y se ofreció un primer pago de cien mil pesos, en virtud de que el municipio no cuenta con recursos para hacer frente al millonario adeudo, ya que sin éxito “ha solicitado de manera conjunta con otros municipios la aprobación de un crédito al Congreso del Estado, para poder solventar el pago de distintos laudos laborales y sentencias administrativas y civiles, por lo que se encuentran -el edil y los miembros del cabildo- imposibilitados jurídica y materialmente para cumplir con la condena impuesta en el juicio de origen”.
En contraparte, la segunda sala del TCA argumentó ante el juez de distrito que las autoridades municipales demandadas, “no habían acreditado implementar alguna medida idónea para dar cumplimiento a la sentencia, porque en la última acta de cabildo constaba que se habían limitado a establecer que el municipio siguiera realizando las acciones necesarias para cumplir, y que solicitara una prórroga pero que en concreto nada habían convenido y por el contrario sólo retrasaban el cumplimiento, al no implementar mecanismos de transferencias y adecuaciones a las diversas partidas que integran su presupuesto”.
Ante los argumento expuestos por las partes, el Juzgado Segundo de Distrito resolvió en el expediente 1375/2013, no conceder el amparo al presidente municipal Carlos Eduardo Martínez Varela, la tesorera Liliana García Ortega, y miembros del cabildo, quienes pueden recurrir aún al recurso de revisión ante un tribunal colegiado para ganar tiempo para conseguir fondos y evitar su destitución.
