Expresó que durante el 2013 el organismo emitió un total de 63 recomendaciones, de las cuales, fueron aceptadas por las autoridades municipales o estatales poco más de 60 por ciento.

El titular del Poder Ejecutivo fue quien recibió más recomendaciones con un total de 10, seguido por los municipios de Temixco, Cuautla, Yautepec y Huitzilac. La mayor parte de las recomendación son por negligencia médica en las clínicas y hospitales, dilación en los procesos e irregularidades en la integración de carpetas de investigación por parte de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), abusos de autoridad de las corporaciones policíacas, agresiones contra periodistas, desatención a las víctimas del delito y la violencia.

Previo a su informe anual de actividades, señaló que la CHDEM enfrenta muchos obstáculos en su misión de defensa de los derechos humanos, ante la intransigencia de algunos funcionarios e instituciones. “Sí ha habido avances significativos, pero vemos mucha resistencia de las autoridades a seguir los mecanismos que ahorita exige la reforma constitucional, que es realmente incluir los pactos, tratados y convenios internacionales, que las recomendaciones sean pruebas en cualquier”, dijo.

Como un ejemplo de las resistencias institucionales, explicó que hay órganos internos de control que, para justificar el cumplimiento de una recomendación de la comisión, aplican sanciones mínimas y no proporcionales a la gravedad de las violaciones a los derechos humanos. “A veces de lo que no estamos de acuerdo son las medidas de apremio, bajo las cuales se cumplen, o sea que  a veces se quedan las sanciones a los servidores públicos bajas, o sea, si tu cometes una abuso de autoridad o un extrañamiento, a veces es insuficiente”.

Señaló también que no es suficiente que las autoridades acepten sino que cumplan cabalmente las recomendaciones, pero ante las resistencias llamó al Congreso a apuntalar a la Comisión de Derechos Humanos con la comparecencia de aquellos servidores públicos que omiten el cumplimiento y transgreden las garantías fundamentales de los ciudadanos.

“Sería muy bueno que el Congreso se tomara muy enserio el mecanismo de citar comparecer a los servidores públicos que no cumplan una recomendación, porque sería una forma de coercibilidad de que no tan fácil un servidor público no cumpla una recomendación”, señaló.