Durante una ponencia ofrecida en la sede del Congreso de Morelos, señaló que existe un incremento gradual en el número de menores que participan en conductas antisociales como robo calificado y delitos contra la salud.

Detalló que mientras en el 2013 fueron consignados al TUJA 264 menores, de los cuales 201 fueron vinculados a proceso, de enero a mayo de este año se han iniciado procesos contra 144 adolescentes (123 hombres y 18 mujeres).

En Morelos los delitos de mayor incidencia cometidos por menores son el robo calificado, seguido por delitos contra la salud en sus distintas modalidades, violación, homicidio y secuestro. Más del 50% de los adolescentes en conflicto con la ley son de los municipios de Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec y Emiliano Zapata.

Pérez Güemes sostuvo que el tribunal especializado es el último eslabón de la cadena de atención de adolescentes, cuando otras alternativas han fallado como la familia, la escuela, la sociedad y la comunidad.

En razón de ello, dijo, es necesario atender las causas que orillan a los menores a involucrarse en hechos delictivos, pues está comprobado que existe relación estrecha entre las situaciones de rezago y de exclusión social que afectan el óptimo desarrollo y calidad de vida de los adolescentes con las conductas antisociales.

Con este esbozo, la titular del TUJA recalcó que la situación de pobreza no es el único factor de criminalidad, sino también la falta de oportunidades, la discriminación y la violación de los derechos de los adolescentes son elementos de riesgos.

“Si tenemos que atender las causas que originan realmente esta comisión de conductas antisociales y que tiene que ver con muchos factores, no nada más ayudar económicamente a los niños, porque no debemos ver a la pobreza solamente como la carencia de bienes materiales, sino que si vivimos en un sociedad en donde no se respetan los derechos de los jóvenes y los adolescentes, pues esto significa por sí mismo vivir en una condición de pobreza y entonces, al no tener normas que protejan íntegramente su derechos, pues estamos propiciando que reiteradamente estén cometiendo conductas antisociales”, recalcó. 

Dijo que el marco jurídico debe reformarse para incluir desde la igualdad de género hasta la creación de un sistema de protección para niños, niñas, adolescentes y jóvenes a la altura de las necesidades de esta parte de la población, que representa el 33% del total de los habitantes de la entidad.

“La actualización y modernización de los textos legales relativos, es una necesidad impostergable (…) Debemos revisar y actualizar con prontitud nuestro sistema relativo a las juventudes, para establecer condiciones apropiadas para tutelar verdaderamente sus derechos fundamentales”, afirmó.

Por ello llamó a los diputados hacer un análisis del marco normativo para concretar reformas y actualizaciones legales para maximizar la protección de los derechos de niñas, niños y jóvenes.