De acuerdo con el fiscal, Rodrigo Dorantes Salgado, la tarde del domingo, elementos de la Policía de Investigación Criminal aprehendieron al dirigente Luis Alejo Rosales, en cumplimiento de la orden de aprehensión liberada por un juez el Tercer Distrito Judicial, con sede en Cuautla.

El fiscal detalló que en la carpeta de investigación SC01/4824/2014, el pasado 30 de julio, las presuntas víctimas narraron que se encontraban en la planta tratadora de aguas residuales ubicada en el kilómetro 8 de la carretera Tepalcingo-Cuautla, en el municipio de Jonacatepec, donde se realizaba un acto público del gobernador.

Hasta ese lugar llegaron cerca de 800 integrantes del Sinatrec para exigir al gobierno de Morelos la incorporación del sindicato a los contrataos de construcción de la autopista Siglo XXI y otras obras para dar empleo a sus agremiados, cuya consigna ha sido rechazada reiteradamente por las autoridades estatales por considerar que esta organización abusa de sus integrantes y usa la violencia como medio de presión.

El subsecretario de Gobierno y varios de sus colaboradores –narró el fiscal– atendió a los inconformes; pero cuando los servidores públicos se disponían a retirarse, el dirigente sindical incitó a la violencia y amenazó a los funcionarios con lincharlos.

“Integrantes del mismo sindicato que se estaban inconformando rodean a las hoy víctimas y las amenazan con lincharlos (sic) y gritándoles, diciéndoles que no las dejarían ir hasta que les dieran una solución, siendo que este líder citado, Luis Alejo Rosales, era el que directamente dirigía este tipo de acciones para que las víctimas fueran intimidadas.

“Y esta persona, al girar instrucciones, las amenazaba en que si no les daba la cita con el gobernador, los iban a linchar, encuerar, amarrar y tirar en jagüey de aguas residuales, no importándoles que una de las hoy víctimas se encontraba o se encuentra en estado de gravidez”, explicó.

Dorantes Salgado sostuvo que los servidores públicos fueron obligados, mediante amenazas y la privación de su libertad durante varias horas, a firmar ante un notario público el compromiso de concretar una audiencia con el gobernador.

Señaló que en las circunstancias en las que ocurrieron los hechos descritos por las víctimas se configura el delito de secuestro agravado, como lo establecen los artículos 9 y 10 la Ley General para Prevenir y Sancionar el Delito del Secuestro.

El titular de la FGE consideró como agravantes de la privación de la libertad el hecho de que una de las víctimas se encontraba embarazada y que hubo amenazas de tratos indignos e inhumanos hacia los funcionarios estatales.

Ayer mismo se realizó la audiencia de imputación al líder sindical en la sala de juicios orales de Atlacholoaya. El argumento para llevar a cabo la audiencia en ese lugar fue que había riesgo de manifestaciones o situaciones que pudieran poner en riesgo la seguridad de algunos de los intervinientes en el proceso judicial.

Cambios en la Policía de Investigación Criminal

Por otra parte, el fiscal Dorantes Salgado informó de los cambios en la Policía de Investigación Criminal, los cuales se efectuaron con la finalidad de mejorar la operatividad de la corporación.

En la Dirección Operativa fue designado Juan Carlos Valero Zagal, quien cuenta con 20 años de servicio, ocupó diversos cargos en diferentes grupos dentro de la corporación y durante su trayectoria recibió varios reconocimientos, uno de ellos de parte del Departamento de Seguridad Interna del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica.

En la Dirección Metropolitana fue nombrado Gabino Javier Pérez Pérez, quien cuenta con 15 años de experiencia y en los próximos días concluirá la licenciatura en Derecho.

También fue designado como director de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía Regional Sur-Poniente, Oldair Quiroz Medina, abogado con más de 16 años de servicio.