Desde la aprobación hace casi dos años de la reforma constitucional para dotar al Poder Judicial estatal de autonomía financiera,  no ha sido emitida la declaratoria para darle vigencia.

De acuerdo con la reforma, los tribunales tendrían derecho al 4.7 por ciento del total del presupuesto programable anual. Sin embargo, la misma representante del Poder Judicial, Nadia Luz Lara Chávez, ha puesto en duda los beneficios de la autonomía financiera en los términos que fue planteada, razón por la cual la acción legal contra el congelamiento de la declaratoria se retiró.

Sin embargo, el tema será analizado a la luz de la discusión del presupuesto estatal del próximo año junto con un paquete de pendientes relacionados con la impartición de justicia.

Cuestionado sobre el tema, Carlos de la Rosa expresó que “lo estamos analizando, son varias reformas las que tenemos en relación con el Poder Judicial, entramos en la dinámica de la designación (y evaluación para ratificación o no) de magistrados, entramos en la dinámica de esta autonomía financiera, entramos en muchos rubros, tenemos que aplicar el haber por retiro, entonces todo este tipo de movimientos generan algún presupuesto que hay que plantear, por lo tanto, formará parte del análisis del presupuesto y la viabilidad de esta autonomía financiera, porque es un porcentaje importante que corresponde al presupuesto, lo que habría que analizar si no impacta demasiado a otros rubros a donde también queremos redireccionar”.

Insistió en que se requerirá de un análisis meticuloso de estos temas relacionados con el Poder Judicial, especialmente ante la demanda presupuestal de otras instituciones y de los rubros que el Congreso debe priorizar.

Sin embargo, dijo, “yo siento que económicamente de acuerdo con el presupuesto planteado, no tendríamos cómo darle los insumos suficientes con el presupuesto que se marcó para esta autonomía financiera, habría que ver si no afecta en demasía la redirección del presupuesto para darle esta autonomía financiera”.