Detalló que un juez y un magistrado están bajo medidas cautelares, tras haber recibido amenazas por presuntos miembros de la delincuencia organizada. Reservó los nombres de ambos juzgadores y los expedientes penales que originaron las intimidaciones, por considerar que es información sensible que amerita mantenerse en sigilo.
Indicó que ella también enfrentó situaciones de riesgo (sin precisar si se trató de amenazas u otras circunstancias) y que ameritó un monitoreo de sus actividades por parte del Ejército Mexicano, como parte de la colaboración interinstitucional que se estableció con las fuerzas de seguridad federal.
Afirmó que este monitoreo a sus actividades es por tiempo indefinido y aclaró que no se trata de una medida de custodia personal.
“Que quede muy puntual que no es una custodia hacia mi persona por parte del Ejército, hay que tenerlo muy puntual, pero lo que sí quiero definir es que no soy la única funcionaria que tiene acercamiento con las cuestiones de seguridad o que tiene una protección, un cuidado, hay otros funcionarios de otras instancias (…), del Poder Judicial tenemos a dos personas con una custodia, pero esa es una custodia específica derivada de procedimientos y que están con un esquema de custodia”, expresó.
Expresó que los servidores públicos que se encuentran en cargos de decisión siempre corren ciertos riesgos y particularmente los jueces y magistrados suelen ser vulnerables ante las resoluciones que emiten tanto en materia penal como en otras áreas donde no están exentos de incidencias.
Lara Chávez señaló que otros funcionarios judiciales han estado expuestos porque de repente “se llegan a dar amenazas o podríamos llamarlo hasta bravuconerías, en ocasiones de gente que de alguna forma ha sido procesada o llegado a una sentencia, y una sentencia considerable, derivado de asuntos graves y que se siente agraviada en su esfera de derechos, y entonces la misma emoción, el mismo ánimo del momento ha generado exabruptos en ese sentido”.
Sin embargo, aseguró que por el momento las situaciones no han requerido aplicar medidas cautelares extraordinarias, salvo en dos casos.

Replantear autonomía financiera
Por otra parte, consideró necesario que desde el Congreso se replantee el tema de autonomía del Poder Judicial, porque el 4.7 por ciento del presupuesto programable no garantiza un incremento anual presupuestal para los tribunales.
Como ejemplo, señaló que este año el Poder Ejecutivo previó una reducción de su presupuesto programable, lo que implicaría –en el supuesto de que se emitiera la declaratoria y entrara en vigor la autonomía financiera- que los tribunales recibirían menos recursos.
“Este próximo año tenemos entendido que el Ejecutivo del estado va a haber (sic) una reducción en este sentido, obviamente que este 4.7 por ciento, no obstante que se sigue manteniendo en ese porcentaje, hablando en pesos, habría una disminución de significativa (para el Poder Judicial)”, dijo.
Rechazó que haya un acuerdo con el Congreso del estado para mantener congelada la declaratoria de la reforma constitucional y recalcó que hay un gran interés por lograr la autonomía financiera del Poder Judicial, pero “de ahí que si en este momento realmente no es conveniente no vamos a perjudicar a la propia institución, no es que haya un acuerdo, es que es cuestión de números y de conveniencia para el propio crecimiento de la institución”.
Por ello, dijo, “este tema tiene que ser evaluado o reevaluado porque estamos hablando de esa fluctuación que cada año, a la mitad del año estaríamos sujetos, porque el 4.7 por ciento no se mueve, pero se mueven los factores que generan ese 4.7 por ciento (que podría aumentar o disminuir el presupuesto judicial); entonces ese movimiento, esa fluctuación si nos genera un impacto, de ahí que tendríamos que hablar a lo mejor de un replanteamiento de esa autonomía financiera”.