El año pasado la representación legal de este Ayuntamiento promovió una primera controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por la presunta retención ilegal de participaciones federales por parte de la autoridad hacendaria estatal, sin embargo el municipio se desistió del recurso y aparentemente logró un acuerdo para liquidar el “préstamo” que el gobierno del estado le hizo a la administración de Noé Reynoso Nava, a principios del 2013 para enfrentar los pasivos heredados por el otrora edil Alfonso Miranda Gallegos.

Sin embargo, en los meses de febrero y marzo la Secretaría de Hacienda realizó nuevos descuentos, a las participaciones federales que le tocaban al municipio de Amacuzac por un monto total de un millón 463 mil 737 pesos.

Inconforme, el municipio promovió la controversial constitucional 19/2015 y la SCJN le concedió la suspensión, para efecto de que la autoridad hacendaria estatal no realice nuevos descuentos o retenciones hasta que se resuelva de fondo el recurso.

El Ayuntamiento alegó que la secretaría responsable realizó retenciones sin consultarle y sin que existiera un acuerdo formal entre las partes, afectando así notablemente las finanzas municipales, en virtud de que prácticamente no recibió en el mes de marzo las participaciones federales que le correspondían.

De acuerdo con el municipio actor, el 27 de febrero le fueron descontados 487 mil 991 pesos; el 5 de marzo nuevamente le fueron retenidos por la Secretaría de Hacienda 429 mil 222 pesos con 99 centavos; y el 11 de marzo le fueron descontados 546 mil 599 pesos con un centavo. 

El año pasado seis municipios promovieron controversias constitucionales por el descuento de participaciones federales por parte de la Secretaría de Hacienda, la que adoptó la medida para recuperar adelantos de recursos entregados en 2013 a la mayoría de los municipios para que pudieran hacer frente a deudas heredadas.

Algunos se desistieron de las controversias, pero otros continuaron con los procedimientos, siendo el municipio de Tlaquiltenango en primer precedente.

En este caso la Primera Sala de la SCJN ordenó al gobierno de Morelos devolver con intereses las participaciones federales retenidas al municipio el año pasado, sin embargo, recalcó que ante la existencia de un adeudo del Ayuntamiento para con el Gobierno del Estado de Morelos, debía llevarse a cabo la regularización de la situación del cobro de la deuda y para ello el Poder Ejecutivo del estado y Tlaquiltenango debían acordar la forma, tiempo y montos de pago a través de la firma de un convenio.