No obstante, permanecen vigentes dos órdenes de aprehensión en contra del líder en Cuernavaca del SME, Héctor Salazar Porcayo, y otro integrante más de la dirigencia sindical por la misma causa.
De acuerdo con los abogados de los ex trabajadores electricistas, la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) habría actuado con alevosía y ventaja, para cumplir con la consigna de detener a los dirigentes del SME.
Y es que el pasado viernes, un juzgado federal de la Ciudad de México determinó levantar la suspensión que protegía a los ex electricistas de una detención y sobreseer el juicio de amparo, debido a que el informe justificado de la PGR establecía que no había orden de aprehensión en contra de los líderes sindicales y por lo tanto no había acto que reclamar.
Sin embargo, sabiendo el resolutivo federal y que los ex electricistas estaban jurídicamente desprotegidos, la delegación de la PGR solicitó al Juzgado Cuarto de Distrito la liberación de sendas órdenes de aprehensión.
La mañana del lunes, elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) ejecutaron la orden de aprehensión en contra de Marco Antonio García Barrera, quien la madrugada de este lunes obtuvo su libertad tras pagar una caución de 10 mil pesos, lo cual le permitirá enfrentar su proceso en libertad.
No obstante, siguen vigentes las órdenes de aprehensión en contra de Héctor Salazar Porcayo y Benjamín Toledo, subsecretario general y tesorero de la división Cuernavaca del SME, también por la presunta privación ilegal de la libertad de un grupo de funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ocurrida el pasado 17 de febrero cuando de la CFE y del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes acudió a las instalaciones de la “Agencia Gobernadores”, ubicada en la colonia Recursos Hidráulicos de Cuernavaca, para llevar a cabo un inventario de estas instalaciones que, en su momento, pertenecieron a la extinta compañía paraestatal Luz y Fuerza del Centro.
De acuerdo con los abogados, se espera el momento procesal oportuno para solicitar el pago de fianza para que Porcayo y Toledo, al igual que Barrera, enfrenten los cargos en libertad.
