El presidente de esta organización, Juan Juárez Rivas, expresó que en reiteradas ocasiones solicitó formalmente a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Nadia Luz Lara Chávez, que tomara medidas para que los jueces familiares cumplan con sus responsabilidades y velen por el interés superior de los menores.

Informó que hace casi dos meses presentó un nuevo oficio a la presidencia del TSJ para exponer nuevamente las irregularidades que ocurren en los juzgados familiares, que van desde ausencia de jueces en las audiencias, hasta la demora en la emisión de acuerdos y sentencias, pese a las necesidades apremiantes de los menores como la alimentación.

“Los jueces por la gravedad del asunto tienen que presidir sus audiencias, para que de manera inmediata puedan resolver todo lo relacionado con los derechos de los menores. Por ejemplo, a veces los jueces no se pronuncian sobre la cuestión de los alimentos, pero si no lo hace el juez, tampoco lo puede hacer la secretaria de acuerdos. O algunos jueces incluso no solamente no presiden las audiencias, sino que cuando en la demanda uno pide las medidas cautelares para que designen, señalen la pensión alimenticia, van hasta el absurdo, diciendo que una vez que el niño acredite su necesidad de recibir alimentos se acordará lo conducente”.

“Esto obliga a la madre o al niño a que presente dos testigos, los cuales podrán comparecer un mes o dos meses después, dependiendo de las cargas de trabajo de los juzgados, y eso dificulta una justicia familiar pronta y en beneficio de los niños”, explicó.

Manifestó que han sido frecuentes las peticiones a la magistrada presidenta del TSJ, pero en lugar de ayudar y supervisar que los jueces cumplan con su deber, se enoja y reclama a los litigantes que las inconsistencias del trabajo de juzgadores familiares sean ventiladas en los medios de comunicación.

Afirmó que ante la falta de respuesta de Lara Chávez, el Colegio Morelense de Abogados solicitará al Congreso, a través de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para que se emita un exhorto a fin de que la titular del TSJ tome medidas para que el interés superior de la infancia y los adolescentes sea privilegiado y que los jueces cumplan con su deber de impartir justicia pronta y expedita, máximo cuando está de por medio el bienestar de menores.