Desde que se destapó el escándalo por la presunta inhumación irregular de más de una centena de cuerpos en esa fosa común, el entonces encargado de despacho y ahora fiscal dio explicaciones imprecisas.

Finalmente ayer, ante la reacción y las abundantes dudas de diversas organizaciones no gubernamentales y de abogados, el fiscal estatal -en conferencia de prensa- afirmó que de acuerdo con la información recabada por la Coordinación General de Servicios Periciales que avalan la legalidad de la fosa y el panteón donde se ubica.

“Es falso que existen fosas clandestinas en Morelos toleradas por la autoridad, en todos los casos se trata de fosas comunes debidamente establecidas que cuentan con distintos documentos que las avalan dentro de este panteón”, dijo.

A pesar de que hace unos días, en un boletín de prensa la fiscalía afirmó que las carpetas de investigación relacionadas con los 103 cuerpos en la fosa común de Tetelcingo “se encuentran a disposición para consulta derivada del interés de cualquier institución, organismos defensores de derechos humanos o de atención a víctimas”, el fiscal acotó el acceso a ellas.

“No es factible poner a disposición del público en general las carpetas de investigación, debido a la obligada secrecía de las mismas tal como lo determina la ley. Lo que sí es posible en Morelos y en todo México, es que los familiares de personas desaparecidas puedan realizar estudios junto con nosotros para determinar la compatibilidad o parentesco con alguno de estos cadáveres”, dijo.

Señaló que la fiscalía trabajará con la Comisión de Atención a Víctimas del Estado de Morelos, con la finalidad de facilitar a familias de desaparecidos la realización de pruebas de identificación y determinar si algunos de los cuerpos en las fosas corresponden a sus consanguíneos.

“Decidí invitar a la Comisión de Atención a Víctimas para ejercer el acompañamiento que mejor proceda respecto de este caso. De hecho, acabo de proponer hace unos minutos a la titular de esa comisión, una reunión de trabajo para atender este tema. Asimismo en relación con las 103 carpetas de investigación del resto de las víctimas, reiteramos que se integran todas las pruebas periciales correspondientes a cada caso”.

Reiteró que la institución inició las investigaciones correspondientes para determinar el por qué fue realizada la inhumación del cuerpo de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández (quien fue identificado y reclamado por su familia) en la fosa común de Tetelcingo, cuyo caso detonó la polémica y la investigación.

Recalcó que en caso de comprobarse la probable irregularidad en el caso de Oliver, se aplicarán las sanciones administrativas y penales procedentes.

Por la mañana, el fiscal estatal de reunió con las agrupaciones adheridas al Foro Morelense de Abogados, donde los principales temas fue la fosa de Tetelcingo, la reestructuración y las necesidades presupuestales de la institución.

Necesaria exhumación

La presidenta del Instituto de Análisis Forenses e Investigación Criminal, Blanca Andrea Vega Vargas, consideró viable y necesaria la exhumación de los cuerpos de la fosa de Tetelcingo, para efecto de tomar nuevas muestras e integrar nuevamente las carpetas de investigación de los decesos, con la finalidad de coadyuvar a la pronta identificación de los cadáveres.

“Yo lo único que le pido al fiscal que como equipo de trabajo, que tenemos estar unidos en el estado de Morelos, es entregarle a los familiares, a las personas que los andan buscando, no pueden estar muchos cadáveres sin su familia”, dijo.

Representante de ONU en Morelos

También ayer la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, Lucero Benítez Villaseñor, recibió en su oficina a Tom Haeck, representante de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, quien documentó el caso de la fosa de Tetelcingo y la situación que priva en Morelos en torno a los derechos humanos.

Benítez Villaseñor expuso el caso de Jaime Domínguez, activista que denunció actos de tortura, tratos crueles e inhumanos por parte del Mando Único por oponerse a la termoeléctrica, así como las recomendaciones emitidas por el organismo local defensor de derechos humanos sobre casos  de tortura policiaca, como el caso de los ciudadanos de Jiutepec que resultaron con quemaduras graves después de su detención y puesta a disposición.