El lunes el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, se reunió con la familia de Oliver, el rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez; el fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y secretario de Extensión de la AEM, Javier Sicilia; Alejandro Solalinde, coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana; y representantes de otras organizaciones no gubernamentales y de autoridades federales.

Durante el encuentro, Javier Sicilia pidió que el caso sea atraído por instancias federales, como la Procuraduría General de la República (PGR), porque la fiscalía morelense no puede investigarse a sí misma.

El rector Alejandro Vera Jiménez manifestó la indignación causada por la actitud insensible del gobierno de Morelos, por lo que demandó a la PGR y la CNDH tomar acciones para evitar que estos crímenes queden impunes y sean castigados.

“En un país en el que existen 25 mil desaparecidos, el hecho de que la propia Fiscalía tenga sus fosas, es increíble”, sostuvo.

Valentina Peralta, representante de la organización Eslabones por los Derechos Humanos e integrante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, pidió que las investigaciones tomen en cuenta a las familias de los desaparecidos en el país, ya que la delincuencia organizada no respeta la geografía política y es probable que en las fosas de Morelos puedan estar los cuerpos de personas desaparecidas provenientes de cualquier parte del territorio nacional e incluso de otros países.

Rafael Mateos Poumian, director general de Atención y Seguimiento a Recomendaciones y Conciliaciones en Materia de Derechos Humanos de la PGR, se comprometió a investigar el caso y a requerir la información necesaria.

Como resultado del encuentro, este martes mediante un comunicado el presidente de la CNDH anunció la atracción del caso del joven Oliver Wenceslao Navarrete Hernández y de decenas de cuerpos encontrados en “fosas clandestinas” (dice textualmente el documento del organismo) y solicitó medidas cautelares al gobierno de Morelos.

De inmediato instruyó al segundo visitador general Enrique Guadarrama López para que se traslade de inmediato a la comunidad de Tetelcingo, donde se ubican las fosas, y pidió al gobierno de Morelos que otorgue medidas cautelares para garantizar la preservación del lugar de los hechos, conservar el registro que contenga la identificación de personas que intervengan en la cadena de custodia y de quienes están autorizados para reconocer y manejar los indicios, huellas o vestigios, de lo sucedido.

Adicionalmente, en sendos oficios dirigidos al secretario de Gobierno Matías Quiroz Medina y al fiscal general Javier Pérez Durón, la CNDH pidió se otorguen medidas cautelares que permitan garantizar la vida e integridad física de las señoras María Concepción y Amalia Alejandra Hernández Fernández, madre y tía de Oliver, quienes han enfrentado una serie de obstáculos burocráticos y presiones gubernamentales, tras destapar las irregularidades en la operación de la fosas comunes y las inhumaciones de cadáveres no identificados por parte de la fiscalía estatal.

Magro informe de FGE

Sin considerar la magnitud y trascendencia que tomó el caso de Oliver y las fosas comunes, la FGE presentó ante la CDHEM un informe de apenas unas cuantas hojas, donde no se dio respuesta a las interrogantes planteadas por el organismo local, como cuál es el número exacto de cadáveres ahí inhumados, y si hay evidencias de cada uno cuenta con una carpeta de investigación con la ficha técnica que describa las características de los cuerpos, señas particulares (marcas, cicatrices, tatuajes), fotos o videos que permitan su posterior identificación.

Fabiola Colín Bolaños, secretaria ejecutiva de la CDHEM, detalló que “nos dicen que sí hay una fosa, que sí existen las carpetas de investigación, que sí siguieron los protocolos, pero no nos dan un número determinado (de cuerpos inhumados)”.

Afirmó que el informe requerido está incompleto y la fiscalía no entregó evidencias que convaliden sus dichos, lo que deja entrever que “no tienen estructurada toda la información que deberían de tener, porque cuando una institución tiene toda la información inmediatamente la exhibe”.

Precisó que ante los vacíos de información, el organismo solicitó a los 33 ayuntamientos y a los Servicios de Salud de Morelos diversos informes, y adelantó que el municipio de Cuautla ratificó que el panteón de Tetelcingo no cuenta con ningún permiso y opera ilegalmente.

El único antecedente es que en 1998 se propuso el panteón como proyecto, pero nunca se realizaron los trámites, ni se cumplió con una serie de requerimientos de infraestructura básica para la inhumación de cuerpos.

Entrevistada horas antes del pronunciamiento de la CNDH, Colín Bolaños señaló que en caso de que el organismo nacional atrajera el caso, la CDHEM entregaría toda la información hasta ahora recolectada y sería la CNDH la que finalmente tendría que hacer el pronunciamiento respectivo.

El 24 de mayo del 2013, Oliver Wenceslao fue privado de su libertad y días después, el 3 de junio, fue encontrado sin vida en el paraje conocido como “Papagayos” en el municipio de Ayala. 

Tras su plena identificación, a través de pruebas de ADN, su familia reclamó el cuerpo, pero la fiscalía solicitó el resguardo del cadáver de Oliver para abundar en las investigaciones y esclarecer el caso.

En diciembre de 2014 la familia reclamó la entrega del cuerpo, pero su sorpresa fue que el cuerpo de Oliver fue depositado, junto con 148 cadáveres más, en una fosa común que fue habilitada por la fiscalía en un predio de Tetelcingo de manera ilegal, porque no tenía las autorizaciones, ni cumplía con la regulación sanitaria para el depósito de restos humanos.

La familia exigió la exhumación de todos los cuerpos para recuperar los restos de Oliver, pero se topó con trabas burocráticas, que la obligó a promover una queja ante la CDHEM que finalmente destapó una serie de irregularidades y orilló al menos a siete madres de familias más, a iniciar acciones legales para que la fiscalía identifique si entre los cuerpos inhumados de forma ilegal se encuentran sus hijos.

La familia de Oliver logró recuperar el cuerpo, sin embargo desde entonces han ocurrido una serie de hechos y contradicciones. Primero, se dijo que había 150 cadáveres inhumados en la fosa, luego que eran 105, luego 103 y versiones no oficiales, basadas supuestamente en documentos de los Servicios Periciales de la FGE, que eran 118 cuerpos.

Hasta ahora el fiscal estatal Javier Pérez Durón ha dado declaraciones ambiguas a los medios de comunicación y no ha mostrado ni de manera privada con las víctimas y familiares de desaparecidos, ni de manera pública, evidencias que coadyuven a esclarecer la verdad histórica y a explicar con certeza a la sociedad qué sucedió.