Cecilia González Gómez, ex esposa del delegado federal de la Secretaría de Desarrollo Social, Jorge Meade Ocaranza, denunció ser víctima de amenazas y de despojo de  una propiedad por parte de su ex pareja.

La representante legal de Cecilia González, Tania Jiménez Guadarrama, narró que la pareja se separó de manera voluntaria en 2007, aunque la causa de la ruptura fue la violencia física y emocional que el servidor público ejercía sobre ella. 

Tras el divorcio,  los hijos de ambos, Pamela y Jorge Ocaranza, donaron de manera vitalicia a su madre una propiedad valuada en más de 12 millones de pesos, para que ella la habitara, pero hace un año el delegado federal pidió a su ex esposa desocupar temporalmente el inmueble para realizar una remodelación, pero este fue el pretexto para despojarla de la casa. 

La abogada señaló que de manera extrajudicial se llamó al delegado de Sedesol “para generarle conciencia de lo que jurídicamente a él le corresponde y lo que jurídicamente corresponde a mi representada y nunca tuvimos respuesta. 

“La verdad es que la intención de mi clienta no era llegar a estos puntos, sin embargo, hoy la conducta del delegado nos ha llevado a tomar medidas fuertes como un juicio ordinario civil, como denuncias penales como (sic) intimidaciones, amenazas que ha recibido mi representada, incluso yo también he recibido anónimos pidiendo que desista de este juicio, entonces resulta lamentable porque el señor es una figura pública, es alguien  que está frente a una institución de carácter social, en el que predomina ponderar la célula de la sociedad que es la familia, y hoy en día ni siquiera él es capaz de fomentar este tipo de situaciones con la madre de sus hijos, despojándola de la única propiedad en donde ella podría habitar”, explicó

Acusó que durante el juicio de divorcio Meade Ocaranza ocultó información sobre cuentas bancarias e inmuebles, para evitar que su ex pareja gozara del usufructo del 50 por ciento del patrimonio generado durante el tiempo que duró la unión conyugal, lo que puede dar pauta a un nuevo juicio familiar.

Afirmó que el juicio que se ventila en el Juzgado Cuarto Civil del Tribunal Superior de Justicia se realiza hasta ahora en condiciones de imparcialidad y equidad para las partes, y confió en que el caso se juzgará con perspectiva de género, que uno de los ejes fundamentales que exige la Alerta de Violencia de Género que desde agosto se aplica en ocho de  los 33 municipios de Morelos. 

Recalcó que la intención de hacer pública esta situación que involucra el delegado federal obedece a que él sigue ejerciendo violencia contra su ex esposa, pues no sólo la ha despojado del único lugar que tenía para vivir y no ha logrado obtener trabajo porque en cualquier lugar, por intervención del funcionario federal, se le niega una fuente de empleo.