Organizaciones sociales y sindicales exigieron reformas a la legislación penal del estado, para impedir que feminicidas evadan la ley con la reclasificación del delito y se beneficien con penas inferiores.
Previo a la conmoración del 8 de marzo “Día Internacional de la Mujer”, las organizaciones adheridas Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de las y los Trabajadores y las Garantías Constitucionales, realizaron la Caminata contra la Violencia Feminicida en Morelos, que partió del Congreso local y concluyó en la explanada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Juliana García Quintanilla, coordinadora de la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) e impulsora de la Alerta de Violencia de Género, informó que tanto a los legisladores como a la titular del TSJ se les entregaron escritos, en los que se hace una enérgica protesta por el aumento de la violencia contra la mujer y contra la laxitud legal que permite que los feminicidas evadan la acción de la justicia y obtengan condenas inferiores.
“Lo que solicitamos puntualmente es que del Código Penal se elimine el artículo 129, que contraviene lo que marca puntualmente la penalización de feminicidio, porque cuando se habla de la sanción por feminicidio que ya está establecida en el código, los abogados de los feminicidas se apoyan en el artículo 129 para modificar el delito de feminicidio por homicidio”.
“Entonces eso hace es que las penas disminuyan y, por lo tanto, esa actitud de modificar, de acomodar la ley al beneficio del agresor, es lo que permite que se siga incrementando la cifra de feminicidio porque no hay una sanción como tal”, dijo.
Explicó que el Código Penal se modificó para sancionar el feminicidio con una pena mínima de 40 años y una máxima de 70 años de prisión, pero en el estado de Morelos no hay penas que se apoyen es esta disposición legal y la mayor parte de los agresores obtiene penas inferiores, gracias a la reclasificación del feminicidio a homicidio o al acogerse a los juicios abreviados.
“Mientras no haya una sanción puntual y por lo tanto un aporte desde el Legislativo, no podemos hablar que se está atendiendo la Alerta de Violencia de Género. Creemos que las deficiencias todavía están ahí pendientes y que se tienen que cambiar para demostrar que la AVG se está atendiendo”.
Indicó que si bien la ley establece que toda muerte violenta de mujeres debe ser investigada desde el inicio como feminicidio, la fiscalía no aplica los protocolos y los decesos se tratan como sólo homicidios, en beneficio de los agresores.
Por ello, consideró que es responsabilidad de los impartidores de justicia enderezar las causas penales cuando los agentes del Ministerio Público no adoptan los protocolos y dejan lagunas en los expedientes que benefician a los feminicidas.
“Creemos que si los jueces enderezaran los expedientes podemos hablar que se está atendiendo el feminicidio, por eso el otro documento al TSJ es en ese sentido, que los jueces y las juezas tengan que sancionar como lo marcan las leyes morelenses y como lo apunta el protocolo”, recalcó.
Agregó que desde la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género en agosto de 2015 a la fecha, suman ya más de 40 feminicidios perpetrados en la entidad, lo que demuestra que la violencia contra la mujer aumenta.
