La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la reubicación de más de un  centenar de cuerpos no identificados ni reclamados a una nueva fosa común, que se habilita ya en un panteón privado en el municipio de Cuautla. 

Tras la polémica por las irregularidades detectadas en la inhumación de cuerpos en la fosa común de la fiscalía estatal en el panteón comunitario de Tetelcingo, cuyo sitio opera desde hace años sin cubrir los requisitos y podría ser clausurado en breve por el Ayuntamiento de Cuautla si no se regulariza, la fiscalía optó por no correr riesgos.

El titular de la FGE, Javier Pérez Durón, explicó que la fosa será reubicada al panteón privado Jardines del Recuerdo, el único sitio que cubre los requisitos legales y cuenta con una concesión para la inhumación de cuerpos por 20 años.

Precisó que la Secretaría de Obras estatal avanzó en la habilitación de la nueva fosa y calculó que a finales del mes de abril, podría realizar la exhumación e inhumación digna de los cuerpos en el panteón privado.

“Tenemos un 80% de avance en esta dignificación de las gavetas, que es lo que estamos esperando y es lo que nos ha estado atrasando. El proceso desgraciadamente se tiene que llevar a cabo de unos procesos que nos han retardado un poco pero ya está, ya está la Secretaría de Obras. Si quieren luego los invito para que vayamos de manera conjunta y veamos los avances de estas obras de un 70, 80%, yo creo que en unas tres semanas podemos ya empezar con el procedimiento”, dijo.

Afirmó que la exhumación de los cuerpos, la toma de nuevas muestras biológicas para la realización de pruebas de identificación genética y posterior sepultura en la nueva fosa, estarán a cargo de la FGE, quien contará con la colaboración de la Procuraduría General de la República (PGR).

“Recordemos que la carpeta de investigación la tenemos nosotros, nosotros queremos sacar los perfiles genéticos pero vamos a pedir la colaboración de la PGR y desde luego de otras instituciones, de las asociaciones (de víctimas y desaparecidos) no tenemos ningún problema, lo que queremos es transparencia en este asunto”, afirmó.

No descartó, pero tampoco consintió tácitamente la probable colaboración del equipo técnico-científico de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), quien implementa el primer Programa de Identificación Humana en el país, auspiciado con recursos internacionales del Programa “Fénix” y la Universidad de Granada en España, y que ya recolectó 25 muestras biológicas para iniciar las pruebas de identificación genética e integrar una base de datos que permita cruzar información con la PGR y otras procuradurías, para saber si en la fosa de Tetelcingo, o en alguna otra en Morelos, se encuentran los cuerpos de personas desaparecidas en la entidad u otros estados.

La polémica de la fosa de Tetelcingo surgió con el caso de Oliver Wenceslao, comerciante que fue secuestrado el 24 de mayo del 2013, y días después fue encontrado sin vida en el paraje conocido como “Papagayos”, en el municipio de Ayala. 

Tras su plena identificación a través de pruebas de ADN, su familia reclamó el cuerpo, pero la fiscalía solicitó el resguardo del cadáver de Oliver para abundar en las investigaciones y esclarecer el caso.

En diciembre de 2014, la familia reclamó nuevamente la entrega del cuerpo, pero su sorpresa fue que el cuerpo había sido depositado en marzo de ese año, junto con 148 cadáveres más, en una fosa común que fue habilitada por la fiscalía en el panteón de Tetelcingo de manera irregular, porque no tenía las autorizaciones ni cumplía con la regulación sanitaria para el depósito de restos humanos.

Luego de que el caso salió a la luz pública, organizaciones civiles y no gubernamentales exigieron el esclarecimiento y la identificación de los cadáveres ante la presunción de que algunos pudieran corresponder a personas desaparecidas.