Diversos municipios interpusieron controversias constitucionales ante la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN) con la reforma a la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno de Morelos y la Ley de Transporte de Morelos.

Por lo menos media decena de ayuntamientos promovió ya su respectivo recurso de impugnación ante el alto tribunal para manifestar su inconformidad con los cambios a diversas legislaciones como la del instituto en cuestión y la del transporte, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, por considerar que afecta el erario municipal, transgrede su autonomía financiera e invade competencias de las comunas.

Municipios como Mazatepec y Tlaquiltenango impugnaron en sus controversias la reforma integral a la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno de Morelos, publicada mediante decreto el 21 de julio de 2016, que autoriza al gobierno del estado gestionar y contratar un financiamiento o empréstito con cualquier institución de crédito integrante del sistema financiero mexicano y afectar las participaciones presentes que le correspondan a los ayuntamientos, así como constituir o modificar un fideicomiso irrevocable como mecanismo de pago del financiamiento.

También impugnaron diversos artículos reformados y adicionados a la Ley de Transporte de Morelos y a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable de Morelos, y diversos artículos transitorios en relación con la implementación y medidas administrativas del Sistema Integrado de Transporte.