Lunes, 09 Diciembre 2019 05:16

Proponen privatizar alumbrado público

Casi la mitad de las luminarias en la ciudad no funciona.

El Ayuntamiento de Cuernavaca pretende concesionar el servicio de alumbrado público, por lo que solicitó  la autorización del Congreso del estado.
Durante la sesión ordinaria del miércoles 4 de diciembre pasado, el Pleno del Congreso dio a conocer la solicitud aprobada por el Cabildo y que fue turnada a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública.
El planteamiento del gobierno municipal busca concesionar el servicio público de alumbrado a una empresa, con la justificación de que se ve imposibilitado a prestarlo de manera eficiente a los ciudadanos.
En el documento se dieron a conocer los resultados del censo aplicado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y un informe generado por el ayuntamiento que revela el mal estado en el que se encuentra el alumbrado de las calles de la capital.
De acuerdo con dicho informe, en Cuernavaca existen 30 mil luminarias, de las cuales el 40 por ciento, o sea, 12 mil aparatos, no funciona.
En el mismo oficio, el Cabildo señala que para poder arreglar las 12 mil luminarias se requiere una inversión de 300 millones de pesos, recursos con los que no cuenta el gobierno municipal, por lo que el ayuntamiento capitalino solicitó al Congreso su autorización para ceder en concesión de una asociación público-privada la prestación del servicio público de alumbrado.

 

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El presupuesto del 2020 debe aprobarse en esta semana, así como las leyes de ingresos de los municipios; prevén recortes en áreas como la Oficina de la Gubernatura.

Esta semana, el Congreso del estado tendrá que aprobar el Paquete Económico  del gobierno del estado para el ejercicio fiscal 2020, y las leyes de municipales de ingresos, por lo que en estos días se podría concretar una reunión entre los diputados y el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, para definir acuerdos.
La presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG), Alejandra Flores Espinoza, informó que se buscará un acercamiento con el mandatario estatal por los ajustes que el Congreso tiene proyectado realizar al Paquete Económico.
Adelantó que habrá disminución en el presupuesto de la Oficina de la Gubernatura a propuesta de la mayoría de los legisladores, con la finalidad de compensar en otros rubros donde el Poder Ejecutivo planteó recortes.
Flores Espinoza sostuvo que pese a las diferencias que aún persisten entre los diputados para la aprobación del Presupuesto de Egresos, se buscará que sea totalmente social y sin atender a intereses particulares.
Por ello, la diputada adelantó hablar del encuentro con el mandatario y señaló que a pesar de que la facultad de modificar y aprobar el Paquete Económico, en base a la propuesta hecha por el Ejecutivo, es del Congreso, buscarán que el presupuesto y la Ley de Ingresos estatal se aprueben en base a consensos.


GRAVES AUMENTOS EN COBROS DE DERECHOS ESTATALES

En tanto, Flores Espinoza aseguró que también se ha puesto atención en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020, ya que el Ejecutivo planteó aumentos en el cobro de derechos que afectarían gravemente a los ciudadanos.
Dijo que se hicieron observaciones a los derechos ambientales, ya que por el cobro de compensación que se pretende aplicar es por la construcción de viviendas de 201 metros cuadrados hacia arriba, cuando hasta este año se estipuló de 10 mil 201 metros cuadrados, es decir, para grandes desarrollos y no para casas.
Dicha observación es analizada por la Comisión de Hacienda, así como otros incrementos.


EN REVISIÓN, LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES 

Por su lado, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, la diputada Rosalina Mazari Espín, informó que están en revisión 35 de las 36 iniciativas de leyes de ingresos que se presentaron por los municipios, junto con el paquete de reformas planteadas por los alcaldes a la Ley de Hacienda Municipal y la modificación a la Ley de Coordinación Hacendaria, que recientemente propuso la diputada panista Dalila Morales  Sandoval para establecer nuevamente el Fondo General de Aportaciones en 25 por ciento de las participaciones federales.
Al respecto, la legisladora priista refirió que de aprobarse lo anterior se desahogaría en la próxima sesión ordinaria de Pleno, al igual que otras adecuaciones legales.

 

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El Congreso podría aprobar el convenio con Ferrosur antes de que concluya el actual periodo.

El Congreso del estado podría aprobar el convenio entre el gobierno del estado y la empresa Ferrosur, la próxima semana, lo que permitirá que en 2020 se reactive el transporte ferroviario en la zona oriente de Morelos.

Ayer viernes, la secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo, Ana Cecilia Rodríguez González, compareció ante los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, y explicó el objetivo del segundo convenio, que sería una extensión del que firmó la administración estatal pasada con la empresa.

La funcionaria recordó  a los legisladores que el gobierno de Graco Ramírez abandonó dicho proyecto, que permitirá una reactivación económica para la región oriente de la entidad y de las empresas que se ubican en la zona.

“Los beneficios son conectar Morelos con la red ferroviaria del país; potencializar la economía de la región tendiendo un transporte rápido, económico y sustentable”, resaltó la funcionaria.

Asimismo, Ana Cecilia Rodríguez González explicó a los diputados que a seis meses de que se reactive el transporte ferroviario en Morelos, el gobierno del estado podrá recuperar los 107 millones de pesos que se invirtieron para rehabilitar las vías del ferrocarril y que se tomaron del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (Fidecomp).

Además, refirió que la empresa Ferrosur generará para el estado 100 millones de pesos más con inversión privada, de acuerdo con lo establecido en el convenio que se busca autorice el Congreso del estado.

Tras los cuestionamientos de los legisladores, la diputada Rosalina Mazari Espín, presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, aseguró que en los próximos días se procederá al dictamen del acuerdo a fin de que sea votado por el pleno del Congreso, lo que podría concretarse antes del 15 de diciembre, que es cuando concluirá el periodo ordinario de sesiones.

 

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Viernes, 06 Diciembre 2019 05:15

Exigen garantizar estacionamiento gratuito

El Congreso exhorta a los ayuntamientos a vigilar el cumplimiento de reglamentos que exentan el cobro hasta por dos horas.

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No se ha formalizado el aumento en el presupuesto local de la Máxima Casa de Estudios del estado.

A 10 días de que concluya el período ordinario de sesiones en el Congreso del estado, el dictamen de reforma constitucional que permitirá un aumento presupuestal del 0.5 por ciento a favor de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) sigue estancado.
De acuerdo con la diputada panista Dalila Morales Sandoval, impulsora de la propuesta, desde hace dos semanas ya se había logrado un acuerdo para la aprobación de la reforma al artículo 121 de la Constitución Política del Estado de Morelos.
Sin embargo, el dictamen sigue detenido en la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación y, al parecer, no hay un consenso definido para que se presente al Pleno para su aprobación antes del 15 de diciembre.
Por tratarse de una reforma constitucional, una vez aprobada, la minuta deberá turnarse a los 36 municipios para su aprobación como Constituyente Permanente, a fin de que se emita la declaratoria de validez constitucional. Dicho proceso se  llevaría al menos 30 días.
La diputada panista declaró ayer sobre el tema que el acuerdo más claro que existe entre los legisladores es que "sí se va a apoyar a la universidad".
No obstante, ya no habló sobre la aprobación de la reforma constitucional, pues refirió que el rector de la UAEM Gustavo Urquiza Beltrán pidió a los diputados aguardar sobre el apoyo económico que se espera sea autorizado por la Federación en los siguientes días.
La reforma constitucional garantizará el  tres por ciento del presupuesto del estado a la UAEM, lo que significaría alrededor de 800 millones de pesos para el 2020.

    

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Si no se garantiza un incremento en los ingresos de los ayuntamientos para el próximo año, las autoridades no podrán garantizar ni siquiera la prestación de los servicios básicos, afirma Dalila Morales.

La diputada panista Dalila Morales Sandoval afirmó que regresar a los municipios el cinco por ciento de sus participaciones federales evitará una problema social debido a la insuficiencia presupuestaria que se prevé en los ayuntamientos para el 2020, a causa de la anulación del impuesto adicional.
En entrevista, la legisladora local sostuvo que la propuesta de reforma de la Ley de Coordinación Hacendaria busca ayudar a la economía de los ayuntamientos sin "pegar en el bolsillo de los ciudadanos" con más incrementos en derechos e impuestos municipales.
Además, refirió que si no se garantiza un incremento en los ingresos de los municipios para el próximo año, las autoridades no podrán garantizar la prestación de los servicios municipales básicos, como la recolección de basura y mucho menos habrá obra pública.
"El tema no es generar condiciones a cargo del ciudadano, que es lo más importante. Podemos ayudar a los municipios y es la solución más real que podemos encontrar y que no pegue a los ciudadanos", añadió Morales Sandoval.
La diputada dijo que la propuesta ha sido vista "con buenos ojos", por lo que se podrían generar los consensos entre la mayoría de los legisladores para aprobar la iniciativa de reforma a la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado.
Sin embargo, Morales Sandoval refirió que, de concretarse la propuesta, los ayuntamientos deberán comprometerse a la transparencia del ejercicio de los recursos públicos, ya que se ha confirmado el mal uso de los ingresos municipales por las administraciones municipales pasadas.

 

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Plantean extender el periodo hasta el 31 de diciembre para favorecer la regularización en el trámite.

El Congreso del estado exhortó a la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) a que  autorice una segunda prórroga -hasta el 31 de diciembre- para el cumplimiento del programa de reemplacamiento 2019. 
En sesión de Pleno, el diputado pesedista Alfonso de Jesús Sotelo Martínez presentó un punto de acuerdo con el fin de plantear a la dependencia estatal una ampliación del período de canje de placas, en beneficio de los automovilistas a los que les resultó "imposible" cumplir con dicha obligación.
"El motivo primordial de solicitar una prórroga más, es primordialmente apoyar a las familias en su economía y eviten pagar multas y recargos, asimismo atendiendo a que durante el mes de diciembre, a diferencia del resto del año, la mayoría de los ciudadanos percibe mayores ingresos, ya sea por concepto de aguinaldos, o en el caso de los comerciantes y empresarios, que aumentan sus ventas, lo que constituye una mayor posibilidad de afrontar gastos como el que se genera con el canje de placas", expuso el legislador Sotelo Martínez en el acuerdo que fue votado por la mayoría de los legisladores.
El programa de reemplacamiento venció de manera oficial el 30 de septiembre. Sin embargo, la Secretaría de Movilidad y Transporte autorizó una prórroga hasta el 30 de noviembre.
El exhorto del Congreso del Estado es con la finalidad de que los ciudadanos puedan canjear sus placas hasta el 31 de diciembre de este año sin tener que pagar recargos a la Hacienda estatal.

Designan a secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios

El Pleno del Congreso designó como titular de la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios a Francisco Betancourt López.
El funcionario se encontraba como encargado de despacho, sin embargo, la tarde de este miércoles, fue ratificado en la representación.

 

 

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Regresan pensión a hermana de la presidenta del TSJ.

Guillermina Jiménez Serafín fue ratificada por el  Congreso del estado  como magistrada supernumeraria del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por un período de ocho años.
En sesión ordinaria, ayer, el Pleno del Congreso  tomó protesta a la magistrada, quien por dos años litigó su derecho a ser ratificada, luego de que la LIII Legislatura determinó como no procedente su permanencia, por supuestamente no haber cumplido con los requisitos de evaluación.
El dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno (JPyG) fue votado a favor por 13 diputados, en cumplimiento a la sentencia emitida en el recurso de revisión por el segundo Tribunal Colegiado en materia penal y administrativa del décimo circuito, derivado del juicio de amparo 1917/2017.
La ratificación de la magistrada será un contrapeso en el TSJ, que se encuentra fracturado desde hace varios meses.
Durante la misma sesión ordinaria, los diputados ratificaron también a José Luis Jaimes Olmos, como magistrado suplente del Tribunal de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, en cumplimiento a lo establecido en la sentencia emitida del juicio de amparo en revisión 375/2018, emitida por el primer Tribunal Colegiado en materia penal y administrativa del Décimo Octavo Circuito.

También, el Pleno del Congreso devolvió su pensión por cesantía en edad avanzada a Patricia Ana María Guadalupe Cuevas López, hermana de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Verónica Cuevas.
El dictamen fue votado de urgente y obvia resolución, luego de que el diputado José Casas González lo presentó de último momento ante el Pleno, como presidente de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
El dictamen con proyecto de decreto se aprobó con la finalidad de reformar el artículo segundo del decreto número 3261, por el que se concedió la pensión a Cuevas López, quien se desempeñó como secretaria de estudio y cuenta del TSJ, en cumplimiento a la sentencia dictada en la controversia constitucional 185/2018 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con fecha de 22 de mayo de 2019.

 

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La medida requiere una reforma hacendaria encaminada a resarcir la pérdida del llamado impuesto adicional.

Los diputados locales buscarán regresar a los municipios el 25 por ciento de los recursos totales del Fondo General de Aportaciones, con el fin  de evitar un impacto en sus finanzas por la anulación del impuesto adicional de sus leyes de ingresos, que fue declarado por la Corte como inconstitucional.
En diciembre del 2012, la LIII Legislatura modificó la Ley de Coordinación Hacendaria, a fin de que el cinco por ciento de las participaciones federales a los municipios fuera usado para la creación del Fondo General para la Seguridad Pública en el Estado, a fin de dar vida al Mando Único, a propuesta del ex gobernador perredista Graco Ramírez.
Este miércoles, en sesión ordinaria, la diputada panista Dalila Morales Sandoval presentó, de último momento, una iniciativa para modificar la citada ley hacendaria, con el fin de apoyar a los municipios.
La legisladora sostuvo que la anulación del impuesto adicional será un “duro golpe” a las finanzas de los municipios, que ya enfrentan problemas económicos graves por las deudas heredadas de las administraciones anteriores.
En la propuesta, la diputada expuso que con la desaparición del impuesto adicional los municipios dejarían de percibir un monto superior a los 350 millones de pesos anualmente, pero de concretarse la citada reforma legal, los ayuntamientos recibirán 485 millones de pesos más de las participaciones federales.
La propuesta que impulsó Dalila Morales Sandoval será discutida en las siguientes horas por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública.

 

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Permitirá al gobierno estatal firmar convenios con la iniciativa privada para el desarrollo de proyectos de infraestructura.

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