La diputada petista dice que se opone a que se adquieran unidades para uso de sus homólogos.

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Fueron aprobadas de manera irregular por la anterior legislatura para beneficiar a familiares y colaboradores cercanos de exdiputados.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” entró en vigor la abrogación de otro bloque de “pensiones doradas”, que fueron aprobadas de manera irregular por la anterior legislatura para beneficiar a familiares y colaboradores cercanos de ex diputados a pesar de no cumplir con los requisitos legales.

En esta ocasión fueron abrogados 11 decretos pensionarios por jubilación y cesantía en edad avanzada, en los que los beneficiarios no cumplieron con los trámites legislativos, con los años  de trabajo previstos en la Ley del Servicio Civil y hasta habrían incurrido en la posible comisión de delitos.

Las pensiones abrogadas corresponden a Severino Báez Márquez, quien fungió como auxiliar administrativo de la ex diputada Beatriz Vicera Alatriste, quien también enfrenta un proceso penal por presunto peculado; Gilberto García Díaz, ex gestor del ex diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero; Karina Arteaga Gutiérrez, ex directora del Recursos Humanos del Congreso de Morelos; Froylán Figueroa Espinosa, ex asesor del ex diputado Efraín Esaú Mondragón Corrales; Eugenia Andrade Cortés, ex auxiliar administrativo de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social; Yissy Griselda Toledo Gargallo, ex asesora de la ex diputada Silvia Irra Marín; y Juan Bobadilla Cuenca, ex auxiliar del ex diputado Julio Espín Navarrete.

También fue abrogado el decreto pensionario de Helena Marín Sánchez, esposa del ex diputado José Tablas Pimentel Siendo, quien la incluyó en la nómina legislativa como secretaria técnica.

Otros de los decretos abrogados fueron los de Rocío Flores Reynoso, ex trabajadora de la fiscalía general del estado; José Zavaleta Castro, ex Policía de Investigación Criminal; y Miguel Arellano Rivera, ex custodio.

Al igual que en el primer bloque de 24 decretos abrogados en el mes de abril, en esta ocasión también el Congreso del Estado ordenó a su área jurídica iniciar los procedimientos administrativos y las denuncias penales que sean necesarias, en contra del servidor público que solicitó el trámite de Jubilación, así como en contra del o los ex servidores públicos, servidores públicos en activo, presidentes municipales, secretarios municipales, directores o directores generales de recursos humanos, oficial mayor, y de cualquier otro funcionario que hayan expedidos los documentos de manera irregular o ilegal.

Hasta el momento, han sido abrogados 35 de los 70 decretos pensionarios aprobados por la anterior legislatura y que fueron sujetos a revisión por los actuales diputados ante la sospechas de irregularidades.

 

 

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Viernes, 12 Julio 2019 05:13

Los diputados adquirirán 23 vehículos

El gasto será de más de siete millones de pesos.

A días de concluir el primer año de la LIV Legislatura, los diputados locales se autorizaron la compra de 23 vehículos último modelo, lo que significa un gasto de más de siete millones de pesos.
El acuerdo fue tomado el pasado miércoles 10 de julio por las coordinadoras de los grupos y fracciones parlamentarias con el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, a fin de que en los siguientes días se adquieran los automóviles mediante un proceso de licitación. 
En entrevista, Sotelo Martínez confirmó el acuerdo y aseguró que los vehículos se adquirirán para uso institucional.
"No es una adquisición personal pero si serán de uso institucional, no de los diputados pero si de las actividades propias de las comisiones", manifestó. 
Dijo que era necesaria la adquisición de automóviles, luego que los ex diputados decidieron autovenderse los vehículos que se adquirieron con recursos del Congreso local. 
Por ello, recordó, el año pasado la LIV Legislatura presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) que aún no ha dado resultados. 
Sotelo Martínez también confirmó la compra de equipo de cómputo que, dijo, es necesario para el trabajo del Congreso.

 

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Se registraron en la convocatoria como aspirantes a comisionado de dicho órgano.

En el proceso de designación de un nuevo comisionado del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) existe un nuevo conflicto de interés, ya que varios colaboradores de los actuales diputados se registraron en la convocatoria como aspirantes a dicho cargo. 
De acuerdo con el registro de la Junta Política y de Gobierno, 20 ciudadanos participan en el proceso de designación; sin embargo, algunos ya han sido cuestionados por su cercanía con los actuales legisladores. 
El Centro de Investigación "Morelos Rinde Cuentas" señaló la cercanía de dichos aspirantes con los diputados y cuestionó la falta de transparencia del Congreso, al no hacer públicos sus perfiles. 
De acuerdo con el Centro de Investigación, los aspirantes que tendrían conflicto de interés son: Alberto Salgado Pérez,  quien funge como coordinador del Comité de Transparencia del Congreso de Morelos. Además, se desempeñó como director de licencias de funcionamiento y Asesor jurídico del diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, presidente de la Mesa Directiva. 
Ramón Rosales Juárez, quien es padre del actual secretario Técnico de la Comisión de Igualdad de Género, Jesús Rosales Puebla, órgano que preside la diputada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Keila Celene Figueroa Evaristo. 
Hugo Omar Aranda Nava se desempeña actualmente como secretario técnico de la Comisión de Desarrollo y Conflictos Agrarios que preside el diputado Andrés Duque Tinoco. También fue Director de Licencias de funcionamiento en la administración del ahora diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez. 
Otros perfiles fueron señalados por Morelos Rinde Cuentas por mal desempeño en los cargos que han representado, como Francisco Miguel Yáñez Sánchez, quien fue titular del Órgano Interno de Control del IMIPE y se negó a atender solicitudes de información del centro de investigación. 
Esteban Muñoz Insausti, encargado de despacho de  la Dirección  de Estadística y Encuestas del IMIPE, así como Ulises Patricio Abarca, quien dirige la ponencia de la Comisionada Mireya Arteaga Dirzo del IMIPE. 
En la lista de aspirantes también aparece Claudia Mariana Aponte Maysse,  ex procuradora del Estado. 
Hertino Avilés Albavera tomó protesta como secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral (CEE) del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) y fue magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. 
Oscar Miguel Puig Hernández, fundador del COBAEM, fue integrante de la dirigencia del PRI y aspirante a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM). 
Jaime Castera Moreno es un abogado que también buscó ser magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA). 
Jorge Morante Román, ex Director Jurídico del Municipio de Amacuzac 2016-2018 en la presidencia de Jorge Miranda Gallegos. 
Leonora Valentina Jiménez Franco era responsable del Fideicomiso de Apoyo y Asistencia a Víctimas del Estado y fue coordinadora de la Comisión de Selección para el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos.
De acuerdo con los diputados locales, se espera que el próximo lunes se concrete dicho nombramiento, aunque también podría postergarse para el período extraordinario que se abrirá el 19 de agosto próximo. 

 

 

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Sin acuerdos para elegir a los próximos titulares de la Mesa Directiva y de la Junta Política y de Gobierno.

Los diputados locales abrirán un período extraordinario de sesiones para el próximo 19 de agosto, a fin de concretar la renovación de las presidencias de la Mesa Directiva y de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado.
La falta de acuerdos entre las tres fuerzas de mayoría en el Congreso -Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES)- obligaron a que los cambios en los órganos de control se postergaran, explicó el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez.
Dijo que hasta el momento los 20 legisladores están en igualdad de circunstancias para ocupar cualquiera de las dos posiciones, de ahí que se acordó postergar la renovación de las presidencias.
Por su lado, la diputada priista Rosalina Mazari Espín refirió que el acuerdo de abrir un período extraordinario de sesiones se tomó con la finalidad de no afectar los acuerdos que se darán en los próximos días para nombrar al titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) y de un comisionado del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE).
De igual forma, dijo que se busca desahogar más de 15 dictámenes de ley y reformas de ley, por lo que los asuntos políticos se postergaron para un período extraordinario de sesiones.

 

Remueven de Mesa Directiva a Marcos Zapotitla
El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) concretó su primer cambio en la Mesa Directiva, a unos días de que concluya el primer año de la LIV Legislatura, pues logró que el Pleno removiera a Marcos Zapotitla Becerro como primer secretario y colocó en su lugar a Ariadna Barrera Vázquez. 
Durante la sesión ordinaria de este jueves, la coordinadora del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Keila Figueroa Evaristo propuso incluir de último minuto un acuerdo para remover a Zapotitla Becerro, a quien acusó de haber violado en reiteradas ocasiones la Ley Orgánica del Congreso del Estado.
La diputada expuso que su homólogo ha registrado más de 15 faltas de septiembre del año pasado a la fecha; incumplió con su obligación como secretario de la Mesa, al negarse a firmar puntos y dictámenes aprobados por el Pleno, y lo  señaló de haber ejercido violencia en contra de los diputados a los que en tribuna calificó de analfabetas.
Con 15 votos a favor, Morena logró remover a quien aún es militante de dicho partido pero que durante la legislatura ha fungido como oposición. 
Con ello Morena, Partido Encuentro Social (PES) y sus aliados del PAN, PRI y Partido Humanista (PH), aunque con la oposición del Partido del Trabajo (PT), PRD y Nueva Alianza (Panal), aseguraron los votos en la Diputación Permanente -que se instalará el 15 de julio- para convocar a un período extraordinario de sesiones el próximo 19 de agosto, cuando se definirá la renovación de la Mesa Directiva y la Junta Política y de Gobierno. 
Tras su cambio, Marcos Zapotitla Becerro manifestó en tribuna que su remoción de la Mesa Directiva era un asunto político y no de legalidad. Reveló que en diciembre del 2018 presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por la presión que seis legisladores ejercieron sobre él en noviembre del mismo año para que renunciara a su curul y su lugar lo tomara el suplente, a fin de conformar un bloque de siete legisladores "para, como se ha dicho, poner de rodillas al gobernador, por lo que se pretende extorsionarlo", acusó.
Sostuvo que corresponderá a la Fiscalía investigar si se cometió un delito y castigar a los responsables por la complicidad de ese grupo de legisladores. 
Al retirarse de la Secretaría de la Mesa, Zapotitla Becerro decidió llevarse su silla hasta el lugar de su curul. 

Aprueban nueva ley para el Instituto de la Mujer
En misma sesión ordinaria, los diputados aprobaron la  declaratoria de validez de la reforma al artículo 19 Bis de la Constitución Política del Estado de Morelos, en materia de participación ciudadana. 
La reforma fue aprobada por 24 municipios de 36 en el estado.
Los legisladores también aprobaron una nueva  Ley del  Instituto de la Mujer para que goce de autonomía constitucional, y cuente con total independencia en el ejercicio de sus atribuciones. 
Durante la misma sesión, los diputados conocieron dos nuevas iniciativas del Gobernador Cuauhtémoc Blanco para crear la Ley de Asociaciones Público Privadas y  una propuesta de decreto para que el Congreso autorice al gobierno estatal firmar un segundo convenio con la empresa Ferrosur.

Los diputados declararon un receso y podrían volver a sesionar hoy o el lunes.

 

 

 

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El gobernador respalda cambios en Secretaría de Hacienda.

El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo dijo estar en disposición de mediar para la solución de los conflictos internos en el Partido Encuentro Social (PES), del que es militante.

El Ejecutivo estatal expresó que lo más importante es llegar a acuerdos y dejar de lado las peleas o desacuerdos. “Yo creo que me voy a sentar con ellos y lo más bonito es tener un buen equipo de trabajo” mencionó, al recordar que desde antes de ser candidato a la gubernatura por la coalición Juntos Haremos el Cambio, es militante del PES.

Blanco Bravo fue cuestionado sobre los señalamientos que ha surgido ante el proceso de elección de la dirigencia estatal de Encuentro Social luego de obtener el registro como partido local.  

Delegados nacionales así como la diputada Maricela Jiménez Armendáriz han hecho señalamientos en contra de quien ha sido dirigente nacional, Hugo Eric Flores Cervantes, asegurando que han sido eliminados del padrón de militantes y les han hecho de lado en esta nueva etapa partidista.

El gobernador lamentó las diferencias y consideró que es importante el diálogo, porque es factible que al ver la forma en la que creció ese partido, existan intereses externos que le apuestan a la división: “lamentablemente así es la política… hay algunos que están interesados y a lo mejor esas mismas personas que están interesados les están metiendo ideas otros personajes para crear conflictos. Me voy a sentar con ellos para hablar, estaré como mediador, ustedes saben que pertenezco a PES hicimos una buena coalición y lo más importante es llegar a un acuerdo”.  

Por otro lado, el mandatario estatal indicó que el secretario de Hacienda estatal, Alejandro Villarreal Gasca, habrá de establecer comunicación con el nuevo titular de la Secretaría de Hacienda federal, Arturo Herrera Gutiérrez, al tiempo de apuntar que respeta la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador al hacer cambios en su gabinete.

El gobernador entregó este jueves reconocimientos y estímulos económicos de diez, siete y cuatro mil pesos a los jóvenes que obtuvieron medalla de oro, plata y bronce, respectivamente, en las olimpiadas deportivas Nacional y Juvenil Nacional representando a Morelos.

Blanco Bravo se comprometió a apoyar a los deportistas talentosos y a  fomentar el deporte en la entidad.

 

 

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Pide diputado transparencia al Poder Judicial en el caso.

Trabajadores del Congreso local pidieron que se aplique la ley en contra de sus antecesores que desviaron los recursos que correspondían a las aportaciones del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM).
El secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo, Erick Alejandro Reyes Chávez, celebró que se haya vinculado a proceso a la ex legisladora Hortencia Figueroa Peralta, pero dijo que se debe llegar al fondo del caso para resarcir el daño que se causó a todos los trabajadores, principales afectados de las irregularidades que se cometieron en la LIII Legislatura. 
"Que regresen el dinero si ellos (se lo llevaron) porque es una parte importante que se dará a la ciudadanía, que las cosas se están haciendo bien", manifestó Reyes Chávez.
El líder sindical recordó que se trata de 23 millones de pesos que no se entregaron al Instituto de Crédito, a pesar de que si se les descontó de sus salarios.
A causa de eso, actualmente el Instituto de Crédito les tiene suspendidos algunos derechos, como acceder a créditos hipotecarios y para automóviles.
"Nosotros estamos pendientes de la situación, porque es importante que se esclarezca a dónde fueron a dar los recursos que se nos retiraron a cada uno de los trabajadores, es una buena cantidad, estamos hablando de 23 millones de pesos que, ahorita la autoridad está vinculando a proceso a los responsables, es importante que se sepa que los trabajadores fuimos los principales afectados (sic) y si se tiene que resarcir reintegrando el dinero que se haga", apuntó.


Pide diputado Sotelo Martínez transparencia al Poder Judicial en caso de exdiputadas

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, pidió al Poder Judicial que haya transparencia en los casos de las ex diputadas que son investigadas por el delito de peculado. 
El legislador aplaudió que finalmente se haya vinculado a proceso a la ex diputada Hortencia Figueroa y confió en que se llegue al fondo del caso. 

 

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Buscan aprobar hoy leyes en materia de seguridad.

La falta de acuerdos para concretar la renovación de los órganos de control en el Congreso del estado ha entrampado una vez más la designación del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) y de un comisionado del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE).
Durante la tarde de este miércoles, las coordinadoras de los grupos y fracciones parlamentarias se reunieron con el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, en la Conferencia para la Programación de los Trabajos Legislativos, a fin de buscar un acuerdo sobre la designación del próximo presidente del Congreso, que tendría que concretarse el 15 de julio próximo.
Sin embargo, el diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez informó que si no se lograban acuerdos en las siguientes horas, se convocará a un período extraordinario de sesiones para el mes de agosto para desahogar el proceso de renovación de los órganos de control.
El legislador del Partido Encuentro Social (PES) rechazó que se hayan reunido con el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo para lograr acuerdos en los "oscurito", sobre temas que sólo conciernen a la vida interna del Congreso del Estado.
Por su lado, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC) Ana Cristina Guevara Ramírez consideró que es necesario que haya cambios en la Junta Política y de Gobierno y la Mesa Directiva del Congreso local que ayuden a un mejor desarrollo del trabajo legislativo.
De acuerdo a la versión extraoficial de algunos diputados, la falta de acuerdos en las nuevas designaciones del Congreso ha provocado que una vez más se entrampen las negociaciones para nombrar al titular de la ESAF y al nuevo comisonado del IMIPE.
A pesar que la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, presidenta de la Junta Política y de Gobierno, informó que a más tardar este 12 de julio se concretarían dichos nombramientos, todo parece indicar que podría postergarse.
Mientras tanto, ayer la Junta Política y de Gobierno cerró el registro de aspirante a comisionado del IMIPE, con 20 ciudadanos que se enlistaron en el proceso.

Aprobarían hoy leyes en materia de seguridad
A pesar del jaloneo político por los órganos de control en el Congreso del estado, los legisladores acordaron aprobar hoy en sesión ordinaria los dictámenes para crear varias leyes: la de videovigilancia; la que busca regular el uso de tecnologías de la información y comunicación de la Comisión Estatal de Seguridad; la de Empresas de Seguridad  Privada; y una reforma al Código Penal del estado para endurecer las penas en contra de quienes cometan el delito de extorsión.
El diputado Marcos Zapotitla Becerro, presidente de la Comisión de Seguridad y Protección Civil del Congreso, aseguró que dichas propuestas emanadas del Poder Ejecutivo no serán "monedas de cambio" por las negociaciones al interior del Congreso, pues aseguró que la mayoría de los diputados hicieron el compromiso de avanzar en el tema de la seguridad pública, por lo que consideró que hoy serán aprobadas por el Pleno. 

 

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Miércoles, 10 Julio 2019 05:14

Hortencia Figueroa, a proceso por peculado

También está acusada por no entregar las cuotas al Instituto de Crédito ya descontadas a los trabajadores; Patricia Izquierdo recibe su tercera vinculación a proceso.

La exdiputada perredista Hortencia Figueroa Peralta fue vinculada a proceso por el delito de peculado en perjuicio del Congreso del estado.
La tarde de ayer, una juez de control de juicio oral decretó en audiencia que había elementos para vincular a proceso a la exdiputada por un presunto mal manejo de los recursos públicos del Congreso del estado y por no haber enterado las aportaciones de los trabajadores al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del estado cuando estuvo al frente de la Mesa Directiva.
La juez de control, Teresa Soto Martínez, determinó que en cuatro meses se cerrará la investigación. Como medidas cautelares determinó la firma periódica en la última semana de cada mes; no salir del país; no acercarse a las víctimas y testigos, así como no acudir al Instituto de Crédito y al Congreso del estado.
De acuerdo a las pruebas que presentó la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la exlegisladora no enteró lo equivalente a 29 quincenas y el agravio fue de un monto aproximado de 23 millones de pesos.

 

Patricia Izquierdo, sujeta a proceso penal por tercera ocasión

Por tercera ocasión, Patricia Izquierdo Medina -ex secretaria de Obras Públicas durante la administración graquista- fue vinculada a proceso por el presunto delito de ejercicio indebido de la función pública.

Inicialmente la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción había imputado a siete ex funcionarios de la Secretaría de Obras por presunta irregularidades detectadas en la construcción de una planta recicladora de residuos sólidos, ubicada en la localidad “El Zarco” del municipio de Yautepec, con un valor estimado de 13 millones 800 mil pesos,  la cual nunca funcionó porque la obra quedó trunca con menos del 40% de avance en su construcción, pero fue entregada y pagada como si hubiese sido concluida..

A través de un comunicado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción informó que sólo la ex secretaria de Obras, la ex directora de Infraestructura y un ex supervisor de Obras, fueron sujetos a proceso penal.

Detalló que la agente del Ministerio Público presentó más de 70 datos de prueba en contra de siete ex funcionarios estatales de la pasada administración, pero “a criterio del Juez de Control, se acreditó la probable participación de Patricia "N", Lucero "N" y Marco "N" en la comisión del delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público, por lo que determinó auto (de) vinculación contra ellos, en tanto, la Fiscalía Anticorrupción apelará la no vinculación de los demás funcionarios”.

Izquierdo Medina enfrenta dos procesos penales más. El primero, por ejercicio indebido del servicio público por presuntas anomalías en la construcción de una planta recicladora de residuos sólidos en el municipio de Jiutepec, la cual no fue concluida ni activada y tuvo un costo superior a los 34 millones de pesos.

El segundo proceso es por presunto delito de ejercicio abusivo de funciones, también por presuntas irregularidades en la demolición y construcción de un edificio en la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla con un costo de más de 75 millones de pesos, según se señala en la acusación oficial.

 

Patricia Izquierdo Medina.

 

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Aseguran que sesionó sin el quórum reglamentario y permitió que asesores votaran dictámenes sin tener facultades para ello.

Con relación al boletín de prensa emitido este lunes por la mañana desde la presidencia de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado de Morelos, las diputadas Naida Josefina Díaz Roca, Rosalinda Rodríguez Tinoco, Blanca Nieves Sánchez Arano, Keyla Figueroa Evaristo, Ana Cristina Guevara y Tania Valentina Rodríguez Ruiz, expresamos nuestra inconformidad y desacuerdo por los procedimientos que se emplearon para llevar a cabo la sesión de la Comisión del día 5 de julio en curso, la que adoleció de falta de quórum, por lo que no es válida, pero la que –además- permitió que asesores sin facultades legales votaran como si fueran legisladores, como consta en videos e imágenes.

Más allá de la importancia del contenido de los dictámenes que se propusieron, con los que se puede estar o no de acuerdo, el caso es que no se observó lo dispuesto en el Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, que señala:

“ARTÍCULO 64.- Las reuniones se llevarán a cabo con la mayoría de los integrantes de la comisión, debiendo estar presente su Presidente y en caso de no existir el quórum se asentará en el acta la inasistencia de los diputados para los efectos correspondientes y se citará nuevamente. 

Las decisiones que se tomen durante las reuniones de la comisión serán por mayoría simple, en caso de empate el presidente tendrá voto de calidad”.

Esto implica que en todas las reuniones donde se deben votar dictámenes, sean ordinarias o permanentes, se debe verificar primero el quórum, situación que no se cumplió, al tener presencia de sólo cuatro de doce legisladores que conforman la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública.

A mayor abundamiento, y como consta en el orden del día de la sesión del día 5 de julio en curso, que la misma presidenta de la Comisión envió previamente a nuestros correos oficiales y a las oficinas, el punto número 2 era precisamente “declaratoria del quórum”, y fue evidente por las imágenes que circularon desde ese mismo día, que nunca hubo tal quórum y, por tanto, ni debió seguir la sesión y mucho menos permitir o inducir para que los asesores votaran, pues es contrario a las normas que rigen los procedimientos de Ley. (Se adjuntan imágenes del oficio firmado por la presidenta de la Comisión para la convocatoria y del orden del día que se adjuntó para la sesión del 5 de julio 2019). 

En consecuencia, y apegados a derecho, no es procedente que los referidos dictámenes sean incorporados al orden del día de la siguiente sesión del Pleno, pues no observaron lo que claramente dice nuestro Reglamento:

“ARTÍCULO 103.- Ningún proyecto de dictamen o proposición de acuerdo parlamentarios podrá debatirse sin que primero pase a la comisión o comisiones correspondientes y éstas hayan dictaminado”. 

Y en el caso que nos ocupa, los dictámenes ni se debatieron y mucho menos se aprobaron en la Comisión en el orden del día de la sesión correspondiente.

Pedimos a la presidenta de la Comisión que respetando los tiempos y las formalidades previstas en el artículo 64, vuelva a citar con la anticipación debida.

 

  

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