El magistrado del TSJ dice no conocer el contenido de la denuncia en su contra por las declaraciones sobre presuntos nexos de funcionarios judiciales con delincuencia organizada.

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carlos Iván Arenas Ángeles, afirmó que no tiene ningún inconveniente en comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR), aunque tomó con reservas el hecho de que “se pretenda judicializar una expresión”.

Luego de que por medio un comunicado la presidencia del TSJ anunció el inicio de una denuncia ante la dependencia federal por las declaraciones de Arenas Ángeles, sobre que algunos funcionarios judiciales estarían relacionados con actos de corrupción y vinculados al crimen organizado, el magistrado señaló que es una obligación legal que cumplirá si es llamado a comparecer ante el agente del Ministerio Público Federal.

Celebró que su voz haya sido escuchada en el TSJ, porque constantemente ha solicitado que se ponga atención a la lamentable corrupción e infiltración del crimen en las instituciones de administración de justicia.

Recordó que a la par de sus declaraciones, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, también planteó públicamente su preocupación por los nexos de algunos jueces y funcionarios judiciales con delincuencia organizada.

Dijo estar tranquilo y dispuesto a colaborar con las autoridades, sin embargo, expresó sus reservas por desconocer el contenido de la denuncia, por lo que en su momento analizará si se trata de un tema jurídico o una reacción adversa a una opinión.

“Veremos qué se denuncia y qué tratamiento tiene, pues el simple comunicado deja muchas dudas e incertidumbre. Ya veremos si se trata de judicializar una expresión o qué propósito tiene la denuncia”, dijo, al señalar que esta acción de la representación del TSJ ocurre en un contexto de crisis interna, de severos cuestionamientos por la integración de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, y la designación de jueces “interinos” sin evaluación o concurso de oposición, siendo que los beneficiarios de esas plazas son de gente allegada a la magistrada presidenta Carmen Cuevas López.

 

   

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Hay medidas de apremio para cumplir sentencias de la SCJN, reconoce el consejero jurídico del gobierno del estado.

El Poder Ejecutivo realiza recortes a diversas áreas y programas para reunir los fondos necesarios para cumplir con las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) relacionadas con las pensiones de trabajadores en retiro del Poder Judicial, luego de que la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Carmen Cuevas, acusó ante la Corte al gobierno estatal de no transferir recursos por más de seis millones de pesos para el pago de jubilaciones.

El consejero jurídico del Gobierno de Morelos, Samuel Sotelo Salgado, reconoció que este tema los tiene “muy preocupados” y “muy estresados”, no sólo por la presión de la SCJN, sino porque no hay disponibilidad del total de los recursos para cumplir completamente con las sentencias constitucionales.

Y es que a finales del mes de mayo pasado, la presión del máximo tribunal del país aumentó  hacia el Congreso local y el gobierno de Morelos, debido a que la titular del Poder Judicial acusó que para cumplir con uno de los bloques de sentencias (enlistadas en el acuerdo 25 de febrero de 2019 emitido por la SCJN) sólo recibió una transferencia de  dos millones 269 mil 138 pesos  con 91 centavos, de un total de ocho millones 470 mil 411 pesos con 72 centavos que el TSJ necesita para cubrir el pago de las pensiones previsto en los decretos de jubilación.

Por tal razón, la SCJN lanzó un ultimátum a los poderes Ejecutivo y Legislativo, para cumplir con las sentencias, apercibidos de que en caso de incumplimiento, se les aplicará a sus titulares la fracción XVI de artículo 107 constitucional, es decir la separación del cargo.

Sotelo Salgado señaló que la situación legal fue expuesta a la Secretaría de Hacienda, a cargo de Alejandro Villarreal Gasca, quien está haciendo un esfuerzo extraordinario y “se van a hacer recortes en otros espacios para tratar de cumplir el último bloque (de sentencias) que estamos cumpliendo que es el quinto”.

Con ello, “tratamos de cumplir al máximo y, en su caso, justificar ante la SCJN la razón por las que no se puede ejecutar completamente las sentencias ante la imposibilidad (financiera)”, y “es el área de hacienda quien está viendo el tema económico y la verdad estamos muy preocupados, muy estresados por este tema, no sabemos a qué áreas vaya afectar, pero sí hay afectaciones a la operatividad en ciertas áreas o programas del gobierno del estado”, dijo.

Precisó que se avanza en el cumplimiento de los primeros cinco de un total de 11 bloques (que abarca un total de 116 sentencias de la SCJN) y se han transferido los recursos correspondientes al Poder Judicial para cumplir con los pagos de pensiones como lo ordenó el Alto Tribunal.

Reconoció también que se complicó el cumplimiento de las sentencias no sólo por la escasez  de presupuesto, sino porque -en un criterio que el gobierno del estado no comparte- la Corte ordenó transferir recursos para cubrir las pensiones hasta el mes de diciembre, incluyendo los aguinaldos, “que es la cuestión que no se entiende, porque finalmente los pagos se hacen de manera mensual y el aguinaldo es hasta diciembre, y no habría razón para remitir todo porque –además- el gobierno del estado va recibiendo de manera paulatina los recursos para poderlos distribuir, es decir, no se tienen disponibles, pero estamos cumpliendo hasta el día de hoy”.

Agregó que se informa a la SCJN los esfuerzos que realiza el gobierno de Morelos para cumplir con sus sentencias y no incurrir en desacato judicial. 

 

 

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Martes, 11 Junio 2019 05:12

Se recrudece lucha de poder en el TSJ

El órgano de control del Poder Judicial inicia una denuncia ante la Fiscalía General de la República, en la que pide requerir a Iván Arenas, el magistrado que habló de la existencia de jueces corruptos y ligados al crimen.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), a cuya instancia pidió requerir al magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles, por sus recientes declaraciones en las que afirmó que algunos funcionarios judiciales estarían relacionados con actos de corrupción y vinculados al crimen organizado.

A través de un comunicado, indicó que de acuerdo con el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda persona que conozca sobre la comisión de un delito debe denunciarlo ante el agente del Ministerio Público.

Recalcó que si el conocimiento y las acusaciones provienen de un servidor público, éste tiene la obligación ineludible de denunciar los hechos presuntamente constitutivos de delitos con base en las obligaciones que impone la ley.

“Por lo tanto, y con relación a declaraciones que le han sido atribuidas al magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles en diversos medios de comunicación, en el sentido de que existen funcionarios judiciales corruptos que no merecen pertenecer a la institución porque, incluso, tienen nexos con el crimen organizado”.

“Este máximo órgano de justicia cumpliendo lo establecido por el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ha procedido a presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República, a fin de iniciar la investigación por la comisión de probables hechos constitutivos de delito”.

“Así mismo se ha solicitado a la Fiscalía para que proceda a requerir al Magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles y, en su caso, proporcione todos los datos con que cuente y que sustentan las afirmaciones que le han sido atribuidas”, resaltó el comunicado.

El pasado 3 de junio, el magistrado afirmó que la mayoría de los miembros del Poder Judicial en Morelos son jueces y personal honestos, pero existían algunos funcionarios judiciales corruptos que no merecen pertenecer a la institución porque, incluso, tenían nexos con el crimen organizado.

Esta declaración fue la que propició que la representación del TSJ iniciara la denuncia ante la FGR, la cual se da justo en un ambiente de división y crisis al interior de la institución.

 

 

 

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Conceden a una juez del TSJ suspensión provisional.

Un juez federal concedió a una juez del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) una suspensión provisional, la que impide a Alejandro Becerra Arroyo entrar en funciones como representante de los jueces ante la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos.

De acuerdo con el juicio de amparo 742/2019, el Juzgado Séptimo de Distrito concedió la medida cautelar a la juez de primera instancia, Mireya Díaz Cerón, para efecto de “abstenerse de expedir el nombramiento correspondiente, tomar protesta de ley, darle posesión y que entre en funciones el juez que en su caso se haya aprobado y designado para integrar la junta designada, hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva”.

Si bien Becerra Arroyo, otrora coordinador de asesores del TSJ y juzgador con licencia, tomó protesta la misma noche del 3 de junio como representante de los jueces ante la Junta de Administración, el juez federal ordenó que no entre en funciones, en tanto resuelve si mantiene o no la suspensión hasta la resolución de fondo del juicio de garantías.

La designación fue recurrida por la juez Mireya Díaz Cerón, debido a que el 28 de mayo solicitó por escrito a la magistrada presidenta del TSJ, María del Carmen Cuevas López, que fuera contemplada para integrar la terna para la designación del represente de los jueces ante la Junta.

La juez consideró cumplir con los requisitos para aspirar al cargo, porque cuenta con una larga carrera judicial y ejercido sus funciones con total responsabilidad.

“Que en virtud del contenido de la circular número 38, emitida por este H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos que Usted preside, solicito respetuosamente que se me tome en consideración para integrar la terna correspondiente a la designación de Juez Integrante de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, la cual deberá de proponer Usted ante el Pleno de esta institución, pues considero reunir los requisitos a que hace referencia el artículo 92-A de la Constitución Política del Estado de Morelos, en el sentido de que debe considerarse en la terna a aquellos funcionarios que se distingan por su capacidad profesional, por su honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus funciones”.

“No omito hacer de su conocimiento que la suscrita tengo laborando en esta institución más de treinta años y me he desempeñado como Oficial Judicial, Actuaria, Secretaria de Acuerdos, Proyectista y Juez, realizando las actividades inherentes a cada encargo con absoluta responsabilidad”, explicó la juez, cuya petición fue ignorada por Cuevas López, quien ha sido severamente cuestionada por un grupo de magistrados y organizaciones de abogados por fomentar malas prácticas como el nepotismo y abuso de autoridad.

 

 

 

 

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Un grupo de magistrados señala presuntas irregularidades en la integración del órgano colegiado.

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Magistrado reitera que no había quórum a la hora de hacer los nombramientos, en la sesión del lunes.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) entró en una nueva crisis por la forzada y cuestionada integración de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, que dejó una vez más en entredicho al ente responsable de impartir justicia y, al menos la mitad de los magistrados, amenaza con denunciar por la vía legal y política a la magistrada presidenta María del Carmen Cuevas López.

El presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, consideró delicado que Cuevas López, junto con un grupo de magistrados, haya realizado una arbitraria e ilegal designación de Elda Flores León y Alejandro Becerra Arroyo, como representantes de los magistrados y jueces ante la junta.

Sostuvo que es muy grave que sin cumplir con el quórum legal (con al menos 10 magistrados presentes) y con sólo ocho magistrados de número apoyados por la magistrada supernumeraria Leticia Taboada, se hayan consumado las designaciones.

Además, dijo, es reprobable que Alejandro Becerra Arroyo, quien hasta el lunes se desempeñaba como coordinador de asesores y “apoderado” legal del Poder Judicial en diversos litigios, haya sido seleccionado como representante de los jueces.

Y es que si bien fue designado juez de primera instancia, no ejercía la función jurisdiccional por estar de licencia y realizando funciones distintas como colaborador cercano de la magistrada presidenta.

Lamentó el ejemplo de ilegalidad que da el TSJ a la sociedad, porque no existen argumentos jurídicos para justificar el atropello al estado de derecho y el mensaje es muy preocupante, ya que quienes violentaron la Constitución y su ley orgánica son los responsables de impartir justicia.

Ante la gravedad de lo que ocurre en el Poder Judicial, hizo un llamado a los magistrados inconformes con la integración de la Junta de Vigilancia, a hacer uso de su legitimidad jurídica y moral para las iniciar las acciones legales necesarias para denunciar y combatir el acto ilegal.

“Exigimos a los magistrados disidentes a emprender acciones legales desde recurrir al amparo hasta el Congreso del Estado, porque la designación que hicieron Cuevas en complicidad con un grupo de magistrados está fuera de la ley”, dijo y señaló que los jueces inconformes con la designación de sus representantes ante la junta de administración pueden también recurrir a la vía del amparo.

Carlos Iván Arenas Ángeles, magistrado del TSJ y quien ha sido crítico de la gestión de Cuevas López, lamentó que la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina (que sustituye al extinto Consejo de la Judicatura) haya nacido viciada y en medio de graves irregularidades como la falta de quórum para designar a Flores León y Becerra Arroyo, y que éste último, hasta antes de su designación, estuviera fuera del ejercicio de la administración de justicia y en funciones de coordinador de asesores de Cuevas López.

Dijo que la grave violación de la ley debe tener consecuencia, por lo que -en su opinión personal- es necesario plantear la posibilidad no sólo de recurrir al juicio de amparo para combatir la irregular integración de la junta, sino de generar denuncias ante la fiscalía estatal ante la probable comisión de un delito, hasta de recurrir al Congreso del Estado, donde está en trámite un juicio político promovido por un litigante contra la magistrada presidenta.

Expresó que por el momento no hay una definición de la ruta legal que se seguirá por este acontecimiento, pero aseguró que no debe quedar impune la violación al estado de derecho. 

 

 

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Sábado, 01 Junio 2019 05:07

Mazari Espín cuestiona al Poder Judicial

Aseguras que sí se destinaron  80 millones al TSJ para el pago de pensiones, pero señala que el Ejecutivo dispone de recursos para realizar una transferencia.

La diputada Rosalina Mazari Espín, presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública en el Congreso del estado, sostuvo que el Poder Judicial sí cuenta con presupuesto para el pago de jubilaciones y pensiones a favor de los trabajadores, ya que se etiquetaron 80 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2019.
Ante la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que fijó un plazo de 10 días para que el Legislativo y Judicial cumplan con la asignación de seis millones de pesos para que el Poder Judicial cumpla con el pago a los trabajadores en retiro, la legisladora afirmó que el Congreso local siempre ha estado en la disposición de cumplir con su obligación. 
No obstante, Mazari Espín dijo que buscarán una reunión con el secretario de Hacienda del gobierno estatal, para revisar la posibilidad de asignar un presupuesto extraordinario al Poder Judicial, para que se cumpla con el derecho de los trabajadores. 
De acuerdo con la diputada, habría posibilidad de atender la determinación de la Corte, pues el Ejecutivo dispone de cinco mil millones de pesos para transferencias. 
"Tenemos que ver del presupuesto que ya ha sido etiquetado dar repuesta a la Corte y posteriormente hacer la gestión con el Ejecutivo para que se pueda asignar una partida presupuestal suficiente que nos permita cubrir los decretos pensionarios, los que en su momento llegaran a hacer falta", manifestó Mazari Espín. 
La presidenta de la Comisión de Hacienda refirió que es urgente que el tema de las jubilaciones y pensiones se atienda de fondo, ya que las instituciones de los tres niveles de gobierno se encuentran en crisis por destinar cada año más presupuesto para los jubilados y pensionados. 
Sin embargo, refirió que hasta el momento ningún diputado ha presentado alguna iniciativa para la creación de un instituto de jubilaciones, como se ha planteado en legislaturas pasadas. 

 

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En redes sociales fueron difundidas fotografías en las que se aprecia el uso de dos vehículos con logotipos del TSJ para -en un caso- transportar una mascota y, en otro, estacionarse en lugar reservado para discapacitados en un supermercado.

La Comisión Transitoria del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) inició procedimientos administrativos para investigar las presuntas irregularidades en que habrían incurrido trabajadores judiciales que usaron dos vehículos oficiales para (en un caso) transportar una mascota y (el otro) estacionarse en lugar reservado para discapacitados en un supermercado.

A través de las redes sociales, un usuario difundió las fotos de dos vehículos Nissan Tsuru, color rojo, con logotipos del TSJ. En uno de ellos, que al parecer está asignado para las actividades del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial (SUTSPJ), se puede observar claramente que transporta a un perro, que asoma la cabeza por la ventana trasera de la unidad.

En otra foto, el usuario denunció que la unidad oficial del TSJ con número 93, aparcó en el estacionamiento de la tienda Costco en el cajón para personas con discapacidad. Según trascendió, el vehículo lo conducía una trabajadora del TSJ de la tercera edad, y por ello utilizó el sitio reservado, sin embargo, hasta ahora se desconoce si la persona cumplía una encomienda oficial o personal.

Debido a la denuncia, el TSJ emitió un escueto comunicado en el que informó que inició los procedimientos administrativos para investigar qué sucedió y, en su caso, aplicar las sanciones que correspondan.
“Es importante resaltar que uno de los ejes rectores de esta administración es la disciplina, el orden y la vigilancia continua, se aplicará la respectiva normatividad”.
“En este sentido se han girado las instrucciones necesarias a fin de iniciar a los responsables de estas acciones el proceso administrativo correspondiente ante el órgano competente”, anunció.

 

 

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El TSJ reclama recursos suficientes para cumplir con sentencias judiciales relacionadas con el pago de las pensiones de los trabajadores.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) apercibió a los Poderes Ejecutivo y Legislativo con aplicarles la destitución a sus titulares por desacato judicial, luego de que la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María del Carmen Cuevas López, se quejó de que no le han sido suministrado recursos suficientes para cumplir con la sentencias de las controversias constitucionales, relacionadas con el pago de las pensiones de trabajadores judiciales en retiro.

La presión del máximo tribunal del país aumentó  hacia el Congreso de Morelos y el gobierno de Morelos, debido a que la titular del Poder Judicial acusó que para cumplir con uno de los bloques de sentencias (enlistadas en el acuerdo 25 de febrero de 2019 emitido por la SCJN) sólo recibió una transferencia de  2 millones 269 mil 138 pesos  con 91 centavos, de un total de 8 millones 470 mil 411 pesos con 72 centavos que el TSJ necesita para cubrir el pago de las pensiones previsto en los decretos de jubilación.

También la titular del TSJ se quejó de que en el presupuesto suministrado no se contempló el pago de cuotas patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos y seguro de vida, ni se consideró el aumento porcentual al salario mínimo y prestaciones.

Por tal razón, la SCJN lanzó un ultimátum a los poderes Ejecutivo y Legislativo, para cumplir con las sentencias, en razón de lo expuesto el Poder Judicial.

“En consecuencia, con copia simple del escrito de cuenta dese vista al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos para en que en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del presente acuerdo y en términos del Punto Segundo fracción 11 del Acuerdo del Tribunal Pleno antes citado, suministre de manera inmediata los $6'201,272.81 M.N. (seis millones doscientos un mil doscientos setenta y dos pesos 81/100 Moneda Nacional) que refiere el Poder Judicial del Estado de Morelos para dar cumplimiento a las sentencias de las controversias constitucionales 112/2016, 241/2016, 225/2016, 132/2016, 240/2016,222/2016, 242/2016, 122/2017, 128/2016 y 223/2016, en el sentido de que las pensiones a cargo del Poder Judicial de Morelos deben cubrirse con los recursos que provea el Congreso del Estado de Morelos para satisfacer la obligación en cuestión (…)”.

“Asimismo, dese vista para que manifieste en relación a lo informado por el Poder Legislativo de Morelos, en el sentido de que se realizará la autorización de una ampliación presupuesta por el monto que resulte necesario para arribar a la cantidad de $105, 450, 034.49 M.N. (ciento cinco millones cuatrocientos cincuenta mil treinta y cuatro pesos 49/100 Moneda Nacional) de manera oportuna conforme a las fechas límites que corresponden a uno de los bloques ordenados en el acuerdo de mérito, con el apercibimiento que, de no hacerlo, se decidirá lo que en derecho proceda con elementos que obran en autos sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito”.

Y, en el acuerdo emitido por el magistrado presidente de la SCNJ, Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, no sólo se requirió el cumplimiento de los fallos en el plazo concedido sino que se advirtió que, en caso de desacato, se aplicaría el último párrafo del artículo 105 constitucional que establece que se aplicarán las acciones previstas en la fracción XVI del artículo 107 constitucional, que a su vez indica que “cuando sea injustificado o hubiera transcurrido el plazo sin que se hubiese cumplido (la sentencia), procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el Juez de Distrito”.

 

 

 

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Miércoles, 29 Mayo 2019 05:16

Combate Vera Jiménez fallo judicial adverso

Defensa del exrector promueve amparo contra resolución de Tercera Sala del TSJ que permite a la Fiscalía Anticorrupción reformularle imputación.

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