Organizaciones sociales y empresariales se pronuncian también por consolidar los mecanismos de participación ciudadana y abrir el diálogo con las nuevas autoridades.
Organizaciones sociales y empresariales formaron el “Colectivo Morelos Participa” para insistir en la reincorporación al marco normativo de la figura de revocación de mandato, consolidar los mecanismos de participación ciudadana y abrir el diálogo con las nuevas autoridades.
Agrupaciones como Coparmex Morelos, Morelos Rinde Cuentas, Observatorio Ciudadano de Morelos, Federación de Asociaciones de Colonos del Estado de Morelos y Observatorio de Ciudadanos Participativos, se sumaron a este colectivo para evitar que se coarte la posibilidad de que los morelenses participen de forma abierta y crítica en la toma de decisiones de los distintos entes públicos.
El colectivo se planteó seis objetivos, entre los cuales figura consolidar la participación colectiva de las organizaciones de la sociedad civil; presentar ante el Congreso local una iniciativa para adicionar la Ley de Participación Ciudadana, para exigir la simplificación de los mecanismos de participación ciudadana y la reincorporación de la figura de revocación de mandato, que fue abrogada por la anterior legislatura; eficientar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana bajo los criterios de exigibilidad y obligaciones expresas de los servidores públicos; y promover que las instituciones públicas cumplan con la rendición de cuentas y el principio de máxima publicidad.
El colectivo enfatizó que es deber de la sociedad civil organizada abonar al restablecimiento del tejido social y a incentivar la participación ciudadana, por lo que conminó a los diputados, al gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo, a los próximos integrantes de su gabinete, al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana y a las distintas facciones partidistas, a que abran el diálogo y sumen sus esfuerzos para fomentar de forma eficiente la participación de los ciudadanos y los distintos organismos de la sociedad civil, que son en esencia los sujetos activos de la actividad estatal, pero -sobre todo- los protagonistas de cualquier ejercicio legítimo de democracia y soberanía.