El incumplimiento en la transferencia del pago de cuotas al instituto de crédito del gobierno estatal, tanto por parte del ayuntamiento capitalino como del Congreso local, llevó a los empleados de ambas instancias a perder sus derechos para la adquisición de créditos y apoyos económicos, indicó la dirigente de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Poder Ejecutivo, Ana Lilia Ocampo Castrejón.

Es una injusticia porque las deducciones se hacen desde el pago de nóminas, lo que indica que los afectados no tienen opción, a ellos les descuentan lo correspondiente al compromiso con la institución, pero el dinero no llega a su destino, destacó.

En lo relacionado al Congreso local, estimó que el rezago provocado en la materia por la legislatura anterior es en relación a 20 millones de pesos, pero en lo referente al ayuntamiento en mención, hace ya cerca de nueve años, porque el primer edil que dejó de cumplir fue Manuel Martínez Garrigós.

Es decir, en éste último caso no se ve cómo se pueda remontar un pasivo acumulado por tantos años, son muchos millones de pesos y entonces ahí el cobro tendría que haber sido ya suspendido para no continuar afectando la economía de los agraviados, consideró.

Ocampo Castrejón señaló que todo lleva a pensar que el Poder Legislativo, con la actual directiva, sí buscará resolver las cosas, “entendemos que en eso andan, incluso iniciando denuncias contra los presuntos responsables, pero por lo que toca a la alcaldía es muy difícil”.

Por otra parte, manifestó que financieramente, el instituto de crédito ha superado la coyuntura de la transición y viene cumpliendo con sus derechohabientes, a pesar de que entró en una situación de inestabilidad con el arranque del nuevo gobierno.

Reconoció que manejar esa institución no es cosa sencilla, ya que en el consejo de administración o junta de gobierno están representados diversos frentes, como en el caso de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como sindicatos y patrones, y hay quienes piensan diferente, lo cual lleva a conflictos permanentes para alcanzar acuerdos.

No obstante, admitió, lo anterior también se traduce en un candado para que los funcionarios no caigan en actos de corrupción, porque esos contrapesos impiden cualquier irregularidad, venga de donde venga. Y recordó que a ellos como jubilados se intentó sacarlos del consejo. “Nos tuvimos que defender hasta con las uñas para conservar a la silla, pero se logró”, sentenció.