Simuló la asignación de un fondo emergente que se ofreció a los rectores de las universidades públicas del país en crisis, critica la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios.

La Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu) manifestó su solidaridad con las universidades en crisis financiera, al considerar que el gobierno federal ha mentido a las instituciones, al no dar respuestas puntuales a sus demandas.

En un documento dirigido al presidente de la república, Enrique Peña Nieto, la Contu manifiesta el respaldo solidario a las universidades de los estados de Michoacán, Nayarit, Tabasco, Morelos, Sinaloa, Zacatecas, Oaxaca y el Estado de México, “las cuales han sido objeto de engaños en la solución a sus demandas de retribución salarial, mediante tácticas dilatorias que han utilizado de manera perversa las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Educación Pública, al haber simulado la asignación de un fondo emergente que se ofreció hace dos semanas a los rectores de estas universidades con el fin de atender los compromisos de pago hasta el cierre del 2018, sin hacer cargos a cuenta de los subsidios del siguiente ejercicio presupuestal”.

La Contu señala que en ningún momento la educación superior ha sido prioridad para el gobierno de Enrique Peña Nieto, toda vez que lejos de hacer valer sus acuerdos y compromisos con las instituciones, ha ocasionado un grave daño a las mismas al imponerle durante los últimos cuatro años de su gobierno, políticas restrictivas presupuestales que implican la disminución de más de 20 mil millones de pesos en los fondos extraordinarios.

“Hoy, como parte de estas iniciativas, nos toca enfrentar la peor crisis presupuestal que se haya vivido en toda la historia de la universidad pública mexicana, a tal grado que se están presentando flagrantes violaciones a los derechos laborales y humanos de los trabajadores universitarios”.

Finalmente, en su documento, la Contu exige dar curso al rescate presupuestal ofrecido, al advertir al próximo gobierno que se le pretende heredar un conflicto de dimensiones extraordinarias, ocasionado por el impulso a las políticas privatizadoras del actual gobierno neoliberal que considera a la educación superior como un privilegio y no como un derecho.