Protestan por las precarias condiciones en que laboran; exigen la entrega del presupuesto pendiente a la institución.
Trabajadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron un paro indefinido de labores para exigir la entrega de los recursos adeudados desde la administración del exgobernador Graco Ramírez, y de las ministraciones correspondientes al ejercicio fiscal 2019.
Desde la 09:00 horas de este miércoles, cerca de dos mil 400 trabajadores de las tres regiones de la FGE (metropolitana, surponiente y oriente) colocaron banderas rojinegras en las instalaciones de la institución y suspendieron sus labores y la atención al público, con excepción de los trámites urgentes y el levantamiento de cuerpos.
Alejandro Aguirre Antúnez, perito y vocero del grupo de lucha por los derechos laborales de los empleados de la FGE, ofreció disculpas a los ciudadanos por las afectaciones que causó la suspensión indefinida de labores, pero también pidió comprender la situación salarial precaria que enfrentan los trabajadores y las decadentes condiciones de trabajo por la falta de inversión pública en la institución.
Explicó que el paro no cesará hasta que haya avances en la entrega de los 250 millones de pesos que la anterior administración estatal perredista quedó a deber a la fiscalía, y se regularicen las ministraciones correspondientes a este año. Además, esperan que el Congreso apruebe el presupuesto 2019, con base en la autonomía financiera otorgada a la FGE por un equivalente al 7% del presupuesto estatal.
Por la tarde, el titular de la FGE, Uriel Carmona Gándara, emitió un comunicado en el cual expresó que el Poder Ejecutivo se comprometió hace dos semanas a iniciar en estas fechas el pago de las primeras ministraciones para saldar gradualmente el adeudo de los 250 millones. Y, a su vez, él se comprometió con los trabajadores a que en cuanto comenzaran a llegar esos recursos, podría fijarse el aumento salarial para beneficiar al personal operativo y, principalmente, a los que menos ganan. Pero al no concretarse los acuerdos, los empleados decidieron reactivar sus acciones de protesta.
Subrayó que “las gestiones para la obtención de los recursos son ajenas a cuestiones políticas y que es prioritario atender las necesidades de los trabajadores, a fin de brindar un servicio de calidad a la ciudadanía para consolidar la representatividad social que le es conferida a la Institución, y consideró “fundamental lograr la consolidación de la autonomía que constitucionalmente le fue otorgada a la Fiscalía”.
Se comprometió con los trabajadores a continuar con las gestiones jurídicas y administrativas agotando todos los elementos al alcance para obtener los recursos para iniciar con la transformación de una FGE que esté al margen de cuestiones partidistas y de grupos y que vele únicamente por los derechos jurídicos de la sociedad.
Personas que acudieron a la fiscalía, o a través de las redes sociales, expresaron su molestia por la suspensión de labores, pues mucha gente no pudo realizar trámites como el inicio de denuncias por robos de documentos, y tampoco hubo servicio en áreas sensibles como el Centro de Justicia para Mujeres.
También surgieron las opiniones de defensa por la gran carga de trabajo que enfrenta el personal de la fiscalía y la escasez de materiales básicos como papelería o insumos para realizar necropsias.
