El magistrado del TSJ dice no conocer el contenido de la denuncia en su contra por las declaraciones sobre presuntos nexos de funcionarios judiciales con delincuencia organizada.

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carlos Iván Arenas Ángeles, afirmó que no tiene ningún inconveniente en comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR), aunque tomó con reservas el hecho de que “se pretenda judicializar una expresión”.

Luego de que por medio un comunicado la presidencia del TSJ anunció el inicio de una denuncia ante la dependencia federal por las declaraciones de Arenas Ángeles, sobre que algunos funcionarios judiciales estarían relacionados con actos de corrupción y vinculados al crimen organizado, el magistrado señaló que es una obligación legal que cumplirá si es llamado a comparecer ante el agente del Ministerio Público Federal.

Celebró que su voz haya sido escuchada en el TSJ, porque constantemente ha solicitado que se ponga atención a la lamentable corrupción e infiltración del crimen en las instituciones de administración de justicia.

Recordó que a la par de sus declaraciones, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, también planteó públicamente su preocupación por los nexos de algunos jueces y funcionarios judiciales con delincuencia organizada.

Dijo estar tranquilo y dispuesto a colaborar con las autoridades, sin embargo, expresó sus reservas por desconocer el contenido de la denuncia, por lo que en su momento analizará si se trata de un tema jurídico o una reacción adversa a una opinión.

“Veremos qué se denuncia y qué tratamiento tiene, pues el simple comunicado deja muchas dudas e incertidumbre. Ya veremos si se trata de judicializar una expresión o qué propósito tiene la denuncia”, dijo, al señalar que esta acción de la representación del TSJ ocurre en un contexto de crisis interna, de severos cuestionamientos por la integración de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, y la designación de jueces “interinos” sin evaluación o concurso de oposición, siendo que los beneficiarios de esas plazas son de gente allegada a la magistrada presidenta Carmen Cuevas López.