Jueves, 22 Agosto 2019 05:12

Avanza combate al secuestro: Fiscalía

Sólo el 10% de los casos culminó en la muerte de las víctimas: Pineda Fernández.

La Fiscal Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión, Adriana Pineda Fernández, destacó que sólo el diez por ciento de los casos de plagio han culminado en la muerte de las víctimas y que poco a poco se logró disminuir la incidencia de este delito.

Indicó que hubo un ligero incremento de casos de secuestro con respecto al año anterior, pero un 60 por ciento menos con respecto a los años anteriores (2013-2015) en que hubo una “crisis importante” por el aumento de plagios.

Detalló que desde que se creó la fiscalía antisecuestro el combate a este delito evolucionó de manera eficaz y debilitó a las bandas de plagiarios, lo que derivó en el descenso gradual de casos y el aumento de rescates exitosos de las víctimas.

“En el tema de protocolos de atención a casos de víctimas de secuestros nosotros tenemos que atender a lo que las familias nos solicitan respecto de una intervención operativa, porque eso implica un riesgo inminente para la seguridad y la vida de la víctima.

“Entonces, ahorita hemos avanzado. Recordarán que antes no se hacían rescates, ahora hemos avanzado y alrededor del 50 por ciento los estamos resolviendo vía rescate y prácticamente el 40 por ciento restante en negociación para generar la circunstancia de pago y el otro 10 por ciento todavía  en alguno de los casos con pago o sin pago la vida ha fallecido”, explicó.

Señaló que no se han detectado bandas dedicadas específicamente al secuestro y que estén vinculadas a grupos de la delincuencia organizada, pues estas células criminales suelen mutar a otras actividades ilícitas, como el robo de autos, la extorsión o los asaltos.

Indicó que durante el primer semestre del 2019 la fiscalía abrió 35 carpetas de investigación por el delito de secuestro, secuestros virtuales o secuestro simulados.

 

 

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La exdiputada busca mantener la protección de la justicia federal y que no se ejecute la orden de aprehensión girada en su contra a petición de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

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El abogado de la exlegisladora asegura que logró un amparo y que ella está hospitalizada.

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Está imputado por presunto homicidio culposo y otros delitos.

El chofer del camión pesado que se quedó sin frenos y privó de la vida a nueve personas en el municipio de Cuautla permanecerá en prisión preventiva por el presunto delito de homicidio culposo y otros.

Un juez de control determinó la medida cautelar para Cristian "N, tras realizar la audiencia de formulación de imputación

El agente del Ministerio Público adscrito a la fiscalía de la región oriente le imputó nueve homicidios, lesiones en agravio de ocho personas y daños a cuatro víctimas del trágico accidente ocurrido en la zona oriente.

El juez justificó la medida cautelar debido a que el imputado no tiene arraigo en Morelos (porque reside en otra entidad) y  por ello permanecerá internado en la cárcel distrital de Cuautla.

La próxima semana se llevará a cabo la audiencia de vinculación a proceso, donde la defensa del conductor podrá presentar pruebas respecto a las causas del accidente, que inicialmente fueron atribuidas a una falla mecánica del tráiler que transportaba varillas desde el Estado de México.

La mañana del 12 de junio sobre la carretera México-Cuautla (a la altura de la central de abastos) el tracto camión marca Kenworth con placas de circulación 530-AL-8 del servicio público federal -con número de placa del remolque 473-UR-9 del servicio federal- aparentemente se quedó sin frenos y a su paso arrasó con varios autos particulares, una moto y una combi del servicio público de pasajeros que provenía del municipio de Yecapixtla.

En el lugar fallecieron cinco personas y varias resultaron lesionadas, pero al paso de los días otras cuatro víctimas más fallecieron en diferentes hospitales.

 

 

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Beatriz Vicera Alatriste está sustraída de la justicia, confirman.

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Los exsecretarios Patricia Izquierdo Medina y Topiltzin Contreras MacBeth son señalados por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción formuló imputación a la exsecretaria de Obras, Patricia Izquierdo Medina, y al exsecretario de Desarrollo Sustentable, Topiltzin Einar Contreras MacBeth, por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público.

En total, siete exfuncionarios de la gestión del exgobernador Graco Ramírez fueron acusados de presuntas irregularidades en el proyecto de una planta recicladora de residuos que costó más de 13 millones de pesos.

De acuerdo con la fiscalía anticorrupción, fueron imputados ambos exsecretarios de despacho; Rafael "N", exsubsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; Sergio "N" y José “N”, quienes en distintos momentos ostentaron el cargo de subsecretario de Evaluación y Seguimiento; así como Lucero "N", exdirectora de Infraestructura, y Marco “N”, exsupervisor de Obras.

A los exfuncionarios se les imputó el delito de ejercicio indebido del servicio público, por las irregularidades detectadas en la construcción de una planta valorizadora de residuos sólidos con un valor de más de 13 millones 800 mil pesos, ubicada en la localidad “El Zarco”, del municipio de Yautepec, la cual nunca funcionó porque hubo errores desde su planeación.

Mientras vence el plazo de 144 horas solicitado por la defensa de los imputados para la realización de la audiencia de vinculación a proceso, a petición del agente del Ministerio Público, el juez de la causa fijó la medida cautelar de acudir a firmar bimestralmente a la Unidad de Medidas Cautelares (Umeca) a Patricia "N", Sergio "N”, José “N”, Lucero "N" y Marco “N”, al no acreditarse su arraigo en el estado y con el propósito de que acudan a comparecer a la audiencia donde se determinará si son vinculados o no a proceso.

 

 

 

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Miércoles, 03 Julio 2019 05:13

Piden depurar la ESAF

Encargado de despacho admite la contratación de familiares y allegados de diputados.

El encargado de despacho de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), Uriel González Sotelo, admitió que familiares y allegados a los diputados locales fueron contratados por el órgano auditor, pero aseguró que no se debió a una imposición sino a una revisión de los "mejores perfiles". 
Luego que el Centro de Investigación "Morelos Rinde Cuentas" reveló que la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) ha sido usada como espacio de colocaciones laborales para familiares y allegados de los actuales diputados locales, el funcionario estatal aseguró que las 21 nuevas contrataciones en este año, entre las que resalta la de Jorge Emilio Díaz Roca, hermano de la diputada Naida Díaz Roca, se realizaron en base a las facultades que tiene la ESAF como órgano autónomo de gestión. 
Sin embargo, el encargado de despacho sostuvo que no se trata de ningún acto fuera de la ley. 
"Estamos cuidando los mejores perfiles, cuando a nosotros nos mandan sus currículums nosotros vamos a ver en qué área los vamos a colocar, no vamos a colocar a un arquitecto en el área financiera. Nosotros cumplimos con revisar los perfiles, no porque sean hermanos o sean primos no los vamos a considerar", declaró. 
Aunque, posteriormente González Sotelo admitió que también se contrató a personal que no cuenta con cédula profesional, pero que esa omisión no afecta al desempeño de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización. 
"Es un detalle que estamos vigilando porque también nosotros estamos vigilando los manuales de organización, en algunos puestos no requiere la cédula profesional, entonces eso sí estamos completamente vigilando porque acuérdense que nosotros estamos regulando precisamente a todos los entes", admitió. 
Finalmente, mencionó que desde el año pasado se inició la baja de trabajadores en la ESAF y en enero se dio la contratación de 21 plazas.

 

ESAF debe depurarse: Keila Figueroa

Al respecto, la coordinadora del grupo parlamentario del partido  Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Keila Figueroa Evaristo, se pronunció por la depuración de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización.
Dijo que una vez que se concrete la designación del nuevo titular se pedirá que el órgano deje de ser un espacio de colocaciones, por lo que adelantó que investigará quiénes son los familiares y amigos de sus homólogos que trabajan en la auditoría.
Mientras tanto, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, presidenta de la Junta Política y de Gobierno, se deslindó de la contratación de familiares y dijo que es un asunto que compete a los diputados involucrados. 

 

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Denya Flores Rendón es señalada por los presuntos delitos de uso de documento falso, abuso de autoridad y fraude procesal.

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Piden que dé agilidad al trámite, que llega a durar hasta seis meses.

Jojutla.- La Fiscalía Regional Sur-Poniente impone mucha burocracia para la recuperación de bienes inmuebles o vehículos de quienes se han visto involucrados en un delito, aseguró el abogado Juan Carlos Franco Serrano.

En conferencia de prensa, el especialista consideró que no solamente con sus clientes, sino en el caso de sus colegas, la fiscalía pone trabas para recuperar bienes que nada tienen que ver con los probables delitos que se han cometido.

Señaló que la ley marca que una vez que se ha demostrado la propiedad de un bien, las autoridades lo deben entregar de inmediato; pero en el caso de la Fiscalía Regional Sur-Poniente, el trámite se hace bastante tedioso, que puede durar hasta seis meses para que devuelvan un vehículo o una propiedad.

Más aún, franco Serrano aseguró que es tanto el tiempo que tardan en entregarlo, que en el caso de los vehículos, a veces el costo del corralón casi alcanza el costo de la unidad en cuestión, por lo que muchos dejan perder su automóvil, motocicleta o camión.

Citó los casos de una motocicleta y de una vivienda que fue objeto de cateo; en el primer caso, la propietaria está pagando el vehículo y la unidad está detenida en un corralón innecesariamente, pues ya se acreditó la propiedad, pero sigue generando más cobro de corralón. Mientras que en el caso de la casa, que fue objeto de un cateo, también se acreditó la propiedad, pero a seis meses no la han liberado y los propietarios tienen que pagar renta.

“No están tomando en cuenta, tanto el director como el fiscal, que están generando un costo en el corralón, pues los corralones no perdonan ningún día”, refirió.

Señaló que al parecer, quieren castigar a la persona que está relacionada con el delito, pero una cosa es la falta que se haya cometido y otra la propiedad de las cosas.

“La ley marca que se puede hacer la devolución una vez acreditando la propiedad”, recordó.

El litigante agregó que también “resulta curioso” que en el caso de vehículos relacionados con delitos, todos, de cualquier municipio, van a parar al corralón de grúas “Zamudio” de Tlaltizapán.

 

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Hay más implicados en el caso del homicidio de líderes sindicales.

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Uriel Carmona Gándara, prometió que en tres años revertirá la percepción que la ciudadanía tiene de la institución y el rezago acumulado en carpetas de investigación. Además, informó que hay más implicados en el caso de los homicidios de los líderes sindicales Jesús García Rodríguez y Roberto Castrejón Calderón, perpetrados el pasado 8 de mayo.

Luego de la presentación de la nueva Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, señaló que el gobierno de Morelos anunció que está por entregar las nuevas instalaciones, ubicadas en el municipio de Temixco, y poco a poco se han logrado mejoras.

Afirmó que su proyecto prevé como meta en un plazo de tres años cambiar la percepción ciudadana respecto al desempeño de la fiscalía.

“No es fácil mejorar de un día para otro. Este es un proyecto de nueve años y esperamos que por ahí del tercer año ya sea tangible y la percepción social se haya modificado, pero ese es un esfuerzo que estamos haciendo día con día los que trabajamos en la fiscalía”.

Afirmó que no habrá resultados mágicos, pero existe motivación, el compromiso y la obligación institucional, tanto del fiscal como del personal, para mejorar la atención a los ciudadanos y terminar con el rezago histórico que, si bien no se desaparecerá de un plumazo, se hará lo posible para que así sea.

Expresó que se lograron mejoras salariales a los trabajadores. “Hay quien está ganando prácticamente el triple. Ese es un gran aliciente para el personal de la fiscalía, dignifica nuestra labor. Y, bueno, ahora que el gobierno está por entregarnos la nueva instalación, eso hará que la fiscalía crezca, que haya un gran sentido de identidad en el personal y eso es traducible en beneficio social”.

Agregó que el edificio que actualmente ocupa la FGE será convertido en el Instituto de Procuración de Justicia e instalaciones deportivas, para mejorar el rendimiento del personal.

 

Otros copartícipes de homicidio de líderes sindicales

Respecto a los avances de la investigación de los homicidios de los líderes sindicales de la CTM, Roberto Castrejón Calderón y Jesús García Rodríguez, el fiscal estatal informó que no fueron dos, sino cinco los sujetos que asistieron al autor material del crimen.

“¿Se acuerdan que yo había manifestado que cuando menos dos? ahorita tenemos identificada la probable participación de cuando menos cinco personas que estuvieron actuando en el zócalo”, señaló.

Indicó que en el análisis videográfico de los hechos, se ubicó que estos sujetos habrían facilitado la logística a Maximiliano “N”, el joven de 22 años que perpetró el tiroteo y, hasta ahora, el único detenido.

Indicó que la fiscalía investiga la identidad de los sujetos para poder solicitar ante un juez las órdenes de aprehensión.

Recalcó que todo indica que el único imputado no actuó solo, sin embargo, todavía la FGE no tiene acreditado que el autor material haya recibido una cantidad de dinero para cometer el asesinato, ni tampoco queda claro cuál fue el móvil, pero no ha sido descartada ninguna línea de investigación. 

 

 

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