Viernes, 24 Enero 2020 05:18

Niegan suspensión a Beatriz Vicera

Fiscalía podrá solicitar la información financiera necesaria relativa al presunto desvío de recursos imputado a la exdiputada.

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Apenas doce de 70 carpetas han sido judicializadas.

El consejero jurídico del gobierno del estado, Samuel Sotelo Salgado, indicó que están en espera de concretar una reunión con el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), Juan Salazar Núñez, para conocer el estado de las denuncias interpuestas contra ex funcionarios de la administración de Graco Ramírez.

Al respecto, Sotelo Salgado indicó que se formularon más de 70 denuncias y que algunas, alrededor de doce, se han judicializado, pero en otras pareciera no haber avance.

"El porcentaje del avance creemos que ha sido poco", apuntó el funcionario estatal, al tiempo de anotar que "los resultados no han sido como quisiéramos". Indicó que se busca analizar las carpetas que pudieran tener alguna deficiencia.

Explicó que en dicho encuentro solicitarán información al fiscal, para que determine que, si considera que en algunas de esas carpetas no hay elementos que sean de su competencia, entonces se les dé el trámite correspondiente y en caso contrario que se envíen al Poder Judicial.

“No creo que lo estén protegiendo, pero… hasta ahorita sí creo que el porcentaje de avance ha sido lento”, expresó Sotelo Salgado, al enfatizar que hay voluntad del Ejecutivo de trabajar en coordinación, con hechos concretos.  

Respecto al asunto del juicio político al exgobernador Graco Ramírez, el jurista consideró que los problemas internos en el Congreso local “han atorado este asunto”, pero opinó que el hecho de que haya pasado el tiempo no implica que haya riesgo de que ese proceso “se caiga”.

En otro tema, el funcionario informó que el gobierno del estado está en gestiones para reducir los adeudos derivados de laudos. Comentó que el monto podría ascender a alrededor de cien millones de pesos. Refirió que tan sólo en un caso – relacionado con un ex funcionario de la Comisión Estatal de Seguridad- hay una sentencia laboral que ordena el pago de siete millones de pesos, pero se busca conciliar con los abogados de la parte demandante para reducir el monto a cinco millones.

 

 

 

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La Fiscalía Anticorrupción acusó a la exfuncionaria de presuntas irregularidades durante su gestión en el sexenio pasado.

Un juez federal ordenó la suspensión del procedimiento penal iniciado en contra  de la ex secretaria de Obras Públicas, Patricia Izquierdo Medina, a quien la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) acusó de presuntas irregularidades durante su gestión en el sexenio pasado.

De acuerdo con el juicio de amparo 1971/2019, promovido por la defensa legal de la ex funcionaria, el Juez Octavo de Distrito del Decimoctavo Distrito admitió la demanda y concedió la medida cautelar que “ordena al juez la suspensión del procedimiento hasta en tanto se resuelva el presente juicio en lo principal”.

Y es que hace un par de semanas, la FECC logró que una sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) confirmara el auto de vinculación a proceso Patricia Izquierdo, Topilzin Contreras Macbeth, ex secretario de Desarrollo Sustentable,  y varios de sus ex colaboradores, por el supuesto delito de ejercicio ilícito del servicio público.

A los ex servidores público se les acusó de haber pagado 34 millones de pesos a una empresa por la construcción de una planta valorizadora de residuos en el municipio de Jiutepec, la cual no fue terminada.

También los ex funcionarios enfrentan dos procesos más. Uno en el que la FECC los acusó de haber pagado más de 13.8 millones de pesos por otra planta recicladora en el municipio de Yautepec, cuya construcción quedó trunca; y otro relacionado con el pago de la demolición y construcción de la Escuela de Estudios Superiores (del Jicarero) en el municipio de Jojutla, por un monto superior a los 75 millones de pesos, a la empresa “fantasma” Ago Operaciones S.A. de C.V.  y cuya obra se otorgó directamente, sin licitación de por medio.

Sobre ésta última acusación, la fiscalía apeló ante la justicia federal el resolutivo de una sala del TSJ que determinó revocar el auto de vinculación a proceso dictado contra Izquierdo Medina, por considerar que no existieron indicios para imputarle el delito de ejercicio abusivo de funciones.  

 

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Viernes, 20 Diciembre 2019 05:17

Rechaza fiscalía incurrir en intimidación

Admite diligencia en sede del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) rechazó las acusaciones del presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (CPC-SEA), Roberto Coranguez Esquivel, sobre supuestos actos de intimidación y amenazas, y abrió una investigación por la polémica designación de Alejandro Chévez González como “secretario técnico interino” de la Secretaría Ejecutiva del SEA, porque esa figura no existe en la ley.

Luego de que el titular del CPC anunció la promoción de una denuncia contra el fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez, la FECC emitió un comunicado en el que refutó los señalamientos y argumentó que, con base en sus atribuciones legales, realizó algunas diligencias en las oficinas del CPC como parte de una investigación iniciada a raíz de la designación  ilegal de Chávez González.

“Por ello, el pasado miércoles se realizaron algunas diligencias en las oficinas del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, las cuales estuvieron apegadas a derecho y en ningún momento se violentó la ley.

“La Fiscalía Anticorrupción rechaza todas las acusaciones que se le atribuyen a su titular y a sus fiscales, ya que siempre ha actuado con apego irrestricto a la legalidad y con el compromiso de prevenir, detectar y sancionar los delitos de corrupción”, informó.

Recordó que la Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal, negó el registro como “secretario técnico interino” a Alejandro González, porque ese cargo no existe en ninguna norma.

Además, detalló, el Comité Coordinador del SEA, al que pertenece esta Fiscalía, se pronunció sobre la ilegalidad del nombramiento y ordenó una investigación para esclarecer esta situación, ya que el pasado 27 de noviembre se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” la designación y ese mismo día se emitió una “carta aclaratoria” en la que se dejó sin efecto el cuestionado nombramiento.

La fiscalía insistió en que la indagatoria iniciada es apegada a derecho y que no hubo ninguna irregularidad durante la diligencia realizada en las oficinas de CPC. “La Fiscalía Anticorrupción se rige por valores y principios de certeza, legalidad, ética, profesionalismo, transparencia, rendición de cuentas, confidencialidad, respeto y diligencia en el ejercicio del servicio, por lo que, en ningún momento ha realizado actos de intimidación o acciones fuera de la Ley en contra de nadie”, respondió a las acusaciones.

 

 

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A la exdiputada se le imputó el delito de peculado en agravio del Poder Legislativo.

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Lunes, 09 Diciembre 2019 04:58

Siguen “perdidos” 200 millones

Es la suma que Graco saqueó del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo.

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La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) formulará imputación contra una agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado que omitió poner a disposición de la autoridad judicial al juez del Tribunal Superior de Justicia Daniel Rodríguez Apac, acusado del homicidio culposo de Pedro Portilla Herrera, un trabajador del IMSS que fue arrollado el 16 de diciembre de 2017 por el juzgador, quien conducía un vehículo oficial en estado de ebriedad.

A través de un comunicado, la fiscalía especializada señaló que la audiencia se realizará el próximo viernes en las salas de juicio oral de la Ciudad Judicial de Atlacholoaya y se acusará a la agente del Ministerio Público  de presuntos delitos cometidos por servidores públicos.

“Dichas actuaciones forman parte de la carpeta de investigación FECC/198/2019-08, la cual se integró a partir de la denuncia iniciada por la esposa de la víctima. Lo anterior ha derivado en la judicialización del caso y la solicitud de formulación de imputación en contra de la agente del Ministerio Público que llevó la carpeta de investigación del homicidio culposo.
“Lo anterior, en razón de que la agente del Ministerio Público omitió poner a disposición al detenido, vulnerando la procuración de justicia a que  tiene derecho la menor hija del hoy occiso, víctima indirecta en el caso, y que a su vez presuntamente favorecieron al juez  investigado, Daniel ‘N’”, detalló la FECC.

Hace un par de días, la esposa de la víctima, Maykeler Viazcan López, denunció que el juez durante dos años recibió un trato privilegiado de las autoridades, al grado de que no ha sido imputado por el delito de homicidio culposo en agravio de su esposo.

Además, denunció que ella y su abogado han recibido amenazas para que “aborten el caso” y para que otorgue - en condiciones totalmente desventajosas- el perdón al funcionario judicial.

 

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El Congreso del estado desahogará rezago en agenda legislativa, sostiene el diputado.

El coordinador del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES) en el Congreso del estado, Marcos Zapotitla Becerro, adelantó que concretarán los nombramientos  del titular la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) y de un comisionado del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), antes de que concluya el año.
En entrevista, el legislador refirió que tras lograr la reforma que garantiza una nueva mayoría calificada de 13 diputados en el Congreso, hay condiciones para retomar todos los asuntos pendientes y terminar con la ingobernabilidad en el Congreso.
Explicó que se trata del nombramiento del titular de la ESAF, a un año de que Vicente Loredo Méndez presentara su renuncia.

De igual forma, recordó que desde junio pasado está pendiente el nombramiento de un comisionado del IMIPE.
El legislador sostuvo que pese a los señalamientos de un grupo de siete diputados sobre la presunta ilegalidad de la reforma al reglamento para el Congreso del estado, el legislativo actuó en base a la normatividad y con eso buscará desahogar el rezago.
Zapotitla Becerro habló también de la determinación del Pleno para modificar todas las comisiones que, aseguró, está legalmente sustentada, dijo que las legisladoras que fueron removidas han manifestado su inconformidad porque perderán sus prerrogativas.
Incluso, el diputado ventiló que la diputada Keila Figueroa Evaristo tendría que transparentar el ejercicio de los recursos que administró como coordinadora del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el primer año de la legislatura, ya que de las prerrogativas que goza una bancada nunca las distribuyó entre todos los integrantes.

 

 

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Martes, 19 Noviembre 2019 05:03

Feminicidas optan por proceso abreviado

Declararse culpables reduce significativamente su pena.

La titular de la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, Fabiola García Betanzos, afirmó que varios responsables de privar de la vida a mujeres han preferido acogerse al beneficio legal del procedimiento penal abreviado. 

Señaló que, pese a que el procedimiento implica un beneficio legal para quienes aceptan los hechos y delitos imputados, la condena promedio para los feminicidas confesos que optan por una sentencia menor prevista en el Código Penal (de 40 a 70 años) es en promedio de un cuarto de siglo. 

“Al momento de tomar un procedimiento abreviado, pues aceptan la responsabilidad legal de lo que han hecho y se obtiene una sentencia, que no es una sentencia baja, es de 26 años y seis meses lo que se les puede imponer, y finalmente una reparación del daño con la que tienen que cumplir”, explicó. 

No precisó el número de feminicidas que han elegido el juicio abreviado, pero recalcó que la ley establece que, quienes se acojan a este beneficio, podrán recibir hasta un tercio de la pena mínima en caso de tratarse de delitos dolosos y hasta una mitad de la mínima en el caso de delitos culposos.  

Insistió en que varios feminicidas se han amparado en este beneficio, “lo que es un reflejo de que las investigaciones están sólidas, porque en el momento en que ellos atienden a un procedimiento abreviado es porque saben que no tienen salida para una sentencia absolutoria”.

 

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Miércoles, 13 Noviembre 2019 05:10

Esposa de Navarrete Conde busca trato de favor

Fiscalía anticorrupción rechaza llegar a un acuerdo con Denya Flores Rendón, quien busca la suspensión condicional del proceso penal instaurado en su contra con el pago simbólico de una reparación del daño.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) rechazó llegar a un trato con la ex directora de Recursos Humanos del Congreso local y ex candidata a la alcaldía de Tepoztlán, Denya Flores Rendón, quién a través de su defensa legal propuso la suspensión condicional del proceso penal instaurado en su contra con el pago simbólico de una reparación del daño.

De acuerdo con la información difundida por la fiscalía, un juez de control negó la solicitud de suspensión condicional del proceso que pretendía obtener la imputada por el presunto delito de fraude procesal.

A través de su abogado, la ex funcionaria propuso reparar el daño con el pago de 48 mil pesos diferido a varios meses, cuando hasta el momento ha cobrado 293 mil 592 pesos.

La propuesta fue rechazada tanto por el agente del Ministerio Público adscrito a la FECC, como por la asesora del Congreso de Morelos.

“Ante los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción, respecto a que la reparación del daño que planteaba la defensa no cubría ni en un 15 por ciento lo que hasta el momento Denya “N” ha recibido con su pensión obtenida de manera ilegal, el juez determinó que debe continuar el proceso en contra de la imputada”, recalcó la FECC y sostuvo que la imputada pretendía obtener un beneficio legal, pero en ningún momento su defensa indicó la posibilidad de que la imputada renunciara a la pensión por la que recibe 17 mil 270 pesos mensuales.

De acuerdo con el decreto 5619, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 8 de agosto de 2018, la anterior legislatura concedió a Flores Rendón, esposa del exalcalde de Tepoztlán y exdiputado perredista Francisco Navarrete Conde, una pensión por jubilación al 65 por ciento de su último salario como directora de Recursos Humanos del Congreso local, por haber laborado por 23 años como trabajadora al servicio del Estado.

Pero en una revisión de 70 decretos de “pensiones doradas”, la actual legislatura detectó irregularidades graves en la mayoría de los casos y abrogó un primer bloque de 24 decretos pensionarios.

Uno de los decretos abrogados fue el de Denya Flores y, según la investigación realizada por los actuales diputados, no sólo el expediente de la exfuncionaria estaba viciado de origen, sino que se detectó la integración de documentación dudosa y no se acreditó que efectivamente hubiese laborado al servicio del estado los años requeridos para obtener la pensión concedida por la anterior legislatura.

 

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