Denya Flores Rendón es señalada por los presuntos delitos de uso de documento falso, abuso de autoridad y fraude procesal.

Publicado en Sociedad

Piden que dé agilidad al trámite, que llega a durar hasta seis meses.

Jojutla.- La Fiscalía Regional Sur-Poniente impone mucha burocracia para la recuperación de bienes inmuebles o vehículos de quienes se han visto involucrados en un delito, aseguró el abogado Juan Carlos Franco Serrano.

En conferencia de prensa, el especialista consideró que no solamente con sus clientes, sino en el caso de sus colegas, la fiscalía pone trabas para recuperar bienes que nada tienen que ver con los probables delitos que se han cometido.

Señaló que la ley marca que una vez que se ha demostrado la propiedad de un bien, las autoridades lo deben entregar de inmediato; pero en el caso de la Fiscalía Regional Sur-Poniente, el trámite se hace bastante tedioso, que puede durar hasta seis meses para que devuelvan un vehículo o una propiedad.

Más aún, franco Serrano aseguró que es tanto el tiempo que tardan en entregarlo, que en el caso de los vehículos, a veces el costo del corralón casi alcanza el costo de la unidad en cuestión, por lo que muchos dejan perder su automóvil, motocicleta o camión.

Citó los casos de una motocicleta y de una vivienda que fue objeto de cateo; en el primer caso, la propietaria está pagando el vehículo y la unidad está detenida en un corralón innecesariamente, pues ya se acreditó la propiedad, pero sigue generando más cobro de corralón. Mientras que en el caso de la casa, que fue objeto de un cateo, también se acreditó la propiedad, pero a seis meses no la han liberado y los propietarios tienen que pagar renta.

“No están tomando en cuenta, tanto el director como el fiscal, que están generando un costo en el corralón, pues los corralones no perdonan ningún día”, refirió.

Señaló que al parecer, quieren castigar a la persona que está relacionada con el delito, pero una cosa es la falta que se haya cometido y otra la propiedad de las cosas.

“La ley marca que se puede hacer la devolución una vez acreditando la propiedad”, recordó.

El litigante agregó que también “resulta curioso” que en el caso de vehículos relacionados con delitos, todos, de cualquier municipio, van a parar al corralón de grúas “Zamudio” de Tlaltizapán.

 

Publicado en Zona Sur

Hay más implicados en el caso del homicidio de líderes sindicales.

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Uriel Carmona Gándara, prometió que en tres años revertirá la percepción que la ciudadanía tiene de la institución y el rezago acumulado en carpetas de investigación. Además, informó que hay más implicados en el caso de los homicidios de los líderes sindicales Jesús García Rodríguez y Roberto Castrejón Calderón, perpetrados el pasado 8 de mayo.

Luego de la presentación de la nueva Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, señaló que el gobierno de Morelos anunció que está por entregar las nuevas instalaciones, ubicadas en el municipio de Temixco, y poco a poco se han logrado mejoras.

Afirmó que su proyecto prevé como meta en un plazo de tres años cambiar la percepción ciudadana respecto al desempeño de la fiscalía.

“No es fácil mejorar de un día para otro. Este es un proyecto de nueve años y esperamos que por ahí del tercer año ya sea tangible y la percepción social se haya modificado, pero ese es un esfuerzo que estamos haciendo día con día los que trabajamos en la fiscalía”.

Afirmó que no habrá resultados mágicos, pero existe motivación, el compromiso y la obligación institucional, tanto del fiscal como del personal, para mejorar la atención a los ciudadanos y terminar con el rezago histórico que, si bien no se desaparecerá de un plumazo, se hará lo posible para que así sea.

Expresó que se lograron mejoras salariales a los trabajadores. “Hay quien está ganando prácticamente el triple. Ese es un gran aliciente para el personal de la fiscalía, dignifica nuestra labor. Y, bueno, ahora que el gobierno está por entregarnos la nueva instalación, eso hará que la fiscalía crezca, que haya un gran sentido de identidad en el personal y eso es traducible en beneficio social”.

Agregó que el edificio que actualmente ocupa la FGE será convertido en el Instituto de Procuración de Justicia e instalaciones deportivas, para mejorar el rendimiento del personal.

 

Otros copartícipes de homicidio de líderes sindicales

Respecto a los avances de la investigación de los homicidios de los líderes sindicales de la CTM, Roberto Castrejón Calderón y Jesús García Rodríguez, el fiscal estatal informó que no fueron dos, sino cinco los sujetos que asistieron al autor material del crimen.

“¿Se acuerdan que yo había manifestado que cuando menos dos? ahorita tenemos identificada la probable participación de cuando menos cinco personas que estuvieron actuando en el zócalo”, señaló.

Indicó que en el análisis videográfico de los hechos, se ubicó que estos sujetos habrían facilitado la logística a Maximiliano “N”, el joven de 22 años que perpetró el tiroteo y, hasta ahora, el único detenido.

Indicó que la fiscalía investiga la identidad de los sujetos para poder solicitar ante un juez las órdenes de aprehensión.

Recalcó que todo indica que el único imputado no actuó solo, sin embargo, todavía la FGE no tiene acreditado que el autor material haya recibido una cantidad de dinero para cometer el asesinato, ni tampoco queda claro cuál fue el móvil, pero no ha sido descartada ninguna línea de investigación. 

 

 

Publicado en Política

El magistrado del TSJ dice no conocer el contenido de la denuncia en su contra por las declaraciones sobre presuntos nexos de funcionarios judiciales con delincuencia organizada.

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carlos Iván Arenas Ángeles, afirmó que no tiene ningún inconveniente en comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR), aunque tomó con reservas el hecho de que “se pretenda judicializar una expresión”.

Luego de que por medio un comunicado la presidencia del TSJ anunció el inicio de una denuncia ante la dependencia federal por las declaraciones de Arenas Ángeles, sobre que algunos funcionarios judiciales estarían relacionados con actos de corrupción y vinculados al crimen organizado, el magistrado señaló que es una obligación legal que cumplirá si es llamado a comparecer ante el agente del Ministerio Público Federal.

Celebró que su voz haya sido escuchada en el TSJ, porque constantemente ha solicitado que se ponga atención a la lamentable corrupción e infiltración del crimen en las instituciones de administración de justicia.

Recordó que a la par de sus declaraciones, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, también planteó públicamente su preocupación por los nexos de algunos jueces y funcionarios judiciales con delincuencia organizada.

Dijo estar tranquilo y dispuesto a colaborar con las autoridades, sin embargo, expresó sus reservas por desconocer el contenido de la denuncia, por lo que en su momento analizará si se trata de un tema jurídico o una reacción adversa a una opinión.

“Veremos qué se denuncia y qué tratamiento tiene, pues el simple comunicado deja muchas dudas e incertidumbre. Ya veremos si se trata de judicializar una expresión o qué propósito tiene la denuncia”, dijo, al señalar que esta acción de la representación del TSJ ocurre en un contexto de crisis interna, de severos cuestionamientos por la integración de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, y la designación de jueces “interinos” sin evaluación o concurso de oposición, siendo que los beneficiarios de esas plazas son de gente allegada a la magistrada presidenta Carmen Cuevas López.

 

   

Publicado en Sociedad

Habrá una por el desvío de más de mil 800 millones de pesos que son parte del crédito que fue autorizado al exgobernador.

El asesor anticorrupción de la gubernatura, Gerardo Becerra Chávez de Ita, dio a conocer que en breve presentará una denuncia más por presunto desvío de recursos por más de mil 800 millones de pesos que son parte del crédito que fue autorizado al exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu.

Este miércoles, el funcionario estatal acudió a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en representación del gobierno del estado, a presentar dos denuncias por la posible comisión de delitos.  

La primera se refiere a la contratación del cantante Marco Antonio Solís "El Buki", por cuya presentación en el estadio Coruco Díaz, de Zacatepec, se reportó un pago por más de 22 millones de pesos. No obstante, que habitualmente el artista cobra ente cuatro y seis millones de pesos por una presentación de este tipo.

En lo que se refiere al área de Salud, Becerra Chávez expuso que desde el pasado 8 de mayo se presentó una denuncia por presunto desvío de recursos en dicha área, relacionada con un fondo de ahorro de trabajadores, y este miércoles se entregó otra relativa a documentación presuntamente falsa entregada por un ex servidor público de los Servicios de Salud que fungía como comisario en ese organismo.

También adelantó que iniciarán más denuncias derivadas de las auditorías a los créditos por dos mil 806 millones de pesos autorizados al gobierno de Graco Ramírez, que indican un posible quebranto de más de mil 806 millones de pesos.

 

 

Publicado en Política
Miércoles, 29 Mayo 2019 05:16

Combate Vera Jiménez fallo judicial adverso

Defensa del exrector promueve amparo contra resolución de Tercera Sala del TSJ que permite a la Fiscalía Anticorrupción reformularle imputación.

Publicado en Sociedad

El jueves, agentes de la policía detuvieron en la unidad académica a un estudiante acusado de asesinar a una muchacha.

Publicado en Sociedad

El juez consideró que la Fiscalía Anticorrupción no comprobó el delito de peculado en contra del exalcalde de Cuautla y que sólo se basó en el resultado de una auditoría.

Cuautla.- Luego de verificar y atender puntualmente el proceso que se llevaba a cabo en contra del ex presidente municipal de este lugar Luis Felipe Xavier Güemes Ríos, por el delito de peculado por poco más de siete millones de pesos, la mañana del martes, el juez que llevaba dicho proceso determinó durante audiencia la no vinculación a proceso del exedil al considerar que la Fiscalía Anticorrupción no pudo comprobar el delito antes mencionado, toda vez que no realizó una investigación del caso y sólo se basó en el resultado de una auditoría.

En la audiencia de anteayer, los representantes de la Fiscalía Anticorrupción presentaron sus argumentos bajo la causa penal JC/845/2017 por el delito de peculado por el ejercicio fiscal 2011, solicitando al juez la vinculación a proceso del exalcalde por el delito de peculado por poco más de siete millones de pesos.

Tras lo anterior, el juez David Ricardo Ponce argumentó que no había delito que perseguir, toda vez que los argumentos presentados por la fiscalía no cumplía con los elementos necesarios para realizar dicha solicitud.

Asimismo, el juez precisó que la decisión fue tomada luego de señalar que la fiscalía no cumplió con la realización de una investigación y solamente presentó como evidencia la auditoría que realizó la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del estado de Morelos, siendo la única prueba en contra de Güemes Ríos.

Ante la falta de más argumentos, el juez señaló al exedil que no había delito que perseguir en su contra, por lo que de manera inmediata se determinó el auto de no vinculación a proceso y se levantaron las medidas cautelares que se habían impuesto al exfuncionario municipal.

 

Publicado en Cuautla

Otra vez, fracasa la Fiscalía Anticorrupción al no demostrar el delito por el que fue acusado el exalcalde de Cuautla.

Cuautla.- En audiencia celebrada la mañana del martes en la Ciudad Judicial de Cuautla, el juez no encontró elementos para vincular a proceso al ex presidente municipal de este municipio Luis Felipe Güemes Ríos, por el delito de peculado por la cantidad de siete millones 900 mil pesos.

El juzgador señaló que la Fiscalía Anticorrupción –que encabeza Juan Salazar Núñez– no aportó pruebas para demostrar cómo se cometió el delito; sin embargo, el proceso continuará por los exfuncionarios señalados en el proceso, quienes tendrán que comparecer.

En la causa penal 845/2017, en la que se relaciona a Luis Felipe Güemes Ríos, sólo se aportaron los resultados de la investigación realizada por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) del estado de Morelos, que presidía José Vicente Loredo Méndez, del periodo fiscal de 2011, en el que señala un presunto desvío de recursos federales del Ramo 33, fondos 3 y 4, que corresponden al Fortamun y de aportaciones a la infraestructura.

A dichos elementos, la Fiscalía Anticorrupción no incorporó las evidencias de cómo se llevó a cabo el presunto delito de peculado por el que acudió al notario público; sin embargo, dicha fiscalía, a través de Édgar Rodolfo Núñez, manifestó que apelará el resolutivo del juez Ricardo David Ponce González, quien exigió mayor rigurosidad en la investigación.

Ante la inexistencia de elementos de prueba para configurar algún tipo penal, concluyó que no se configura ninguna conducta ilícita o antijurídica. Por lo que resolvió no vincularlo a proceso ni aplicarle la fianza de 500 mil pesos que se exigía.

 

Publicado en Cuautla

Vecinos de Amilcingo exigen que se esclarezca el crimen.

Un grupo de habitantes de la comunidad de Amilcingo, del municipio de Temoac, e integrantes de la Asamblea Permanente de Pueblos de Morelos (APPM) bloqueó el acceso principal de la Fiscalía General del Estado y el paso de vehículos sobre la avenida Emiliano Zapata para exigir el esclarecimiento del asesinato del comunicador y opositor a la termoeléctrica, Samir Flores Soberanes.

Los manifestantes realizaron pintas, pegaron carteles en la barda perimetral de la fiscalía e impidieron la salida de vehículos oficiales. “¡Queremos al fiscal, queremos al fiscal!”, fue una de las consignas de los inconformes, quienes exigían ver a titular de la FGE, Uriel Carmona Gándara, ante la falta de avances en el caso Samir, a tres meses de su asesinato.

En la lectura de un comunicado, los habitantes de la comunidad reprocharon a la fiscalía su desdén hacia el caso Samir, pues mientras los responsables del crimen del luchador social permanecen impunes, en otros casos, como en el ataque ocurrido el 23 de abril en el restaurante Los Estanques, en el municipio de Cuautla, el asesinato de dos líderes sindicales en el zócalo de Cuernavaca y el secuestro y homicidio de Humberto Adame, hermano del exgobernador y diputado federal panista, toda la institución se movilizó para reunir evidencias, avanzar en las investigaciones y detener a implicados.

“Nosotros no cuestionamos ¿cómo es que en estos casos avanzan tan rápidamente las investigaciones, mientras que con las investigaciones de nuestro hermano Samir Flores no hay avance alguno? ¿Qué es lo que obstaculiza la investigación? ¿Hacia dónde se quiere desviar la atención, cuando el señor Hugo Erick se jacta de decir que el asesinato de nuestro hermano Samir Flores tiene que ver con el crimen organizado? ¿A quiénes protege? ¿Por qué la fiscalía general se niega atraer el caso?”, cuestionaron.

De acuerdo con la versión oficial, a las 5:45 de la mañana del 20 de febrero, alguien tocó a la puerta de la casa de Samir Flores, donde vivía con su pareja y sus padres, en la comunidad de Amilcingo, en el municipio de Temoac.

Atendió su madre, quien detrás de la puerta escuchó la voz de un hombre, quien pedía ver a Samir para pedirle un anuncio en la radio comunitaria donde laboraba.

Sin mayor sospecha, Samir salió a atender, saludó al hombre y caminó por el exterior de la casa. La pareja de Samir y su padre permanecieron en el interior, pero su tranquilidad fue allanada cuando escucharon disparos y salieron para encontrar a Samir en el suelo, con dos disparos en el rostro. Con la intención de salvarlo, el activista fue trasladado al hospital comunitario de Jonacatepec pero pereció.

La FGE abrió seis líneas de investigación. La primera, relacionada con una posible represalia del grupo criminal denominado Comando Tlahuica. La segunda, vinculada con alguien del gobierno por la oposición de Samir al proyecto de la termoeléctrica. La tercera, vinculada a un grupo ciudadano a favor de la termoeléctrica. La cuarta, relacionada con la labor que Samir desempeñaba como comunicador de la radio comunitaria Amiltzinko. La quinta, un conflicto laboral con el Ayuntamiento de Temoac. Y, la sexta, la existencia de un conflicto por el cierre de un centro escolar en el municipio.

Sin embargo, a tres meses del crimen no hay ningún detenido como presunto responsable material o intelectual del asesinato de Samir, quien era apreciado en la zona y conocido por su aposición al Proyecto Integral Morelos (PIM).

 

 

Publicado en Sociedad
Página 1 de 3
logo
© 2018 La Unión de Morelos. Todos Los Derechos Reservados.