El 29 de diciembre de 2010, fue publicado en el periódico oficial “Tierra y Libertad” el decreto 884 por el cual el Poder Legislativo aprobó adiciones a los artículos 176, 189 y 220 bis del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Morelos para tipificar y sancionar como delitos el robo, producción, impresión, enajenación, distribución, alteración y falsificación de vales de papel o cualquier dispositivo electrónico en forma de tarjeta plástica, emitidos por personas morales y que son utilizados por los trabajadores para canjear bienes y servicios.
A quien o quienes incurran en este delito se les impondrán de cuatro a nueve años de prisión y multa de mil a cinco mil días de salario (es decir, de 56 mil 700 a 283 mil 500 pesos). El decreto entrará en vigor a los 20 días siguientes de su publicación en el periódico oficial del estado, es decir, a partir del 18 de enero con la finalidad de que Ministerios Públicos y jueces, así como los litigantes conozcan estas reformas con tiempo suficiente para su correcta aplicación.
La adición a la legislación penal, impulsada por el diputado Javier Mújica Díaz, fue motivada por el aumento de robos y falsificaciones de vales en papel y tarjeta plástica, así como las lagunas jurídicas que impedían la persecución de este delito.
Según se explica en el decreto publicado en el órgano oficial de difusión, si bien el Código Penal del estado contiene diversas disposiciones que contemplan los delitos de falsificación, fraude y robo, ninguna se adecuaba a las características ni la naturaleza de los “vales de papel”, por lo que al momento de que los Ministerios Públicos conocían de un delito relacionado con “vales”, no podían integrar la averiguación previa o carpeta de investigación adecuadamente por carecer de elementos jurídicos claros y precisos, quedando el asunto a su libre albedrío, lo que ha provocado alto grado de impunidad en estos casos.
En este sentido, el Poder Legislativo consideró que la impunidad ha impactado en la calidad de vida y el poder adquisitivo de los trabajadores, en virtud de que el vale en papel u otros dispositivos es el medio más frecuente utilizado por las empresas y dependencias para otorgar a sus empleados la ayuda de despensa, como una de las más importantes prestaciones de previsión social y que representa un ingreso exento para los mismos en los términos del artículo 109 fracción VI de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
En los últimos dos años, dice el documento, se documentaron 25 casos de robo de vales; sin embargo, no fue posible cuantificar la pérdida que padecieron los trabajadores por parte de bandas organizadas que los esperan en los alrededores de las empresas y los siguen hasta atracarlos, ya que no presentaron la denuncia correspondiente por temor a represalias.
En cuanto a las falsificaciones de vales, se explicó que es una práctica ilegal cada vez más frecuente por parte de bandas organizadas que obtienen grandes beneficios, a pesar de que las empresas emisoras invierten importantes recursos económicos en el desarrollo e implementación de medidas de seguridad como tintas especiales, papel seguridad, grabados, troquelados, entre otros. Tan sólo en 2009 las pérdidas por estos ilícitos superaron 15 millones de pesos.
Se estima que en México más de 5 millones de trabajadores reciben vales como prestación laboral y de ella se benefician alrededor de 20 millones de personas.
En Morelos, se calcula que más de 75 mil familias obtienen bienes y servicios a través de vales, y están en riesgo de ser víctimas de la delincuencia.
En promedio, cada trabajador recibe en vales 650 pesos mensuales y el 90% son canjeados por alimentos de la canasta básica. El 85% de los vales de despensa en papel o dispositivos electrónicos en tarjeta son canjeados por amas de casa.
Los estados de Nuevo León, Distrito Federal, Jalisco y recientemente Chihuahua ya tipificaron el delito de robo y falsificación de vales, mientras que Coahuila, Estado de México, Guanajuato y Querétaro han presentado iniciativas similares que se encuentran en proceso de análisis y dictamen en sus respectivos Congresos.