Fue revocada la resolución que absolvió y ordenó su liberación tras siete años en prisión 

La Comisión Estatal de Seguridad mantendrá congelado el pago de “salarios caídos” a los diez policías estatales implicados en el presunto atentado contra el exprocurador de justicia, Rodrigo Dorantes Salgado, luego de que hace una semana fue revocada la resolución que absolvió y ordenó su liberación tras siete años en prisión.

El titular de la CES, José Antonio Ortiz Guarneros, expresó que los elementos habían sido reincorporados a la filas de la Policía estatal luego de que en octubre de 2020 un tribunal oral de primera instancia los declaró inocentes de los delitos de homicidio en contra de tres escoltas y tentativa de homicidio en contra de Dorantes Salgado y otros tres escoltas.

En virtud de que hace unos días la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia revocó la resolución y condenó a 16 años ocho meses de prisión a los diez policías, señaló que, por el momento, no se pagarán los “salarios caídos” que habían reclamado los elementos.

“En lo que a nosotros compete tenían derecho a esos haberes, toda vez que habían salido ya de prisión y se presumían inocentes, pero con esta revocación ese pago va a estar pendiente ahorita hasta que se vuelva a definir su situación jurídica”, dijo el responsable de la seguridad pública estatal.

Agregó que en colaboración institucional, entregó a la Fiscalía General del Estado la información sobre los policías implicados en el caso y sus áreas de adscripción, para que procediera conforme a derecho para su reaprehensión, en cumplimiento de la sentencia en segunda instancia.

La noche del 7 de febrero de 2013, en la avenida 10 de abril de la colonia Granjas de Cuernavaca, ocurrió un enfrentamiento entre policías estatales y escoltas del entonces procurador Rodrigo Dorantes Salgado, que culminó con un saldo de tres escoltas abatidos y uno herido.

Por los hechos fueron detenidos y acusados de homicidio y tentativa de homicidio diez policías estatales, quienes, durante los siete años que permanecieron en prisión preventiva sostuvieron en su defensa que el enfrentamiento fue consecuencia de la orden de C-4 de detener y verificar quienes eran los tripulantes del convoy que parecía sospechoso.

Los escoltas rechazaron parar y gritaron por la ventanilla de uno de los vehículos que eran agentes ministeriales, sin embargo, el C4 insistió en verificar la identidad de estos ante la posibilidad de que portaran identificaciones falsas. Entonces sobrevino el enfrentamiento.  

Sin embargo, la otrora procuraduría  -ahora Fiscalía General del Estado- mantuvo la versión de que los agentes estatales intentaron privar de la vida al fiscal estatal.

Luego de que en octubre de 2020 un tribunal  oral exoneró a los diez policías, la FGE y la esposa de uno de los escoltas abatidos promovieron una casación, que fue resuelta por la Primera Sala del TSJ.

En la sentencia de segunda instancia se estableció que sí hubo la comisión del delito y estableció una autoría indeterminada en el homicidio de tres agentes ministeriales que formaban parte del convoy que custodiaba al exprocurador, y la tentativa de homicidio en contra de tres agentes más y el ex funcionario, razón por la que se revocó el auto de libertad y ordenó el retorno a prisión de los elementos para cumplir una condena de más de 16 años. Esta segunda resolución puede aún ser combatida a través de un juicio amparo.